* LA CNDH Y EL ACICATE
La recomendación 48/2016 turnada el pasado 30 de mayo por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al gobierno de Morelos contiene cuestiones fundamentales que deberán servir como antecedente histórico y acicate para no repetir en ninguna parte de México lo ocurrido en la fosa común de Tetelcingo. Debo insistir en el concepto “común”, porque la propia institución ha aclarado hasta la saciedad el asunto: no es una fosa clandestina, como han pretendido hacerlo creer el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, y sus huestes, entre quienes destaca el secretario de Comunicación, Javier Sicilia Zardaín, simple y llanamente porque capitaliza para sí mismo el tema de las víctimas, desde luego utilizando los recursos universitarios.
Releyendo la recomendación encontramos el análisis objetivo de la CNDH tocante al destino de miles y miles de cadáveres que yacen en calidad de desconocidos, primero sobre las planchas de los servicios médicos forenses (si así se puede llamar a deficientes anfiteatros), y luego en las fosas comunes de panteones municipales. Dice la CNDH que en algunas regiones del país se han reportado hallazgos de diversos tipos de fosas; se ha dicho que su existencia deriva de la violencia provocada por la delincuencia organizada, y que en algunos casos no pudiera descartarse la participación de agentes del Estado. El problema para las autoridades ministeriales es que, en la mayoría de las veces, el hallazgo de las fosas se debe al esfuerzo material de los familiares de las víctimas. Este es el punto toral: las instituciones del Estado no han dado debida respuesta a la demanda de investigar, localizar e identificar a las víctimas. Los morelenses fuimos testigos de ello durante el sexenio de Marco Adame Castillo (2006-2012), cuando derivado de la escalada de violencia -que duró los seis años del periodo adamista- hubo una dantesca acumulación de cuerpos en el Servicio Médico Forense de la extinta Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General de Morelos.
La recomendación 48/2016 reitera lo que durante lustros denunciamos frente a la NO investigación de delitos cometidos. Por un lado se encuentran las carencias y problemática que enfrentan los operadores del sistema de procuración de justicia, principalmente los peritos encargados de facilitar a la representación social elementos que respalden la investigación de los delitos y fortalezcan su persecución ante los tribunales y la falta de homologación de un protocolo único para la actuación del personal de las instituciones encargadas de procurar justicia (policías, peritos y ministerios públicos) en la identificación de cadáveres, en la toma de muestras y en el procesamiento de la escena de un crimen, con la participación coordinada de los gobiernos de las entidades federativas, “lo que obstaculiza cumplir con los objetivos del artículo 20 constitucional de que haya esclarecimiento de los hechos, la debida protección a la víctima, el procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”. Lo ocurrido en Tetelcingo se derivó de la más completa descoordinación entre los tres órdenes de gobierno. Por eso es deseable la aplicación estricta de la ley a quienes resulten responsables de las omisiones aludidas por la CNDH en la citada recomendación.
Así las cosas, una vez más volvimos a ser noticia nacional tras haberse cumplido los protocolos de ley y las disposiciones de la Fiscalía General de Morelos para entregar el cadáver de Israel Hernández Torres. Ello ocurrió ayer en el área conocida como “Jardines del Recuerdo” (dentro del mismo panteón donde se ubicaba la fosa común). El cuerpo fue extraído de la Fosa E, gaveta 41, bajo la causa penal JCC/450/2015 y entregado a sus familiares, quienes durante cuatro años padecieron el sufrimiento de no saber dónde estaba Israel, joven primero secuestrado y luego asesinado. Y sin duda alguna lo mismo debieron padecer los parientes de otras dos personas que serán exhumadas pronto en el área de “Jardines del Recuerdo”. Tocante al caso de Israel Hernández Torres las autoridades respectivas deberán cubrir las formalidades de ley, como es la reparación del daño a través de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas de Morelos.
Insisto: todo esto debió evitarse aplicando protocolos de seguimiento e investigación. Por lo tanto, la experiencia de Morelos debe ser un acicate a toda la estructura del Estado mexicano. Espero ver la aplicación absoluta de la recomendación del Ombudsman nacional a lo largo y ancho de México, pero mientras eso llega, en nuestra entidad deben evitarse nuevas omisiones, básicamente en cuanto a la confronta de perfiles genéticos de los cuerpos exhumados en Tetelcingo con los bancos de información del gobierno federal y todas las procuradurías y fiscalías estatales. Y algo debe inventar el fiscal Javier Pérez Durón si tal posibilidad de comprobación no es posible, a fin de prevenir muchos, muchísimos dolores de cabeza para las actuales y futuras autoridades ministeriales… y municipales. Tocante al Ayuntamiento de Cuautla, el alcalde Tadeo Nava y su Cabildo consiguieron ayer sustanciales reformas a la normatividad que rige sobre los panteones de la heroica. A ello me referiré mañana.
Cambiemos de frecuencia. Con el objetivo de abrir la discusión y someter a consideración del pleno del Congreso las reformas constitucionales planteadas dentro de la Mesa para Reforma del Estado durante el próximo mes, el presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso morelense, Julio Espín Navarrete, informó que el próximo 3 de noviembre se reunirá la Mesa Técnica para la Reforma del Estado. El legislador explicó que dentro de las reformas planteadas dentro de este “ejercicio democrático”, donde participan los tres poderes de Gobierno, partidos políticos y diversas instituciones gubernamentales, se contemplan las reformas político electoral, la del Poder Judicial del Estado de Morelos, adecuaciones al Sistemas Nacional Anticorrupción en función de la reforma federal y reformas en materia municipal. Los diputados pretenden sacar adelante este proceso legislativo antes del 15 de diciembre, cuando concluirá el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la legislatura 53. A ver si es cierto.
Por su parte, el coordinador de la fracción parlamentaria del partido Movimiento Ciudadano, Jaime Álvarez Cisneros, aclaró que el paquete de reformas constitucionales derivado de la Mesa no se discutirán reformas a la Ley del Servicio Civil de Morelos, pese a la urgencia implícita (la creación de un nuevo sistema de pensiones). No existen las condiciones necesarias para realizar tales modificaciones, o lo que es lo mismo: no hay avances con los de enfrente, es decir los sindicatos de los tres poderes estatales. Dijo Jaime: “Debe encontrarse el punto medio para no afectar a los trabajadores con mayor número de años trabajados y al mismo tiempo brindarles el desfogue económico a las finanzas del estado para lograr un equilibrio y no caer en una quiebra financiera que está a la vuelta de algunos años”. A ver.
El alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, se reunió ayer con el comandante de la 24ª. Zona Militar, Carlos García López, teóricamente para sentar las bases de una acción coordinada cuyo objetivo sea fortalecer la seguridad pública en esta capital. De hecho, el Ejército sigue realizando patrullajes, acompañado de policías adscritos al Mando Único operado por la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES). Sin embargo, es importante recordar que el exfutbolista recientemente se lavó las manos ante la problemática de seguridad, culpando de ello al titular de la CES, Alberto Capella Ibarra. Blanco demostró así su más completa ignorancia sobre el marco constitucional y el riesgo de que le sea aplicada la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos de Morelos por acciones y omisiones, amén de que podría sea sancionado penalmente bajo acusaciones de obstrucción de la justicia. Etcétera. En el fondo del encuentro de “El Cuauh” con el general García López se percibe la mano de Guillermo Arroyo Cruz, secretario del Ayuntamiento cuernavacense, aunque el alcalde fue acompañado a las instalaciones de la 24ª. Zona por su inseparable titiritero José Manuel Sanz Rivera, secretario técnico de la comuna. Muchas veces lo he escrito y hoy lo confirmo: Blanco es un cero a la izquierda. Quien manda en el gobierno municipal es el español… naturalizado mexicano. “No tiene la culpa el indio”, sino quienes hicieron presidente municipal a Cuauhtémoc.
Finalmente comentaré que el diputado Alberto Martínez González, coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso local, vislumbró la posibilidad de que los 30 legisladores disminuyan sus sueldos y dietas a fin de que los trabajadores no sean afectados mediante un ajuste de personal, esto frente al déficit presupuestal enfrentado por dicho cuerpo colegiado. Sin embargo (aquí viene el pero), esto dependerá del consenso entre la totalidad de legisladores. ¿Qué vaticinan ustedes, gentiles lectores? ¿Se desprenderán de lo suyo nuestros ínclitos diputados o de nuevo se harán como el “Tío Lolo”? O sea, hacerse pendejos… como muchas veces se hacen cuando la gente amolada acude a solicitarles un pedacito del enorme pastel que se tragan, entre sueldos, dietas y demás prerrogativas. A ver.