La PGR se declaró incompetente para abordar el caso por no ser un funcionario federal y lo regresó el 4 de octubre a Jalisco.
El Fiscal estatal, Eduardo Almaguer, confirmó que el área de Visitaduría –encargada de indagatorias contra servidores públicos– maneja el asunto bajo la carpeta de investigación 44368/2016.
REFORMA reveló ayer la llamada que Vega Pámanes hizo al titular de Seguridad de Guadalajara, Salvador Caro, para interceder por dos detenidos con armas, por lo que fue denunciado ante la PGR el 3 de octubre.
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el panista Fernando Yunes, exigió al Magistrado presentar su renuncia al cargo, y, de no ser así, el Congreso de Jalisco tendría que iniciarle un proceso de juicio político para que deje el puesto.
“Es muy importante que el Consejo de la Judicatura de Jalisco actúe de inmediato frente a las pruebas, claras y contundentes”, señaló.
El coordinador del PRD en la Cámara alta, Miguel Barbosa, también pidió la renuncia de Vega Pámanes y demandó la intervención del Congreso jalisciense.
“Es terrible. Me pronuncio para la remoción de ese señor. Ahí no puede haber ninguna debilidad, ninguna concesión. Creo que el Congreso del Estado tendrá que hacer lo propio para el relevo del cargo”, exigió.
El coordinador del PRI, Emilio Gamboa, pidió aplicar la ley contra el Magistrado sin importar su cargo.
El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, anunció que solicitarán el desafuero de Vega Pámanes.
“Es un ejemplo del tipo de corrupción que se ha apropiado del Poder Judicial de Jalisco, y nosotros vamos a iniciar la solicitud de juicio de procedencia contra el Magistrado porque hay una presunta comisión de delitos graves”, indicó.
El secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el priista Ricardo Ramírez, dijo que la actuación del funcionario podría ser catalogada como tráfico de influencias, ejercicio indebido de la función pública o evasión de detenidos.
La presidenta del PRD, Alejandra Barrales, indicó que no puede seguir en el cargo quien viola la ley y cuyo deber es impartir justicia.