* MUNICIPIOS EN PENURIA
El escenario financiero de Cuernavaca se repite a lo largo y ancho de Morelos. Los municipios se enfrentan a la parálisis con respecto a la creación de nueva infraestructura, simple y sencillamente porque no tienen ingresos suficientes. Y los que existen, están comprometidos para pagar laudos laborales o saldar antiguos adeudos municipales, incluidos los créditos e intereses adquiridos por anteriores administraciones. Se le denomina “deuda histórica”. Asimismo, los 33 ayuntamientos se sostienen con una dependencia absoluta de los gobiernos federal y estatal, que a su vez también soportan la escasez de recursos. El gobierno de la República ha cancelado centenares de proyectos de desarrollo debido al recorte presupuestal tan debatido en el Congreso de la Unión, y las administraciones de los estados enfrentarán a partir de enero la drástica reducción en las participaciones federales. En este contexto, todos los gobernadores, así como las representaciones de las entidades federativas en la Cámara de Diputados, andan en pos de recursos frescos o partidas especiales, a fin de evitar un mayor estancamiento económico e inclusive la ingobernabilidad.
Este escenario lo advertimos en diciembre del año pasado, cuando los 33 presidentes municipales electos se disponían a tomar posesión el primero de enero de 2016. Conforme nos perfilábamos hacia la transición de los gobiernos municipales, se vislumbraban los escenarios de precariedad. Empero, hasta el día de hoy la situación no es tan diferente: los alcaldes siguen aguantando condiciones de empobrecimiento, lo cual afecta el desarrollo económico regional, la seguridad pública, el otorgamiento de servicios, etcétera. Y es que el desafío no es simplemente recoger la basura, poner gasolina al parque vehicular de las comunas, dotar de agua potable y alcantarillado a las colonias, sino de cómo construir un mejor Morelos hacia el futuro. Para documentar lo anterior proporcionaré un dato: la deuda de los 33 municipios creció 546 por ciento durante el trienio 2009-2012. Y se les heredó a los actuales ediles. Los pasivos recaen sobre dos principales rubros: préstamos con instituciones financieras y laudos laborales. En este último aspecto (los laudos), dichos pasivos se sitúan en alrededor de 800 millones de pesos (conservadoramente hablando).
La gran mayoría de municipios mexicanos tiene una raquítica participación en la realización de obras e infraestructura de beneficio comunitario; la razón fundamental radica en la carencia de recursos financieros, ya que son ingresos derivados en su mayor parte de las participaciones fiscales, que apenas permiten solventar sus estructuras administrativas (obesas en casos concretos), así como otros gastos de operación como puede ser el alumbrado público. Si bien los ayuntamientos están identificados por la población como instancia efectiva de atención a sus demandas de obras públicas e infraestructura, en la práctica dicho papel corresponde a las dependencias federales y estatales. Desde hace años se ha postergado una profunda reforma constitucional en materia municipal. Y mientras no lleguen las grandes transformaciones, los municipios seguirán padeciendo penurias y riesgos.
Para ilustrar los problemas afrontados por los presidentes municipales de Morelos, a continuación me referiré a lo declarado por el de Miacatlán, Francisco León y Vélez, quien ha reconocido que a pesar de tener experiencia y formación en torno a la administración municipal, hoy se sitúa frente a la grave problemática que significa administrar la miseria y combatir el fenómeno de la delincuencia. Admitió lo que es de sobra conocido: tal como indudablemente ocurrió en los 32 ayuntamientos restantes, el de Miacatlán lo hizo en virtual quiebra técnica. Los laudos vencidos eran 200, equivalentes a más de 16 millones de pesos en procesos ejecutoriados; es decir, el dinero debe pagarse o de lo contrario el alcalde y su cuerpo edilicio están en riesgo de ser destituidos. De esa deuda se cubrieron alrededor de cuatro millones de pesos, que bien pudieron destinarse a obras y nueva infraestructura. León y Vélez ha sido dos veces presidentes municipal y diputado local en dos ocasiones. Tal experiencia, así como el conocimiento de los cauces institucionales, le han servido para salir a gestionar la obtención de mayores recursos, sin endeudar más al Ayuntamiento. La búsqueda de presupuesto la ha efectuado antes instancias estatales y federales. Etcétera, etcétera.
El 20 de diciembre de 2012 escribí lo siguiente: “A la secretaria de Hacienda del Estado, Adriana Flores Garza, le correspondió recibir un estado de precarismo. Su escenario no es nada positivo, pues deberá administrar la pobreza y sacar agua de las piedras, si es que aún existen piedras. Una de sus principales misiones será pagar los platos rotos de la compleja estructura financiera nacional cuyas líneas programáticas son trazadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dependencia de la cual proviene más del 95 por ciento del Presupuesto de Egresos de cada entidad federativa”. Allá y entonces mucho se había informado, desde el Congreso local, sobre el Paquete Financiero 2013, mismo que era observado como la panacea para la sociedad local allende el primero de enero de 2013. Me parece que Jorge Michel Luna, quien relevó hace apenas unas semanas a Adriana Flores Garza, también deberá hacer frente a los vaivenes financieros del gobierno de la República, cuya problemática sigue derivando de pésimos precios internacionales del petróleo y del comportamiento de los agentes económicos norteamericanos. Hasta los comicios en Estados Unidos tendrán impacto en nuestra economía. Michel sabe que las ministraciones o participaciones enviadas a Morelos por la SHCP no vendrán completas o simplemente no aparecerán durante el primer trimestre de 2017. Y hoy que se debate en el Congreso morelense el paquete financiero del año próximo, todos los titulares de dependencias y organismos descentralizados quieren más dinero. Estaremos atentos y después diremos.