El auditor titular, Juan Manuel Portal, señala que en los 16 años de vida de la institución es “la cantidad más alta que nosotros hayamos podido determinar”
Para la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el mal uso de los recursos públicos durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz ha sido de los más graves que ese órgano ha registrado.
En voz del titular de la ASF, Juan Manuel Portal, en los 16 años que tiene de estar integrada la ASF, no se había detectado un desfalco similar. “Yo diría que es la más alta que ha habido, la más alta que hayamos podido determinar nosotros en la historia de la Auditoría, que nace en el año 2000”, dijo Portal.
El auditor refirió —en entrevista en la Cámara de Diputados— que el monto de las observaciones de la ASF por los recursos cuyo uso no fue comprobado en Veracruz, sumado a las denuncias penales, asciende a 35 mil millones de pesos.
“Todos los estados tienen saldos pendientes de aclarar, unos son menores obviamente, pero hay estados que tienen todavía cantidades importantes”. Portal indicó que las denuncias que presenta la ASF resultan de procesos muy largos, pues las revisiones a las cuentas de los estados tienen dos años de desfase.
“Estamos hablando de un par de años, por lo menos, después de entregar nuestro informe, algunas veces podemos tener elementos y circunstancialmente entregamos denuncias de hechos antes de ese plazo”.
Portal Martínez informó que la ASF ha presentado, hasta ahora, 54 denuncias penales por irregularidades detectadas en el ejercicio de las finanzas públicas durante la gestión del ex mandatario veracruzano, ahora prófugo, Javier Duarte.
INHABILITAN A DIPUTADO FEDERAL. Por otra parte, en un caso relacionado con el desfalco en Veracruz, la Contraloría General del Estado informó que el diputado federal Antonio Tarek Abdalá Saad fue inhabilitado por diez años para desempeñar un cargo público.
Tarek Abdalá se desempeñó como Secretario de Finanzas de aquella entidad de abril del 2012 a abril del 2014 y se le conoce por su cercanía con Duarte de Ochoa.
La Contraloría General del Estado, encabezada por Ricardo García Guzmán, emitió un procedimiento disciplinario administrativo con número 171/2015, “tomando en cuenta los parámetros y tasación del elemento de gravedad”. Las acusaciones versan por presunta desviación de recursos destinados a educación y salud, de más de 300 millones de pesos.
La sanción establecida por la Contraloría ocurrió porque la falta rebasa mil veces el salario mínimo, además del incumplimiento de su responsabilidad como funcionario. La autoridad estatal deja a consideración de la Auditoría Superior de la Federación establecer la sanción económica correspondiente.
El procedimiento local inició en contra del diputado a petición de la Auditoría Superior de la Federación. Esto, a partir de la promoción de fincamiento de responsabilidad administrativa, en relación a irregularidades contenidas en el pliego de observaciones número PO0686/15 con clave de auditoría 13A-30000-14-0799-06-001 de la ASF sobre el manejo de fondos federales del año 2014.
La investigación de la Contraloría comprobó que Tarek Abdalá no entregó los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud por más de 315 millones de pesos, además de que en el proceso no entregó documentación comprobatoria de sus actos.
Tarek Abdalá fue acusado en febrero de este año de sostener vínculos con el narcotráfico. Esto, a partir de la publicación de una fotografía en la que se le ve en compañía de un jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación. En todo momento, el diputado priista ha negado esta relación.
Asimismo, el legislador fue acusado de desviar millones de pesos durante su paso por la tesorería veracruzana, a cuyos señalamientos contestó de la siguiente forma: “Estoy limpio; estoy dando la cara, soy una persona transparente”, y negó haber desviado mil 600 millones de pesos.
Las acusaciones en su contra contribuyen, según el diputado, a una “guerra de lodo, de acusaciones sin bases o con mentiras” que hay en Veracruz, en la coyuntura de las elecciones en puerta.
En aquel entonces, el priista mencionó que no tenía conocimiento o no había sido notificado de que existiera algún procedimiento legal en su contra, incluso diputados de oposición solicitaron un proceso de desafuero en su contra.
“Pues es un desafuero basado en una fotografía, no hay otra investigación que se lleva a cabo al respecto, yo puedo hablar con la persona que me pidan para poder aclarar cualquier situación; no requiere tener un desafuero, porque la información con la que se está especulando es solamente basada en una fotografía, de miles que me tomé en la campaña”, dijo.