La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió investigar a 42 funcionarios del estado de Morelos que ordenaron, autorizaron y participaron en la inhumación irregular de 119 cadáveres en las fosas de Tetelcingo, en Cuautla, Morelos.
“Se tiene que investigar quiénes son y por eso se hace muy enfático el señalamiento de investigar a todos aquellos servidores públicos que hayan participado en todo el proceso de inhumación de cadáveres y restos humanos. A todos, no podemos descartar ninguna hipótesis”, expuso.
Guadarrama López pidió al fiscal general del estado de Morelos que ofrezca una disculpa pública a las víctimas y a sus familiares por las violaciones a sus derechos.
Al gobernador Graco Ramírez Garrido se le solicitó la reparación integral del daño así como una compensación o indemnización a los familiares de cuatro víctimas.
María y Amalia Hernández, madre y tía de Oliver, externaron que no aceptarán la disculpa del fiscal Javier Pérez Durón y esperan que quien se disculpe de manera pública sea el gobernador Graco Ramírez.
Punta de lanza. El caso de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, secuestrado y asesinado en 2013, fue el que destapó que la Fiscalía de Morelos utilizó dos fosas para inhumar cuerpos sin respetar los protocolos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó al gobernador que en un plazo de seis meses, en coordinación con las autoridades municipales, se recabe toda la información de los terrenos en los que se advierta que han sido utilizados como panteones de manera irregular.
En el evento se encontraba Roberto Villanueva, del programa de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que ha acompañado a las familias en la identificación de los cuerpos: “La CNDH a partir de la recomendación pide que se investigue a 42 funcionarios y funcionarias públicos de Morelos, lo que da una idea de que no fueron una o dos personas, sino todo un sistema de la Fiscalía del estado de Morelos que permitió que 119 cuerpos y fragmentos fueron tratados como basura”.
El visitador indicó que en la diligencia de exhumación del 24 de mayo al 3 de junio de 2016 hubo irregularidades que afectan directamente a la indagatoria de los delitos, que al revisar las 99 carpetas de investigación que inició la fiscalía se detectaron anomalías y deficiencias en su integración, además que no se profundizó sobre las circunstancias en las que se registraron 44 muertes violentas.
Otras de las anomalías fue que en 15 cadáveres no hay registro de la necropsia de ley, sólo se logró reconocer y dar un nombre a 21 cuerpos y 98 están pendientes de identificación, “lo que se complicará por el indebido manejo de los cuerpos y la falta de condiciones adecuadas durante su inhumación y posterior exhumación”.
A la Fiscalía General del Estado de Morelos también se le pidió que inscriba a los familiares directos de los cuatro cadáveres identificados para que tengan acceso al fondo destinado a la reparación del daño y colabore con la CNDH en la presentación de la queja y denuncia que presentarán.