* CONGRESO: TRAICIONES
Es absurdo pensar que apenas 42 días después de iniciado el segundo año legislativo, y tras el esfuerzo desplegado para que sus compañeros apoyaran su permanencia en el cargo, Francisco Moreno Merino de pronto decidió por sí mismo renunciar a la Presidencia del Congreso local. No necesitamos ser doctos en el análisis político para interpretar lo ocurrido, ello a partir de la traición perpetrada en contra de Moreno Merino por Julio Espín Navarrete, presidente de la Junta Política y de Gobierno, quien aprovechó la ausencia del ahora ex presidente de la Mesa Directiva (por razones de salud) para tejer una serie de complicidades y asestarle la puñalada trapera. Vaya usted a saber qué prometió el ixtleco a determinados legisladores, verbigracia Mario Chávez Ortega, a quien ofreció proyectarlo como relevo de Moreno Merino. Al final del día, el hilo se rompió por lo más delgado. Espín Navarrete quedó como el más grande traidor dentro del Poder Legislativo… hasta ahora. Traicionó a quien lo respaldo de muchas formas al interior de ese cuerpo colegiado. Empero, la pregunta es si tal decisión resolverá el conflicto de la Cámara de Diputados o hay más de éstos que tienen responsabilidad en la problemática.
Con la nueva Presidenta del Congreso, propios y extraños observan la oportunidad de oxigenar a una institución en crisis como producto de la insuficiencia de recursos económicos. Pero la verdad es que, con todo y el estreno en el liderazgo de la priísta Beatriz Vicera Alatriste, los problemas en el Legislativo no se resolverán como por arte de magia. Si no había dinero hasta el miércoles para cubrir todos los compromisos con proveedores, prestadores de servicios y aún el personal, difícilmente lo habrá sólo por sustituir al titular de la Mesa Directiva. La amenaza del despido de personal sigue en pie y a ella se ha sumado la posibilidad de incluir a personajes de alto perfil. Es importante recordar que Julio Espín y la señora Beatriz tienen magnífica relación con Maricela Sánchez Cortés y Guillermo del Valle, pareja que ya se perfila rumbo a la contienda electoral de 2018.
Entre quienes esperan un viraje en la conducción del Congreso están los integrantes de los sindicatos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, quienes junto con jubilados y pensionados mantienen un plantón en el acceso principal del Palacio Legislativo desde mediados de julio. La demanda de los trabajadores es derogar las recientes reformas a la Ley del Instituto de Crédito, lo cual debe hacerse porque les respalda una resolución de la justicia federal, según ha dicho el dirigente de los sindicalizados del Legislativo, Jesús Román Salgado. Una de quienes confían en un mejor trato a su movimiento por parte de Beatriz Alatriste es Ana Lilia Ocampo Castrejón, dirigente de los trabajadores en retiro. Veremos si entre mujeres se entienden.
Pueblo chico, infierno grande. Así es la cotidianeidad en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde todo se sabe. Por ejemplo, para nadie es un secreto la existencia de una “nómina secreta” cuyo nombre técnico, según el rector Alejandro Vera Jiménez, es “compensaciones”. Será el sereno, pero conforme trascienden las altas percepciones de quienes son allegados de Vera en la Rectoría, propios y extraños comprendemos el reiterado rechazo de la pandilla para transparentar toda la nómina, según lo mandató un juez federal hace meses al sobreseer un amparo promovido por la UAEM contra la Ley de Información Pública de Morelos. La institución todavía se encuentra en desacato.
Al conocerse este miércoles el depósito de 50 millones de pesos a las arcas universitarias, destinados a sufragar las catorcenas de trabajadores administrativos y académicos, mismos que fueron conseguidos bajo gestiones del gobierno estatal ante la Secretaría de Educación Pública (en total fueron 100 millones como anticipo de subsidios federales a la UAEM), también se difundió parte de la “nómina secreta”, donde aparecen los sobresueldos brutos y netos para los siguientes niveles: rector, secretarios, coordinadores generales, directores generales, directores de área, coordinadores de área, jefes de departamento y asistentes técnicos de la UAEM.
La información corrobora el despilfarro a través de ofensivas remuneraciones catorcenales y erogaciones insertadas en el rubro de “compensaciones” (“nómina secreta”). En ese orden de ideas, el rector percibe cada catorcena una remuneración de 49 mil 631 pesos 13 centavos, y la compensación de 45 mil pesos en igual lapso. Total: 94 mil 631.13 pesos cada 14 días y 189 mil 262 pesos 26 centavos mensualmente. Ese nivel de ingreso no lo tiene ni el Presidente Obama (como diría AMLO). Por su parte, Javier Sicilia Zardaín, secretario de Comunicación de la UAEM y sedicente vocero del Frente Amplio Morelense (FAM) que mantiene un plantón en la Plaza de Armas de Cuernavaca, recibe una remuneración catorcenal de 42 mil 99 pesos 70 centavos, más la compensación de 40 mil pesos en el mismo lapso. Total: 80 mil 99 pesos 79 centavos cada 14 días y mensualmente la nada despreciable cifra de 164 mil 199 pesos 40 centavos. La pura vida, mientras la Universidad enfrenta el mayor quebranto financiero de su historia, de lo cual la pandilla del rector culpa al gobernador Graco Ramírez.
Los recursos que mes a mes reciben Vera Jiménez y Sicilia son un poco más altos que los asignados a otros personajes de sobra conocidos en la UAEM como parte del personal de confianza adscrito a la Rectoría, con lo cual se confirman informes difundidos hace algunas semanas por el gobierno de Morelos en el sentido de que los sueldos de primer nivel (personal de confianza y directivos) absorbe el 84 por ciento del presupuesto universitario en cuanto a sueldos altos, mientras al personal administrativo se destina el 30 por ciento, 35 por ciento a jubilados y 40 por ciento a maestros, pero en sueldos bajos. Asimismo, deben sumarse los gastos de directivos y demás erogaciones discrecionales radicadas en la “nómina secreta”. Conclusión, expresada a la manera de mi pueblo: “¡Son chingaderas!”. Un vil atraco padecido durante casi cuatro años por la inmensa mayoría de la comunidad universitaria.
Cambiemos de frecuencia. El Reglamento de Panteones del Estado de Morelos, en su artículo 19, señala lo siguiente: “Los cadáveres y restos de personas desconocidas que sean remitidas por el Ministerio Público para su inhumación en la fosa común, deberán estar relacionados individualmente con el acta correspondiente llenando los requisitos establecidos por las autoridades”. Y bajo ese mandato jurídico operan, o deberían operar, todos los panteones existentes a lo largo y ancho morelense. Pero no sucede así, al menos en lo tocante a la regularización jurídica de los predios donde durante muchas décadas se han efectuado inhumaciones. Lo ocurrido en torno a una porción del panteón de Tetelcingo (Cuautla) seguramente impactará en reformas legales de fondo, sobre todo para lograr que el destino final de cadáveres no reclamados por nadie cumpla con los protocolos nacionales e internacionales en materia de derechos de las víctimas.
Lo anterior evitará dolores de cabeza a los gobernantes en turno y que se les endilguen “delitos de lesa humanidad” o “desapariciones forzosas” como pretenden hacerlo el rector Vera y Javier Sicilia con el gobernador de Morelos. El Congreso local deberá legislar, además, para endurecer los requisitos legales sobre el funcionamiento y conservación de los panteones como lo establecen la Ley de Salud y la reglamentación municipal. Por cierto, el fiscal Javier Pérez Durón y las autoridades municipales de Jojutla ya se coordinan hacia la apertura de la fosa común existente en aquella localidad. Sin embargo, la nueva inhumación de cadáveres volverá a ser aprovechada por la Dupla Universitaria para ganar reflectores nacionales.