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Fiscalización real a gobernantes y congresos?

Tanto a nivel federal como estatal, los congresos son los recintos por excelencia –acaso después del Presidente y los gobernadores- para la opacidad y el reparto de dinero a raudales, con los correspondientes desvíos y recursos extraviados en la chistera de algún mago. ¿Hasta cuándo llegará la rendición de cuentas a los poderes legislativos del país, y no sólo en lo económico, sino particularmente en su desempeño, junto con el de los gobernantes?

Los organismos fiscalizadores al interior de los distintos poderes legislativos del país no funcionan porque dependen de los congresos mismos, no se trata de ejercicios de auditoría realizados por entes autónomos e independientes, mucho menos integrados por la sociedad.

La necesidad de desterrar la opacidad entre los diputados de todo el país es evidente. En los mecanismos de autolavado de cara nadie comulga ni simpatiza: no sirven, son inútiles. Equivale a cuando Virgilio Andrade investigó el caso de la “Casa Blanca” de Peña Nieto.

Y equivale al hecho de que, a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación reportó y denunció mucho hace el saqueo del desgobernador Javier Duarte en Veracruz, ni la Secretaría de Hacienda, mucho menos la Procuraduría General de la República, hicieron lo que correspondía para evitar que continuara, prácticamente hasta el final de su administración, saqueando a la entidad.

¿Por qué, si se tenían todos los elementos para proceder en su contra? ¿De qué sirven entonces los organismos de fiscalización, si carecen de dientes, y si la aplicación de la ley, a pesar de los reportes, se maneja con criterios político-partidistas?

Y si Enrique Peña Nieto dice que ningún gobernante se levanta pensando cómo “joder a México”, el hecho es que muchos gobernantes sí lo hacen con amnesia, con ceguera, con desinterés y/o complicidad para no actuar contra los cuates que sí desgracian a estados como Veracruz.

En nuestra entidad federativa existen reportes de dinero “extraviado”, por decir lo menos, que no ha sido justificado, y que todo parece indicar se reducirá a borrón y cuenta nueva, otra vez la impunidad.

Y es que no hay ladrón en su sano juicio que se haga acompañar de un verdadero y honesto policía para impedirle cometer sus fechorías, por lo que todo intento de crear organismos fiscalizadores, contralorías, que no sean integradas por verdaderos expertos independientes, autónomos, se trata de simple y ofensiva simulación.

Ahora bien, si en los congresos tanto de la Unión como de los estados esta es la constante, y si ya vimos lo que es capaz de hacer un desgobernador como el Duarte de Veracruz, con todo el descaro del mundo, ¿qué no podrá hacer el Duarte tabasqueño que desgobierna Morelos?

Hay que considerar que el propio Graco destituyó a quienes en el Congreso local iban a revisarle las cuentas, los préstamos y que ya habían dado indicios de desviaciones de recursos.

Y ahí van aparejados, en la opacidad y acaso hasta en las complicidades, tanto en el plano federal como en los estados, y Morelos no podría ser la excepción, los gobernantes y los diputados.

Los colegios de contadores, los expertos, bien podrían exigir cuentas y revisar los dineros del Ejecutivo y Legislativo vía la las legislaciones en materia de acceso a la información.

Sin embargo, nadie quiere confrontarlos, no sea que, como el que quiere cuentas claras y justicia en la entidad, sean acusados de narcos, o empiece a haber muertos, como ocurre en el gremio de los abogados…

 

 

 

 

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