Cd. de México (23 octubre 2016).- Un juez federal vinculó a proceso a dos mujeres detenidas el pasado martes en el Edomex, porque presuntamente estarían involucradas en una red financiera en la que Javier Duarte habría blanqueado 253 millones de pesos en la compra de inmuebles.
Tras una audiencia de casi 7 horas, Gerardo Moreno García, juez del Centro de Justicia Penal en el Reclusorio Norte, determinó que por el momento existen los datos mínimos para abrir un juicio a las hermanas EAP y NIAP por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Las acusadas eran presidenta y secretaria del Consorcio Brades, empresa que fue registrada el 2 de diciembre de 2009 ante el Notario Público Número 33 del Estado de México.
Brades recibió más de 348 millones de pesos de compañías que la PGR considera "fantasma" y pagó 253 millones a Moisés Mansur Cysneiros, operador y presunto prestanombres de Duarte, por terrenos en Campeche que tenían un valor real de 200 mil pesos.
Además de restringir la difusión de la identidad de las acusadas para los presentes en la audiencia, el juzgador dictó la prisión preventiva oficiosa a las inculpadas, por lo que llevarán su proceso mientras permanecen internadas en el Penal de Santa Martha Acatitla, en esta capital.
Moreno también estableció un plazo máximo de tres meses para llevar a cabo el cierre de la investigación complementaria, por lo que ahora la PGR y los abogados de las procesadas reunirán las pruebas necesarias para que se cite a audiencia a más tardar el 23 de febrero.
El juez le aclaró a las inculpadas que el sistema de juicios orales exige menos elementos que el anterior régimen de juicios por escrito, para iniciar un proceso. Con base en lo anterior, dijo que la PGR en este momento satisface los datos necesarios para procesar.
Para el juez, por ahora se puede suponer de que Duarte, Moisés Mansur, José Juan Janeiro, Javier Nava Soria, Rafael Gerardo Rosas Bocardo, Santa Bartolo Acuña, Miguel Velázquez Nieva y las dos procesadas, formaban parte de un "grupo estructurado" que tenía la finalidad de blanquear fondos ilegales.
Destacó que uno de los indicios es la incapacidad económica que presumiblemente tiene Consorcio Brades, para llevar a cabo el pago y recepción de recursos que van de 253 a 348 millones de pesos.
"Al menos por ahora esos son datos vastos y bastantes, porque existe la probabilidad de que las imputadas cometieron (los delitos). No estoy afirmando que en este momento sean plenamente rresponsables del delito que les atribuyen. Por eso digo, hasta el momento", dijo.
Al término de la audiencia, Ricardo Zinser, el abogado de las dos procesadas, dijo que está analizando seriamente recurrir a la demanda de amparo contra la vinculación a proceso y no a la apelación ante un tribunal unitario, porque sus defendidas están privadas de un derecho esencial como la libertad.
El litigante dijo que, con base en lo que le han informado sus clientas, podrán acreditar la legalidad de las operaciones bancarias que le imputan.
"Por lo que me han dicho ellas, es que así será, lo que pasa es que por la premura del tiempo dl término constitucional de 144 horas son documentos de hace muchos años, muchas operaciones, y por lo tanto, no es tan fácil obtenerlo", dijo.
Además, cuestionó que la PGR no le brindara el derecho de defensa a sus defendidas, a diferencia del abogado Alfonso Ortega López, quien compareció ante la PGR el 12 de octubre en una indagatoria de la que no estaban enterados.
"Comparece de manera voluntaria en una capeta de investigación de la cual nadie sabía, ni siquiera en esa carpeta fueron citadas mis defendidas para que se les respetara su derecho de audiencia y él sí sabía de la existencia de esa carpeta de investigación", señaló.