Se le vino el mundo encima a Javier Duarte y no habrá poder humano que lo salve. Su destino está sellado.

El gobierno federal lo persigue por delincuencia organizada y lavado de dinero, y su partido también lo abandonó: pidió que fuera detenido y procesado.



Tiene orden de aprehensión, lo mismo que su cuñada y su suegra, como informó ayer EL FINANCIERO.



En caso de que se haya dado a la fuga, le va a durar poco. Javier Duarte tiene al águila de frente. Está liquidado.



No puede huir con toda la familia por mucho tiempo ni es tan listo como para lograr un escape prolongado estilo Chapo Guzmán.



Mucho menos va a solicitar asilo en ningún lado, porque su caso no es político y no hay país que se lo otorgue.



En los próximos días o a más tardar en semanas lo veremos en la rejilla de prácticas de algún reclusorio.



Se trata del primer caso grave de corrupción que es perseguido por el actual gobierno y no es mala señal que sea alguien de su propio partido.



Pero creer que con la (segura) detención de Duarte la clase política se sacude el estigma de corrupción que se ha ganado, es un error.



No han sido nada más gobernadores del PRI los que han robado de una manera insolente que tiene irritada a la sociedad.



Una medida de salud política sería que a partir de Duarte cayeran gobernadores o exgobernadores de todos los partidos y también integrantes del gobierno federal.



Ya está el caso del panista Padrés, exgobernador de Sonora, prófugo de la justicia y defendido por otro panista renombrado, el exprocurador José Antonio Lozano Gracia.



El PRD no puede darse baños de pureza luego de que empresas de parientes del exgobernador Ángel Aguirre recibieran contratos multimillonarios del gobierno de Guerrero.



Y el gobierno federal tiene que dar ejemplo de depuración y procesar penalmente a funcionarios de esta administración, que han sido detectados en desvíos de recursos o componendas a la hora de asignar contratos.



De esa manera sí será creíble que la corrupción es castigada de forma pareja y su combate puede ser, legítimamente, bandera del gobierno y su partido.



Por paradójico que parezca, a partir de Duarte el gobierno de Peña Nieto tiene la oportunidad de alzarse como el que verdaderamente ha combatido la corrupción, a diferencia de sus antecesores panistas.



Sin tocar a uno solo de los funcionarios del gobierno anterior –al revés de la usanza en el país–, esta administración podría dar ejemplo de castigar la corrupción de los suyos ahí donde se hayan cometido excesos.



Excesos estilo Duarte, con casas en Woodlands (EL FINANCIERO, 17 de julio) a nombre de la cuñada, empresas fantasma (Animal Político), media docena de tiempos compartidos en el St. Regis de Manhattan y anillos de 200 mil dólares (Reforma) entre muchos otros bienes que se le atribuyen.



Peña Nieto podría recuperar la credibilidad en su gobierno y dar un fuerte impulso a su partido si toma la bandera del combate a la corrupción con la determinación con que emprendió las reformas estructurales.



Nada de venganzas contra el de atrás, sino limpieza de la casa con tres ejemplos concretos: gobernadores del PRI, de oposición, y excesos en el gobierno federal.



Twitter: @PabloHiriart