I. ¿Ya no fue el Estado? Al menos eso da a entender Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quien ahora reconoce que el cártel Guerreros Unidos es el responsable de su desaparición. La rectificación se da tras el señalamiento de que no entregó dinero enviado por el grupo criminal a los padres de familia. Los presuntos vínculos de Vidulfo Rosales y el crimen organizado no son una novedad; en el Cisen lo han venido investigando desde hace ya un rato. ¿Será momento para que la PGR emita una opinión? La inminente conclusión de tareas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, advertida por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas, así lo recomienda también.
II. Dirán misa. Pero el trabajo de investigación por el caso Ayotzinapa del polémico Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes definitivamente concluirá el 30 de abril próximo. Y para que ya no haya duda, la ratificación del anuncio fue hecha por autoridades de la Cancillería. Está por demás que continúen los debates parlamentarios que se oponen a la decisión gubernamental. La postura en contra del diputado presidente, Jesús Zambrano, y del coordinador de los panistas en San Lázaro, Marko Cortes, así como de otros legisladores de oposición, ya no tiene eco en la Administración Federal. La decisión está tomada.
III. No los invitan. En los últimos meses, la mariguana tomó relevancia tal que, en vísperas de conocer la postura del presidente Enrique Peña Nieto sobre su uso y consumo en el país, la Conferencia del Episcopado Mexicano contestó que no “satanizan” la utilización de la yerba con fines médicos, pero tampoco avalan su uso lúdico. El cardenal José Francisco Robles Ortega, presidente del Episcopado, explicó que, aunque no recibieron invitación del gobierno para participar en los cinco debates que organizó, la Universidad Pontificia convocó a un foro en marzo pasado en el que se expuso la postura de la Iglesia. Y pues, nada. Sólo como remedio casero, no para provocar risa.
IV. Indefendible. Los abogados de Lucero Sánchez López, La Chapodiputada, ofrecieron a la Cámara de Diputados las pruebas periciales sobre la presunta visita que realizó al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera en el penal federal del Altiplano, en abril de 2014. Advierten que no existe un video de la entrada de la diputada al penal, sino que solamente existen fotos. Obviamente, en su defensa comentan que no saben ni tienen conocimiento de que haya entrado a ver al capo. ¿Es en serio que ahora no hay video? ¿Y entonces las fotos de dónde salieron? ¿Y las huellas digitales? ¿Y el reconocimiento facial que se hace al entrar y salir de un penal de alta seguridad? ¿No son pruebas suficientes?
V. Ladrones de lujo. Lo que hizo Uber en los últimos días debe llamar a la reflexión. ¿De cuándo a acá el precio por el transporte se volvió un artículo de superlujo? Por abusivos, los de Uber se ganaron su buena tanda de memes. Y es que, ante la contingencia, los choferes de este servicio privado-tecnológico se ganaron el repudio social, tras un grosero aumento a sus tarifas avalado por lo que ellos llaman su tarifa dinámica, que no es más que un arma virtual para asaltar a los usuarios. El día más complicado para los habitantes de la Ciudad de México, debido a las contingencias ambientales, se vio aderezado por el abuso en despoblado. Pero, más allá de la risa, ¿en verdad no les van a dar castigo alguno? Qué pena. Poco solidarios. Perdieron adeptos.