Contrario a lo afirmado por el Gobierno de Morelos, la CNDH concluye que la fosa de Tetelcingo “es irregular” por el hecho de estar dentro de un
terreno que no cumple con los requisitos legales y permisos correspondientes. Es decir, estuvo al margen de la ley.
En su Recomendación, la CNDH deter mina que hubo falta de profesionalismo y probidad de los servidores públicos
de la Fiscalía del Estado, al llevar a cabo “la inhumación de manera irregular” de 119 cuerpos supuestamente desconocidos,
violando el derecho de acceso a la justicia en la modalidad de inadecuada procuración de justicia y el derecho a la
seguridad jurídica y a la verdad.
Por otra parte, la CNDH considera reprochable el manejo de los cadáveres inhumados, ya que se les dio un trato poco
digno, con lo que se viola el derecho a la verdad, el cual “implica la reprobación a la cultura del engaño, la simulación y el
ocultamiento”. De lo concluido por la CNDH, es evidente que existen responsabilidades administrativas y penales para diversos
servidores públicos de la Fiscalía del Estado, desde el anterior titular hasta los agentes del Ministerio Público y peritos que intervi-
nieron o fueron omisos en este caso.
Pero también existe responsabilidad política para el Gobernador del Estado, ya que de acuerdo con los artículos 70, frac-
ción XII Bis y 79-B de la Constitución local, el titular del Ejecutivo es superior jerárquico del Fiscal General, además de haber
sido omiso al no solicitar a la CNDH que investigara hechos que constituían violaciones graves de Derechos Humanos,
como era el caso de las fosas de Tetelcingo.
Lo anterior, si tomamos en cuenta también el punto recomendatorio de la CNDH, en el sentido de que el Fiscal del Estado
debe iniciar los procedimientos correspondientes en contra de “los superiores que hayan ordenado y autorizado o tolerado
las acciones descritas en la citada Recomendación”; de no hacerlo, el actual Fiscal
incurriría también en responsabilidad.
Los siguientes datos muestran la gravedad de la violación a los derechos humanos en el caso de las fosas de Tetelcingo, que la CNDH tomó en cuenta para emitir
su Recomendación:
• Se registraron 44 muertes violentas, que no fueron investigadas; lo cual genera impunidad.
• En 15 carpetas de investigación no se realizó la necropsia de ley.
• Existen 4 casos de personas identificadas por sus familiares; a pesar de ello, fueron inhumadas por la Fiscalía.
• De 19 cadáveres identificados, en 17 casos no se realizaron diligencias de búsqueda para localizar a los familiares.
• En 25 carpetas de investigación se perdieron todas las actuaciones.