- Es declarar que vivimos en un estado de excepción, responde a la CNDH
- “La proposición debe ser analizada con mucho cuidado, porque el tema fue puesto sobre la mesa en 2010, a raíz de la batalla contra el narco”
Los funcionarios consultados por MILENIO indicaron que avalar jueces sin rostro denotaría que en nuestro país “estaríamos hablando de una sociedad que no puede contenerse a sí misma”.
El pasado martes, el ombudsman nacional, Luis Raúl González, manifestó que se debía revisar la figura de jueces sin rostro, que se utiliza para proteger la identidad de los impartidores de justicia en asuntos sumamente delicados.
El 3 de julio de 2012, el entonces presidente de la Corte, hoy ministro en retiro, Guillermo Ortiz Mayagoitia declaró:
“Dentro de las situaciones de riesgo delincuencia actual, en el mundo se ha hecho necesaria la secrecía de algunos servidores públicos, traigo al recuerdo de las señoras y señores ministros, los jueces sin rostro, que se establecieron en Colombia y que aquí en México se han tratado de implantar”.
El tema de la violencia contra las jueces es vista como focos rojos desde hace años por el Poder Judicial.
El 14 de febrero de 2008, ante los plenos de la Corte, del Consejo de la Judicatura Federal y del TEPJF, el ministro jubilado Juan Díaz Romero señaló que la violencia calculada, despiadada y cruelmente efectiva de la que hacía uso diario el crimen organizado en México, había sobrepasado a la mafia siciliana.
Dijo que a diferencia de otros funcionarios que gozan de protección para sí y sus familiares, los juzgadores en nuestro país se hallaban inermes y solos, sin más protección que su fortaleza.
Bienvenido, el debate Aunque no comparten la idea de que se instauren jueces sin rostro, los funcionarios consultados dijeron que es bienvenido el debate sobre el tema.
No obstante, manifestaron que el Estado debe hacer que se cumpla el principio de mediación y que se haga realidad el nuevo sistema de justicia penal.
“Estamos en el principio, buscando que la justicia oral vuelva al momento en que uno pueda ser juzgado delante de un juez, en una audiencia pública, analizando con igualdad las pruebas que ofrecen tanto la fiscalía como la defensa del acusado”, explicaron.
Uno de los grandes principios en los que se basa el nuevo sistema de justicia, agregaron, es la inmediatez, la cual se cumpliría cuando uno esté adelante del juez.
Los funcionarios del PJF pidieron analizar bien el tema de los juzgadores sin rostro y “no dejarnos llevar por la situación”, en este caso, por el homicidio de Vicente Antonio Bermúdez, juez quinto de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, cuando se ejercitaba en calles Metepec el pasado lunes.
“Desgraciadamente estamos en una situación así, nos parece que las garantías de la jurisdicción que tiene el juez, esta independencia, esta imparcialidad, dentro de ellas, la seguridad para que pueda juzgar con toda la tranquilidad de que él y su familia van a estar seguros, viviendo en un ambiente sano cuando él (juez) va a juzgar, a analizar los asuntos, dedicado a restañar estas heridas que la sociedad va teniendo por los actos de las personas que no creen en el estado de derecho, creemos que es hacia allá hacia donde debemos ver”.
Recalcaron que no son partidarios de la figura de jueces sin rostro, porque sería ubicarlos de la misma manera que un delincuente en la noche hace algo, cubierto en el anonimato. “Los juzgadores siempre han dado la cara”, declararon.
“Todas las funciones que tiene el Estado mexicano tienen que irse cumpliendo, algunas son más difíciles que otras, son muchos los problemas sociales, las autoridades deben intentar cumplir lo que les toca, y los que también les toca es asegurar la seguridad de los jueces, para que puedan actuar de cara a la sociedad.
“Esa es la nota principal de la justicia. Es muy doloroso este tipo de cosas que ocurren”, expresaron.
El origen En la década de los 90, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se creó la figura de los jueces sin rostro para juzgar a los acusados de terrorismo en Perú, particularmente los crímenes de Sendero Luminoso.
Lo mismo haría Colombia, tras emitir el Decreto 2790, conocido como Estatuto para la Defensa de la Justicia, el cual contempló una serie de medidas para garantizar la vida de los jueces que tenían en sus manos casos relacionados con delincuencia y terrorismo.
En marzo de 2011, El País publicó que en los últimos tres años, de acuerdo con registros de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, en Colombia fueron asesinados 13 jueces, asimismo, que 163 juzgadores estaban refugiados en el exterior, debido a que figuraban en la mira de los asesinos, además de que en los últimos cuatro años, 750 jueces fueron amenazados.
En Italia, de 1969 a 2009, de acuerdo con la RAI (televisión pública de esa nación), 27 jueces fueron ultimados, los casos más emblemáticos son los del juez Giovanni Falcone, así como del juez Pablo Borcellino, atentados perpetrados en mayo y julio de 1992, respectivamente, los cuales fueron ordenados por la mafia siciliana