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PUNTO Y APARTE

* AVANZA LA PAVE

Tras el susto que provocó a las autoridades y aún a quienes desde la capital del estado temíamos que -políticamente- se incendiara Totolapan, como ha sucedido en el pasado con diversos municipios de aquella región, verbigracia Tlayacapan, Tetela del Volcán y Temoac, para esta semana el panorama mejora en el municipio gobernado por la perredista Chuy Vital Díaz. El INAH rechazó la existencia de vestigios arqueológicos y se han desdibujado los argumentos de quienes eso reclamaban para oponerse a la construcción de un mercado municipal, con lo cual la obra prácticamente tiene el visto bueno de la población en general. Ahí se aplicarán 21 millones de pesos de inversión tripartita: federal, estatal y municipal, con el objetivo de impulsar la modernización de un municipio que ya lo merece. Dentro de la reciente conflictividad social es importante recordar la perniciosa alianza del senador perredista Fidel Demédicis Hidalgo y el diputado local -también del sol azteca- Anacleto Pedraza Flores, con antorchistas locales. La alcaldesa Vital Díaz padece “fuego amigo”.

El coordinador de los diputados priístas en el Congreso local, Alberto Martínez González, es quien aparece como el candidato más adelantado en la búsqueda de la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI. A partir de la reciente visita del líder nacional, Enrique Ochoa Reza, el legislador venido del surponiente de la entidad y conocido como La Pave, ha incrementado su activismo con miras a obtener una posición también anhelada por otros priístas notables como el diputado federal Matías Nazario Morales. Y es que el actual dirigente Rodolfo Becerril Straffon ha concluido su tarea, siendo muchas las voces que urgen una renovación del CDE como premisa para preparar al partido con miras a los comicios locales y federales de 2018. Para Martínez González, lo que al PRI le hace falta no es sólo un cambio de dirigencia, sino también de mentalidad. A ver si lo dejan poner en práctica sus ideas.

La cloaca destapada por el gobierno municipal de Cuauhtémoc Blanco, al denunciar presuntos malos manejos de la administración cuernavacense anterior, amerita que el ex alcalde Jorge Morales Barud dé la cara pronto y aclare con suficiencia las acusaciones. Para el ixtleco los señalamientos hechos por el actual gobierno, que implican corrupción y mala administración, son una loza en su destacada carrera política que lo ha llevado hasta a ocupar por un par de años la más alta magistratura morelense en el periodo de mayo de 1998 a mayo de 2000. Por lo pronto resulta lamentable que Cuernavaca no pueda encontrar el contexto político idónea, con autoridades honestas y eficientes, y venga arrastrando un pésimo papel gubernamental con autoridades inmersas en escándalos de abusos, raterías e ineficiencias. Así lo hemos visto durante varios trienios.

Wistano Luis Orozco García, coordinador general de Administración de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), personaje señalado por autoridades federales como enlace de esa institución y empresas ligadas al cártel de Ciudad Juárez beneficiadas en 2013 con recursos federales destinados al Programa Cruzada Contra el Hambre (Sedesol), es quien presuntamente se encuentra atrás de la nueva embestida del rector Alejandro Vera Jiménez en contra de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y su titular Juan Manuel Portal Martínez. Cuando la UAEM contrató los servicios de las empresas denominadas Grupo Comercializador Cónclave S.A. de C.V. y Prodasa S.A. de C.V., vinculadas al lavado de dinero de dicho cártel, Orozco García era director general de Proyectos Especiales de la UAEM. Ahí tuvo la absoluta confianza de Alejandro Vera Jiménez, tal como la sigue teniendo en la poderosa Coordinación General de Administración, de la cual se hizo cargo el 14 de enero de 2015.

Por obvias razones, Wistano odia a Juan Manuel Portal Martínez y sus huestes. Como todo se sabe en la comunidad universitaria, ha trascendido que Orozco García redactó el artículo aparecido el viernes en el periódico Reforma, titulado “Auditoría Equivocada” bajo la presunta autoría del rector universitario. Y aunque Alejandro Vera apareció con el carácter de “colaborador invitado”, es probable que tal distinción se haya derivado de un acuerdo pecuniario. El “entrego periodístico” recuerda que la UAEM ha sido objeto de dos auditorías forenses en 2014 y 2015 por parte de la ASF respecto de contratos de servicios con distintas dependencias de la Administración Pública Federal. Y arremetió contra la Auditoría Superior de la Federación: “La Universidad ha puesto en duda la competencia y legalidad de la actuación del órgano fiscalizador federal, dado que parte de una presunción de culpabilidad por parte de la Universidad y considera que los pagos por servicios prestados por parte de la misma son transferencias de recursos públicos federales”.

A continuación un apretado resumen sobre el escrito del rector Vera:

1.- “La ASF se equivoca en su actuar al querer ignorar que dichos contratos están apegados a la legalidad y que los pagos recibidos por la Universidad (con recursos públicos de la Sedesol) son en su calidad de proveedor de un servicio prestado, el cual está avalado por las propias dependencias federales”.

2.- “Los pagos que recibió la Universidad constituyen contraprestaciones por los servicios prestados, mismos que por su propia naturaleza pasan a formar parte de su patrimonio propio y no, como inexactamente sostiene la autoridad fiscalizadora al darles un trato de recursos públicos federales, como si estuvieran etiquetados”. Según se sabe, la Sedesol pagó a la UAEM cantidades multimillonarias ¡por servicios que no podía otorgar! y ante lo cual subcontrató a las firmas “lavadoras” de dinero. Según la ASF, la Universidad entregó a las empresas subcontratadas millones y millones de pesos sin siquiera haber recibido los servicios y productos respectivos. Hasta aquí seguimos hablando de dinero federal. Pero continuemos.

3.- “Es también inadmisible que sistemáticamente la ASF no le otorgue valor probatorio ni el alcance jurídico que tiene la evidencia documental que acredita, en todos los casos, que los servicios prestados fueron recibidos a entera satisfacción por las instancias gubernamentales contratantes y que éstas no hayan interpuesto reproche alguno, en cuanto a la calidad, oportunidad y precio de los entregables recibidos”.

4.- “El SAT (y no la ASF) es el único competente para verificar el cumplimiento o no de las obligaciones fiscales de las empresas que la Universidad contrató, lo cual ya hizo”.

El controversial rector Vera concluyó su artículo citando a José Saramago: “Mentira son sólo las exageraciones, los adornos del lenguaje, las medias verdades que quieren pasar por verdades completas”. Más claro, ni el agua. Está llamando mentirosos al auditor Juan Manuel Portal Martínez y a sus colaboradores, quienes hace varias semanas vinieron a Morelos a confirmar la irresponsabilidad con que la UAEM manejó y desvió recursos públicos federales. Conclusión: Vera Jiménez ya no sabe cómo salvar las apariencias y evitar el desprestigio. Llama la atención que hubiera aparecido en Reforma de manera previa al encuentro que sostendrá hoy lunes con funcionaros de la SEP federal a fin de conseguir recursos para sortear el déficit financiero que propiciaron él y su pandilla adscrita a la Rectoría. El deplorable escenario financiero encontrado por la ASF en la UAEM es solo parte del gran iceberg de corrupción prevaleciente al interior de nuestra máxima casa de estudios. A ver.

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