Si algo ha caracterizado al Graco-Duarte tabasqueño es la estrategia del de Veracruz: retener -en el mejor de los casos- los recursos que la federación ha destinado tanto para la Universidad, pero por sobre todo a los ayuntamientos. Y allá en el puerto, los ediles de todos los partidos han iniciado, algunos en bloque y otros por su lado, sendas manifestaciones y plantones para exigir al gobernador sustituto las participaciones, sin mucho éxito, porque sabe Dios dónde quedaron. ¿En Morelos los presidentes municipales harán lo propio, porque esas mismas son las maneras del desgobernador Graco Ramírez?
Más de una vez he insistido en la perversidad política que caracteriza la alianza de gobernantes en torno al tlatoani para que éste respete sus cotos de poder vía las participaciones que, como intermediarios, ellos reciben, administran, retienen, esconden, niegan o desvían a voluntad con recursos que no son suyos.
E, igualmente, he puntualizado la importancia de que los legisladores federales por Morelos, principalmente, pero con los del resto del país, cambien ese esquema de intermediarismo participativo de las transferencias económicas, primero porque los recursos son discrecionalmente manejados y sin una clara rendición de cuentas por los gobernadores, como el Graco-Duarte, y segundo porque los convierte en rehenes de la voluntad del tirano en turno, obligándolos a la incondicionalidad.
Puesto que el resto de 2016 y el año venidero serán extraordinariamente complicados y que los recortes en áreas básicas serán la constante y muy probablemente no los únicos a lo largo de 2017, conviene que los legisladores federales, por lo menos en el caso Morelos, además de conseguir la mayor cantidad de recursos para la entidad, los etiqueten con objeto de evitar que el Graco-Duarte tabasqueño los retenga, los escatime, los esconda o los utilice como instrumento de ahorcamiento contra los alcaldes.
Lo más sano sería cambiar las reglas, los mecanismos de coordinación fiscal, pero con el tiempo encima, lo más conveniente es que, efectivamente, cada vez que se liberen recursos acudan a la entidad a cotejar que, efectivamente, el desgobernador los entregó en tiempo y forma, sin chantajear a nadie. Sobre todo, lo indispensable es la rendición de cuentas.
Es de suma trascendencia el apego que los legisladores federales por Morelos tengan con sus distritos y con la gente de la tierra de Zapata para garantizar que las necesidades básicas de los ciudadanos no se minen.
Hay que entender el doble drama que vivimos en el país:
1.- Los recortes presupuestales en áreas básicas y de alto impacto social decretados por el Presidente Peña.
2.- Los ajustes y recortes que, en igual sentido, harán los mandatarios estatales para disponer de mayores recursos para sus proyectos prioritarios que, generalmente, son personales.
Y, peor aún, el eslabón más débil son los ayuntamientos, que no tendrán más camino que el servilismo si quieren al menos recibir una parte de lo que les toca.
Por lo regular, los gobiernos tanto Federal como los de los estados terminan gastando más de lo presupuestado, a pesar de los recortes, porque no están dispuestos a sacrificar áreas que para ellos son consideradas fundamentales, como sus emolumentos, lo mismo que la propaganda personal y sus proyectos de obra pactados con los constructores-socios, a los que no se han cansado de hacer ricos.
En el colmo de los males, a pesar de estar a luces vista la corrupción, suele ocurrir aquí también tan notoriamente lo que pasa en Veracruz: el Congreso local avala las cuentas del hoy prófugo que sigue teniendo ese poder, aunque ande desaparecido. De Graco y los diputados locales nos sobran muestras de la misma subordinación y control.
Coyunturalmente, los legisladores federales por Morelos tienen una enorme responsabilidad no sólo por la crisis económica que el país y la entidad enfrentan, sino por la particularidad del tipo de desgobernador que hoy tiene la tierra de Zapata.