Cuando en 2006-2009 fue alcalde de Temixco Javier Orihuela García y el Congreso Estatal le autorizó un crédito de 25 millones de pesos sólo para obra pública, corrió el rumor de que una buena parte de los recursos del empréstito fueron usados para pagar laudos generados por denuncias laborales, antiguas y recientes. Pero también para aprovechar el dinero fresco y hacer negocio con los pagos. Se dijo que la maniobra fue tan simple como efectiva: un personero del presidente municipal se reunía en privado con los abogados o los mismos demandantes y éstos aceptaban las liquidaciones, firmaban por cantidades mayores a las recibidas y la diferencia se la llevaba el enviado del edil. Verdad o no, se sospechó de un negocio de varios millones de pesos y en este sentido llegaron las versiones al cabildo porque los trabajadores indemnizados con sumas menores a las que reclamaban se arrepintieron y abrieron la boca, o debido a que el personero del alcalde era uno de los miembros del propio cabildo a quien casualmente habían visto con abogados y trabajadores demandantes en reuniones que se les hicieron “raras”. Otro tanto podía estar sucediendo en más ayuntamientos, perpetrando los presidentes municipales negocios personales bajo el mismo sistema, pero fue en Temixco donde trascendió con pelos y señas sobre trabajadores despedidos años o meses atrás que de pronto “se arreglaron”… La figura de una “tercería”, operada por una institución oficial habría evitado las “transas”. Revelado por el diputado Jaime Álvarez Cisneros, de eso trata el fondo del acuerdo del gobernador Graco Ramírez con el propósito de rescatar a los presidentes municipales a quienes los laudos tienen a maltraer, tanto que por resoluciones desacatadas el Tribunal Colegiado de Circuito no sólo puede destituirlos, también ser consignados penalmente a jueces de distrito y eventualmente parar en prisión. De acuerdo a la declaración de Álvarez, el rescate financiero de funcionarios municipales agobiados por laudos puede ser por medio de un tercero, “como en las quiebras de empresas”, con créditos de bancarios por 400 millones de pesos exclusivamente para pagos de laudos aplicados no por los ayuntamientos sino por la tercería. Además, esta fórmula posibilita pagar pesos a centavos y ahorrar una fuerte suma a los municipios. Ejemplo: negociaciones en las que por cada peso se paguen veinte centavos, los demandantes reciban recursos que han esperado por años y por fin los ayuntamientos queden en cero laudos y sin demandas. Prefigurado en estos términos por Graco, según la exposición del propio coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano faltan por detallar los montos de los laudos y el costo financiero de la banca. Mencionados constantemente como sujetos a punto de ser destituidos por la justicia federal debido a laudos pendientes, todos los alcaldes están en esta situación pero el riesgo es mayor para los de Cuernavaca, Cuautla, Emiliano Zapata, Jojutla, Zacatepec, Puente de Ixtla, Amacuzac, Axochiapan, Huitzilac, Jonacatepec, Miacatlán, Temoac, Tlaquiltenango y Yecapixtla. Esto último según declaraciones recurrentes de la secretaria del Trabajo, Gabriela Gómez Orihuela, que apenas el 10 de marzo advirtió: “ahora nos preocupa que recientemente llegó la resolución por parte de un Tribunal Colegiado de Circuito que indica que ellos (los magistrados) podrán ordenar la separación del cargo de los cabildos y su consignación penal ante el juez de distrito que les corresponda”. Señaló que las resoluciones de los tribunales federales son cada vez más fuertes y severas, como ordenar destituciones y consignaciones, de modo que los cabildos que enfrentan juicios federales son los que están en más riesgo. Y abundó: anteriormente los tribunales colegiados enviaban los expedientes al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en este lapso los ediles podrían alcanzar la conciliación o ganar tiempo para obtener recursos y pagar los laudos, pero con esta notificación los plazos se acortan y ello afecta a los ayuntamientos. Por estos días la deuda total de los municipios por poco más de 450 laudos rondan los quinientos millones de pesos, derivados de expedientes que iniciaron en 2003 e incluso antes y vinieron aumentando cada tres años con las entradas de nuevos presidentes municipales que despiden a trabajadores para darles trabajo a parientes, amigos y cumplir “compromisos de campaña” en una cadena de irresponsabilidades que ahora tiene a los alcaldes con el Jesús en la boca… ME LEEN MAÑANA.
Atril
José Manuel Pérez Durán
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