El secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, afirma que la reforma laboral constitucional en proceso, es una respuesta a los problemas que plantea el siglo XXI, por lo que debe ser concretada. Subraya que no es una reforma menor y que “la justicia laboral así como está hoy, es el verdadero corporativismo”.
En reunión con miembros del Consejo Editorial de Crónica, formado por directivos y colaboradores de este diario, se llevó a cabo una conversación colectiva con el titular de la dependencia, que abordó muchos aspectos relacionados con el mundo del trabajo. En ella, entre otras cosas, Navarrete Prida señaló que, para finales de mes, habrá habido más de dos y medio millones de altas al IMSS en esta administración, producto del crecimiento y también del proceso de formalización de la economía. También hizo ver que “llevamos tres años sin una sola huelga federal”, lo que habla de una paz laboral sin precedente en México.
Estos son los puntos nodales de la primera parte de la conversación con Alfonso Navarrete Prida, que fue muy sustanciosa, además de amena.
El secretario inicia con una amplia descripción de la situación laboral del país:
El primer dato, de donde tenemos que partir –expresa Navarrete–, es que México tiene un mercado laboral asimétrico, marcado por la desigualdad en la distribución del ingreso. El 10 por ciento más rico gana 27 veces más que el que menos tiene. También tiene un bono demográfico que no se repetirá. Este bono es, al mismo tiempo, oportunidad y reto, porque implica dar primer trabajo cada año a 800 mil personas.
Hay poco desempleo abierto, sí, pero señala que esa estadística esconde otra: hay 10 millones de mexicanos con trabajo en condiciones críticas, y la informalidad laboral es enorme.
Los Sindicatos y los millennials. Todo esto se da, explica Navarrete, en un entorno internacional es muy complejo, “hay un incremento del desempleo, derivado de la combinación de un bajo crecimiento económico y de la cuarta revolución industrial liderada por la tecnología de la información”. Otra diferencia respecto al pasado es que el nuevo empleo no viene de empresas antiguas ni de empresas grandes.
El cambio de entorno hace que los sindicatos trabajen en un ámbito en el que la inteligencia artificial gana terreno y “la tecnología de la información abre nuevos espacios de vulnerabilidad para los no nativos en materia informática”, es decir, las personas de más de 40 años.
Y también un cambio cultural en proceso, que trae un nuevo tipo de demanda de empleo. La actitud de los millennials ante el trabajo es diferente a la tradicional, considera el titular de la STyPS: el millennial no piensan en la jornada común de trabajo, ni en trabajar muchos años en una empresa, les gusta combinar empleos diferentes o hacerlo en casa, demandan prestaciones y flexibilidad al mismo tiempo, tienen poco interés en sindicalizarse y, como son jóvenes, no les preocupan en lo más mínimo temas que luego pueden ser muy importantes, como la jubilación.
De la introducción, Navarrete llega a una conclusión política: las condiciones exigían las reformas. Las ya aprobada y la que está en curso.
“La idea del Pacto por México era dotar al país de mejores herramientas para los problemas del Siglo XXI”, dice. “El Pacto por México tuvo costos para todos; era necesario”, considera. De ahí la reforma laboral, “que flexibilizó la contratación para que hubiera un incremento en el empleo formal, y eso implicó una serie de medidas que nos permitieran evitar abusos de los empleadores. Significó que hubiera más trabajo digno, con seguro social y prestaciones. Y también implicó prepararnos para una reforma de justicia laboral, porque necesariamente la reforma iba a implicar fricciones en el mundo del trabajo”.
Termina su exposición inicial, con datos que ubican lo que se ha logrado, pero también las zonas donde queda por hacer.
El número de altas en el IMSS ha subido en 2.3 millones de personas y antes de fin de año llegará a 2.5 millones. Se ha reducido la tasa de informalidad laboral, a 56.6 % de la Población Económicamente Activa. “Es muchísimo, pero hay que tomar en cuenta que ahora medimos la informalidad a través del empleado: informal no es quien trabaja para un empleador que no paga impuestos (que son como 15 millones), sino quien no tiene prestaciones (y son cerca de 30 millones)”.
Eso significa –responde cuando le pedimos que precise- que de los empleos formales creados en estos cuatro años, poco más de un millón se debe a crecimiento económico y 1.2 millones son por formalización.
Navarrete Prida acepta que el empleo que se ha generado “es precario, con inequidades”. Pero rescata otros datos positivos: el 42 por ciento de los nuevos empleos son para mujeres, con lo que se ha cerrado un poco la brecha de género. También hace hincapié en que ha aumentado la productividad del trabajo, a un ritmo de 2 por ciento anual y ha disminuido la siniestralidad: muertes y accidentes en el trabajo.
Años sin huelga. “Llevamos tres años sin una sola huelga federal”, dice también, con un timbre de satisfacción. Acota que es “el mayor periodo de paz laboral desde que se promulgó el Artículo 123 de la Constitución”.
En materia de ingresos, el aumento de los salarios contractuales reales ha sido de 1.8%; el del salario mínimo, de 6%. “Es poquísimo”, admite, “respecto a una pérdida de 75 por ciento desde 1976”.
Y sin las juntas... La pregunta obligada es sobre las razones y las implicaciones de la Reforma en Justicia Laboral, que trata de la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de los contratos de protección y sindicatos blancos, ha sido aprobada en el Senado y que se discute en la Cámara de Diputados.
“La reforma al 123 no es menor”, responde de inmediato. “El modelo tripartita de conciliación de conflictos era el paradigma del Siglo XX, En el Siglo XXI ya no”.
“La justicia laboral, así como está, es el verdadero corporativismo. El cuello de botella se hizo enorme. Todo se difiere. Se creció de 8 a 63 juntas, y el número de asuntos no disminuye, pero sí la calidad de los laudos, que son enmendados con cada vez más frecuencia por jueces federales”.
El secretario del Trabajo va más allá: “Las juntas no representan a los patrones, sino a los representantes legales de algunos patrones de México. Tampoco representan a los trabajadores, sino a los representantes de una organización sindical”. Por eso, argumenta, “requerimos órganos descentralizados especializados, que la toma de nota (de la titularidad de los contratos colectivos) no sea una decisión política. Queremos sindicatos fuertes, pero que sean representativos, no corporativos”, concluye.
Reconoce que la reforma no cayó bien ni a la Coparmex ni a la CTM. “Se pusieron de acuerdo en su contra, cuando uno pensaría que, por quienes representan formalmente, serían como el agua y el aceite. Pero al final fue la única reforma constitucional que aprobó el senado sin votos en contra y sin abstenciones”.
Se le preguntó a Navarrete sobre posibles complicaciones políticas de la aplicación de la reforma. Aprobar es a menudo más fácil que aplicar, como hemos visto con la reforma educativa.
La primera aclaración que hace el secretario es que no será despedido el personal de las juntas de conciliación y arbitraje; “una transición como la planteada no se puede hacer sin ellos”. Pero señala que “el asunto está contaminado por intereses corporativos. En el lado empresarial, Concamin, Concanaco y Canacintra están de acuerdo; Coparmex no, porque funciona como intermediario. Algo muy similar sucede en el lado de los trabajadores”.
Navarrete Prida considera que las partes deben sentarse a dialogar sobre el futuro. Obviamente no está en el interés del gobierno golpear a los factores de la producción. Es entendible que haya resistencia a admitir que las condiciones objetivas han cambiado. “Cuando teníamos las respuestas, cambiaron las preguntas”, dice para señalar que el contexto económico y social ha cambiado y las fórmulas del pasado ya no sirven.
Otra dificultad que prevé es el papel que puedan jugar algunos gobernadores y legisladores en la aprobación final de la reforma, ya que “al existir una suerte de balcanización de liderazgos, multiplica las negociaciones”. Dice que no faltará quien pretenda dar su apoyo a la reforma de justicia laboral en función de lo que le toque de presupuesto, mezclando asuntos que no deberían enlazarse.
Los datos de la STPS
Servicio Nacional de Empleo. Ha atendido a más de 19.5 millones de personas, colocando en un empleo a más de 5.2 millones.
Supervisión y formalización. Para prevenir abusos contra los trabajadores (una amenaza ante la nueva flexibilidad laboral), se han realizado 77 mil visitas de inspección en materia de formalización del empleo.
Supervisión a empleadores. Adicional al punto anterior, se han efectuado 476 mil visitas de inspección habitual, a favor de 23 millones de trabajadores.
Para fortalecer la vigilancia. Para el cumplimiento de la legislación laboral, las plazas de inspector federal aumentaron 19%, lo que representó la creación de 150 plazas.
