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Propone Santillán ‘agilizar’ protocolos de búsqueda de menores de 20 años

A lo largo de este año la desaparición de jóvenes entre 14 y 17 años ha sido recurrente, resaltó

El diputado local Francisco Santillán Arredondo propuso que la Fiscalía General del Estado, active los protocolos de búsqueda, localización y rescate de cualquier persona menor de 20 años desde el momento de su desaparición, sin que tengan que transcurrir las 72 horas que marca la Ley.

Advirtió que la desaparición de jóvenes entre los 14 y 17 años de edad, ha sido recurrente a lo largo de este año “de manera general” en Cuernavaca y en Morelos.

“Las desapariciones se han incrementado hasta en un 200% de acuerdo con organizaciones civiles y de la Unidad Especializada de Investigación de Personas no Localizadas o Extraviadas del Estado”, agregó.

Santillán reconoció que lamentablemente, "hay muchas señales que nos muestran que Morelos, se convirtió en un Estado de origen, salida y paso de estos cargamentos humanos por la falta de recursos de las instituciones públicas encargadas de procurar y prevenir los delitos”.

Agregó que lo más alarmante, es que la trata de personas es uno de los delitos más crueles que existe en la actualidad, pero también, es uno de los más redituables a nivel mundial, sólo superado por el  tráfico de drogas y de armas.

La propuesta del legislador aliancista fue ‘canalizada’ al Fiscal General del Estado, Javier Pérez Durón a través de un exhorto del pleno legislativo, que fue aprobado de manera unánime.

Al Comisionado Estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, la Cámara de diputados lo llamó a intensificar la vigilancia en los 33 municipios de Morelos con presencia de elementos del Mando Único de forma continua las 24 horas del día.

Por último, el diputado Santillán Arredondo llamó a sus homólogos de las Comisiones de Seguridad, así como de Justicia y Derechos Humanos, para que elaboren  una Ley para prevenir y sancionar la trata de personas o en su caso, se armonice el marco jurídico penal de Morelos para sancionar con mayor severidad la trata de personas en el Estado.

 

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