Además, la legisladora Hortencia Figueroa reconoció que su compañero Jesús Escamilla también ejerce violencia política contra ellas, tal y como sucedió en la sesión pasada.
En conferencia de prensa y acompañada por la panista Norma Alicia Popoca Sotelo, reconocieron que en el marco del próximo 25 de noviembre en que se conmemora el Día de la No Violencia contra las Mujeres, es importante que el Congreso del Estado apruebe que la violencia política sea calificada como un delito para poder sancionar a aquellos funcionarios que la cometen.
Las legisladoras se sumaron a la denuncia y exigencia pública de la síndica de Amacuzac, Susana Fuentes Rodríguez, para que cesen las actitudes discriminatorias en contra de funcionarias municipales.
Acompañadas de representantes de distintas organizaciones civiles a favor de los derechos políticos de las mujeres, lamentaron las actitudes de exclusión que ha sufrido Fuentes Rodríguez por el alcalde Jorge Miranda Abarca.
La legisladora refirió que diversas funcionarias municipales se han acercado a su Comisión para informarle sobre actos de violencia política y señaló que existen casos en distintas localidades del estado que no son denunciados abiertamente por temor a represalias.
Por su parte, Figueroa Peralta aseveró que se trabaja para erradicar esta situación y reiteró su compromiso para que se respete la labor de cualquier funcionaria en el estado, sin importar colores partidistas.
Ambas legisladoras se comprometieron a apoyar la pronta aprobación de la Ley de Violencia Política y proponer las reformas necesarias para que en la misma Ley Orgánica Municipal se protejan los derechos políticos de las mujeres que sean elegidas o designadas para cualquier cargo público.
En el evento se informó que el 16 de abril fue suspendido el pago del salario de la síndica municipal de Amacuzac, sin presentar elemento jurídico alguno que sustentara esta acción, por lo que se presentó una demanda formal ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) para la protección de los derechos político-electorales.
Ante la falta de solución por parte del TEEM, se procedió a interponer una nueva demanda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual emitió su resolución el 18 de octubre a favor de la síndica Susana Fuentes Rodríguez, en donde se requiere al edil de Amacuzac realizar el pago de las remuneraciones retenidas, dándole como plazo 10 días hábiles para cumplir con esta sentencia, pero a la fecha no lo ha hecho.
Igualmente fue presentada una denuncia por discriminación en la Fiscalía General del Estado en contra de Jorge Miranda, misma que se encuentra en proceso de investigación en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.