Al gober le urge que el congreso deseche el juicio político. Graco sabe que el tema no va a proceder, pero aún así exige que los diputados le concedan su capricho. Validar la demanda de la CMMC no garantiza nada, pero ayudaría al congreso a manejar el escenario social. Graco está empecinado en que el congreso mate el juicio y cargue con el costo de hacerlo.
La discusión sobre el juicio político a Graco Ramírez se ha acentuado en los últimos días. Dentro y fuera de la cámara hay presión para que los legisladores resuelvan el tema y determinen la procedencia o no del expediente. El asunto no es sencillo por todos los ingredientes que hay a su alrededor: existe una enorme coacción política para que los diputados desechen el juicio y también una gran demanda social a favor de que el congreso valide la petición. Lo que está en juego es mucho más que el futuro político del tabasqueño.
El ejecutivo quiere que el juicio en su contra sea desechado de manera inmediata. El argumento que utilizan quienes apuestan por ello es que la auditoría al crédito ya concluyó y el órgano fiscalizador determinó que el dinero fue ejercido de manera correcta, por tanto no hay materia para continuar con el proceso; los defensores del gobernador operan políticamente para que los diputados voten contra el juicio y asuman el costo social de dicha decisión.
El escenario cambió luego del descalabro político de Hortencia Figueroa con el nombramiento del Ombudsman; ese día la legisladora no sólo perdió la batalla en la lucha por nombrar a un nuevo defensor de los derechos humano, también sufrió un severísimo revés político al quedar evidenciado su corto liderazgo parlamentario y la poca fuerza dentro de su grupo.
A partir de ahí comenzó una nueva historia de poder en la cámara de diputado. El tropiezo de Hortencia Figueroa fue utilizado por Rodrigo Gayosso para tratar de tomar el control parlamentario, situación que ha resultado incómoda para muchos legisladores de otras fracciones. El dirigente perredista cobijó a la coordinadora perredista e intervino para que no fuera relevada del cargo, pero a cambio de ello asumió la tutela política del grupo e intenta convertirse en el jefe de la bancada legislativa.
Pero las cosas no están saliendo bien al primer junior de Morelos. Su presencia en la cámara de diputados ha incomodado a muchos y ya comenzó a generar inquietud en varios grupos parlamentarios, quienes en lugar de ver en el calvo personaje un interlocutor político confiable, lo observan como un sujeto incómodo, que no genera confianza y que actúa con alevosía en todos los casos.
Gayosso está operando a través de algunos dirigentes partidistas, como el de Nueva Alianza, a quien ha convertido en obrero de su causa. Por esa vía (las dirigencias) Rodrigo Gayosso trata de convencer a los diputados de que desechen el juicio político y cedan al ejecutivo varias decisiones que competen al legislativo, como el manejo del fondo de infraestructura creado con un porcentaje de los recursos que se quitaron al Mando Único.
La intromisión del hijo del gobernador en el congreso para tratar de frenar el juicio político contra Graco Ramírez no está dando buenos resultados; su petición (con tono de amenaza) es que los legisladores carguen con el costo de la decisión o asuman las consecuencias de no acatar las órdenes del ejecutivo.
Los legisladores deben poner mucha atención en el juicio y en su proceso: la petición de enjuiciar a Graco no sólo representa el sentir de un sector de la población, también es un instrumento de poder para los diputados. Con el juicio vivo el gobernador debe cuidar su trato con el congreso y mostrar respeto por la institución; si los diputados lo desechan, no tendrán nada que obligue a Graco a tratarlos como iguales.
Política y socialmente al congreso y a sus integrantes les conviene mantener vivo el juicio porque representa un arma de negociación. Dar cauce al tema y permitir que la comisión respectiva comience el análisis de las pruebas es sólo un procedimiento que no garantiza un resultado final en ningún sentido.
Mantener vigente la petición ciudadana es una válvula de despresurización social que ayudaría al parlamento manejar el enojo de la gente y controlar los arranques coléricos de Graco; si desechan el juicio, la ciudadanía se enfadará con los diputados y el gobernador no tendría motivo alguno para respetar a este congreso. En un escenario así los únicos que pierden son los legisladores.
Entendamos algo: darle procedencia a la solicitud de juicio político contra Graco Ramírez no significa nada, salvo conceder a la ciudadanía la oportunidad de que la petición siga su trámite legal. Que los diputados determinen que juicio procede no implica que las pruebas se validen ni mucho menos que el gobernador sea culpable; si el expediente se turna a la comisión de gobernación lo único que sucedería es que se comenzarían a revisar los documentos ofrecidos por la CMMC y todo lo demás seguiría igual.
Insisto: política y socialmente al congreso conviene mantener vigente el juicio porque ello les garantiza el respeto del gobernador y los saca de un escenario en donde se les considera protectores de Graco. Que comience el proceso y se revisen las pruebas no significa nada: ni se dan por buenos los argumentos de la parte demandante no tampoco se considera culpable al gobernador.
Lo que los diputados ganarían dándole procedencia al juicio político es tiempo y manejo social del tema; con el juicio vivo tendrían en sus manos un arma política contra el gobernador y se evitarían un desgaste social enorme. No se puede perder de vista que en todo momento el juicio esta controlado por la cámara de diputados y en ningún momento encontraría un final que los diputados no quisieran.
Se trata de administración de tiempos, de circunstancias y de recursos políticos, de actuar con inteligencia y jugar en el mismo ring político que el gobernador. A Graco le urge que los diputados desechen el juicio y asuman el costo de hacerlo, pero los legisladores deberán valorar escenarios y tomar decisiones. Votar por la procedencia del juicio político es lo mejor que pueden hacer los diputados por razones sociales e incluso para sus intereses personales.
Los únicos que no quieren que el juicio siga vivo es Graco y sus aliados. Por obvias razones.
- posdata
Primero fue Nelson Torres, ex tesorero de Cuernavaca en la administración de Manuel Martínez y Rogelio Sánchez Gatica. Luego fue Alma Graciela Domínguez, también ex tesorera capitalina con Rogelio Sánchez Gatica. Los dos personajes en cuestión fueron detenidos por temas pendientes en la comuna, aunque la segunda logró su libertad por un error de la fiscalía del estado.
Las faltas cometidas en administraciones pasadas de Cuernavaca son muchas y en algunos casos comienzan a tomarse acciones de parte de la autoridad. En los tres gobiernos: el de Manuel, el de Gatica y el de Morales hay historias terribles que contar, aunque muchas de ellas parecieran quedar en la impunidad… a no ser que el manto político deje de protegerlos.
Hasta antes del 2009 Cuernavaca era un municipio financieramente sólido, con solvencia económica y sano en su administración. Fue con la llegada de Manuel Martínez y la intervención directa de su hermano José que las cosas en la capital comenzaron a salirse de control y los números de los libros comenzaron a tornarse rojos.
Manuel fue un buen candidato, pero cometió muchos errores políticos y descuidó totalmente la administración. Luego vino Rogelio Sánchez Gatica y las cosas empeoraron cuando el menudo abogado integró a su gobierno a personajes de muy mala reputación y enormes ambiciones económicas. Garrigós puso en crisis a la ciudad y Gatica la llevó al caos.
Con el arribo de Jorge Morales Barud muchos pensamos que llegaría el orden. Ex ixtleco ya había sido gobernador, tenía experiencia legislativa y también era conocedor del manejo municipal; el catedrático parecía la solución a todos los problemas que padecía la ciudad.
El discurso de Jorge era bueno, hablaba de austeridad, de disciplina financiera, de eficiencia en el uso de los recursos y también de cero tolerancia a la corrupción. Por su personalidad y modo de actuar Morales Barud convenció a muchos (yo incluido) que estaba tomando las mejores decisiones y actuaba con la prudencia que no tuvieron sus dos antecesores. Todo se veía bien, hasta que llegó la siguiente administración; entonces la otra cara de la historia se conoció.
Ahora que el municipio está en manos de alguien diferente sabemos que muchas cosas se ocultaron durante los últimos tres años: Cuernavaca no se operó con la eficiencia y la austeridad que se nos dijo, tampoco hubo un manejo adecuado de los recursos ni mucho menos se combatió la corrupción. Por el contrario, en el gobierno de Jorge Morales Barud se tomaron decisiones que lastimaron severamente a la ciudad, se maquillaron cifras y se dijeron muchas mentiras respecto a la situación que guardaba la municipalidad.
Peor aún: Cuernavaca pasó de la crisis al saqueo y el municipio paso de estar quebrado a estar devastado. La de Jorge Morales Barud, dicho por las nuevas autoridades, fue una administración que validó muchos actos de corrupción, que mintió en muchas cosas, que utilizó argucias legales para fingir soluciones y heredó un enorme problema al gobierno entrante. La de Morales, dicen ahora, fue una administración peor que la de Gatica y mucho peor que la de Garrigós.
Hay algo que siempre llamó la atención en ese gobierno: la condescendencia del alcalde con algunos funcionarios. En el caso de Obras (Martín Cervantes), la Tesorería (Domingo Coria) y Desarrollo Sustentable (Héctor Hinojosa), hubo siempre expresiones de duda sobre la probidad de dichos personajes, se habló de negocios turbios hechos al amparo del ayuntamiento y de acciones tomadas en detrimento del municipio; pero Morales Barud siempre los protegió, dicen, porque era parte del negocio.
Ahora que han comenzado a rodar cabezas de ex funcionarios de Cuernavaca habría que esperar a ver hasta dónde van a llegar las acciones de la justicia. En estas primeras dos detenciones la línea apunta al ex alcalde Rogelio Sánchez Gatica, pero ello no anula la posibilidad de que el tema alcance a Manuel Martínez Garrigós o al propio Jorge Morales Barud, quien ahora trabaja de asesor en el grupo parlamentario del PRI en San Lázaro.
Algo es claro: Cuernavaca lleva tres malas administraciones. Lo único peor que la corrupción que ha caracterizado a los últimos gobiernos es la enorme impunidad que protege a los saqueadores.
Ojalá Cuauhtémoc Blanco sea diferente.
- nota
Morelos está viviendo un grave problema de violencia y desaparición de personas, dice Iván Martínez Dunker, Director del Centro de Investigación en Dinámica Celular de la UAEM, y parece que no existe voluntad del gobierno para esclarecer la verdad; “parecería que la Fiscalía está ocultando la realidad de los sucesos con los alrededores de 150 cuerpos depositados clandestinamente en la fosa de Tetelcingo”.
La UAEM ha sido insistente en el tema: ha ofrecido de manera reiterada su apoyo con personal y tecnología para coadyuvar a la identificación de los cuerpos, pero “ahora existe el interés del gobierno y de la Fiscalía de exhumar y depositar las cenizas en nichos de un nuevo panteón en mejores condiciones pero sin la aplicación del ADN como se ha solicitado por parte de familias que tienen desaparecidos a sus seres queridos”
Nuestra máxima casa de estudios tiene los elementos necesarios para llevar a cabo el procedimiento, el gran reto es contar con la voluntad del estado y estructurar y mantener laboratorios forenses plenamente funcionales, dice Iván Martínez.
En medio de este debate y de la cerrazón del gobierno estatal por ocular la identidad de los 150 cuerpos hay muchas interrogantes que dan pie a muchas especulaciones:
¿Por qué el gobierno no quiere que los cuerpos se identifiquen? ¿Por qué la fiscalía los enterró de manera clandestina y ahora le urge desaparecer cualquier elemento que pueda servir para identificar a las víctimas? ¿De quienes son los cadáveres depositados en las fosas? ¿Y si entre ellos hubiese algunos de los 43?
- post it
El conteo sigue: ya suman 111 personas ejecutadas en lo que va del año. A pesar de ello el gobernador se regodea: vamos bien y somos ejemplo de seguridad a nivel nacional. Hay terquedades que se vuelven patológicas.
- redes sociales
“Morelos es seguro a pesar de la inseguridad” sabias palabras de la secretaria de turismo. No hay duda del porqué fue nombrada para dicho cargo.
Comentarios para una columna acalorada: eolopacheco@elregional.com.mx
Twitter: @eolopacheco www.facebook.com/Eolopachecomx