AHORA QUE, por fin, comienza a correrse el velo sobre la sangrienta verdad de la masacre de 2011 en Allende, Coahuila, la duda es dónde estuvo todo este tiempo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
DURANTE tres años ni se movió. En 2014, su entonces titular Raúl Plascencia aseguró que ya estaban investigando... pero lo cierto es que nunca entregó conclusión alguna, mucho menos una recomendación o una condena.
MÁS DE UNO se pregunta ahora si ese mutismo de la CNDH tendrá algo que ver con los contratos de consultoría que el propio Plascencia obtuvo del gobierno coahuilense, tras dejar el cargo. No, pero esas cosas no pasan en México. ¿O sí?
UNA DE las candidaturas que pronto tendrá que definir el PAN es la de Nayarit, cuya gubernatura se renueva el próximo año.
DE TODOS los apuntados, la pelea se centra en dos: un alcalde y un junior de la política. El primero es Leopoldo Domínguez, presidente municipal de Tepic; y el segundo es el empresario Antonio Echevarría García.
PARA más señas, "Toñito" es el heredero de una familia que ha hecho de los negocios y el poder la misma cosa, pues es hijo del ex gobernador refresquero Antonio Echevarría Domínguez y de la senadora panista Martha Elena García, que también quiso heredar la gubernatura de su marido, pero no pudo.
EN CUALQUIER parte del mundo resultaría no sólo escandaloso, sino motivo de acción penal, el hecho de que el titular del Poder Judicial incurriera en tráfico de influencias para liberar a unos ladrones. Pero en Jalisco las cosas son distintas.
Y ES QUE la intercesión del presidente del Supremo Tribunal de Justicia jalisciense, Luis Carlos Vega Pámanes, en favor de unos rateros, es sólo la más reciente de las muchas cuentas de su rosario de irregularidades.
AL MAGISTRADO se le señala, entre otras cosas, de haber beneficiado a familiares y amigos con cargos judiciales, en algunos casos sin que siquiera cumplieran con los requisitos. También de haber otorgado millonarios contratos de manera discrecional a prestadores de servicios que operan en la Ciudad Judicial.
CLARO, no faltará quien diga que en todo esto hay un interés político, pues la acusación contra Vega Pámanes viene de un gobierno opositor, el de Enrique Alfaro en Guadalajara. Y a lo mejor tienen razón, pero eso no borra el cúmulo de acusaciones que arrastra el magistrado y que hacen creíble la más reciente.