Presupuesto sin Graco de por medio
A la siguiente etapa de lucha por hacer valer tanto el derecho a la educación de los jóvenes, como la autonomía de la máxima casa de estudios de la entidad, que pretende librarse de la injustificable intermediación del desgobernador Graco Ramírez en torno a los recursos federales para la Universidad, debieran sumarse los alcaldes de los 33 municipios de la entidad.
No hay ninguna lógica administrativa ni legal para que, entes autónomos como la Universidad de Morelos, como los ayuntamientos de la entidad, tengan que verle la cara al mandatario para reclamarle lo que por derecho y por ley les corresponde, de acuerdo a las partidas, participaciones y convenios de colaboración fiscal presupuestadas desde la federación.
La explicación lógica del intermediarismo en el financiamiento a los organismos autónomos tiene dos motivaciones:
1.- El control político, en un sistema de premio-recompensa y castigo-sanción a los adversarios del gobierno estatal en turno con el financiamiento.
2.- El desvío o, en el mejor de los casos, el jineteo de los recursos a cargo de los gobiernos locales.
En su lucha por garantizar el acceso a la educación de los jóvenes, la solvencia y viabilidad de la universidad, la máxima casa de estudios necesita sumar aliados, en primera instancia los 33 ayuntamientos, pero también todos los organismos que en el diseño institucional son concebidos como autónomos e independientes, y que van desde la comisión de derechos humanos hasta el órgano electoral, entre otros.
Política y económicamente hablando, no hay autonomía posible ni creíble si no se da precisamente en lo concerniente a su concepción y diseño institucional, la integración de quienes los presiden y, por supuesto, la capacidad económica.
El actual diseño maquiavélico obliga a todos a rendir pleitesía al tirano en Palacio de Gobierno, como en el resto de la entidades del país. Lo mismo si hablamos de las universidades, que de los organismos defensores de derechos humanos, las fiscalías, y el órgano electoral, entre muchos otros. Cada uno, debido al perverso esquema predominante de control y subordinación política, para operar tiene que ir a suplicar limosna primero a un Congreso subordinado que los remite a los titulares de los ejecutivos estatales para deberles a ellos su existencia.
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos tiene que buscar también el respaldo del Congreso de la Unión para acabar con este contrasentido de la democracia, de la autonomía política, de gestión y de la autosuficiencia financiera.
Para ninguno de los legisladores federales es un secreto que mientras este esquema perviva, el desgobernador en Morelos dispondrá a capricho, bajo cualquier pretexto, de los recursos económicos que no le pertenecen y que, como en el caso de Veracruz, el Graco-Duarte de allá no entregó a la Universidad local, y que en el caso de Morelos sirve como arma para doblegar a los adversarios.
¿Qué institución puede planear su desarrollo si el desgobierno en turno se queda o maneja políticamente el recurso que no le pertenece?
No propongo, naturalmente, un cheque en blanco para las instituciones autónomas e independientes. Es de exigirse, primero, que los recursos lleguen sin intermediarios a las arcas de cada institución en tiempo y forma. Y como complemento, un eficiente y apolítico mecanismo de fiscalización.
Que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos no vaya sola en esta lucha, porque no es la única que se convierte en rehén económico del inquilino temporal de Palacio de Gobierno…