CIUDAD DE MÉXICO.
Los gobernadores que retengan los recursos federales a los municipios o el jefe de Gobierno que no entregue el dinero etiquetado a las delegaciones tendrán responsabilidades de carácter civil, administrativo o penal, de acuerdo con el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017.
Por primera vez, la Cámara de Diputados puso reglas en el PEF con el objetivo de evitar confrontaciones entre gobernadores y alcaldes por la entrega de recursos, como sucede en Veracruz.
Los estados y los municipios fueron los que más ganaron con la repartición de recursos públicos para 2017, al tener un incremento de 63 mil 818 millones de pesos en participaciones federales respecto de lo etiquetado este año, además de un aumento de 35 mil 575 millones de pesos en aportaciones federales.
El Pleno de la Cámara de Diputados seguía, al cierre de esta edición, con el debate del Presupuesto 2017, uno de los más castigados, dijeron algunos legisladores.
En lo general, el dictamen se aprobó con 438 votos a favor y 36 en contra. Se presentaron 300 reservas, pero el acuerdo entre las principales fuerzas políticas fue no modificar el documento.
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública reasignó 67 mil 707 millones de pesos, sobre todo para proyectos de infraestructura, salud, educación y cultura. En total se distribuyeron cuatro billones 888 mil 892.5 millones de pesos.
El artículo noveno transitorio es el que establece cómo se evitarán las pugnas por la retención de recursos federales de gobernadores a alcaldes y, en su caso, del jefe de Gobierno a los delegados.
Las entidades federativas no podrán establecer requisitos adicionales ni realizar acciones u omisiones que impidan el ejercicio eficiente, eficaz y oportuno de los recursos públicos que por su conducto se transfieran a los municipios y, en su caso, a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.”
Los gobernadores y el jefe de Gobierno deberán publicar en internet la fecha, el monto de las transferencias y el número de identificación de las transferencias de los recursos federales aprobados para municipios y delegaciones. Deberá ser público en un plazo no mayor a 10 días naturales posteriores a la transacción.
El incumplimiento a lo previsto en el presente artículo, incluyendo el destino de los recursos correspondientes, será sancionado por las autoridades competentes en términos de la legislación aplicable, sin perjuicio de las responsabilidades de carácter civil, administrativo o penal que, en su caso, se determinen”.
El dictamen precisa que para 2017 las localidades recibirán 742 mil 566 millones 220 mil 934 pesos por participaciones federales, más de lo que recibieron este año, incluso más de lo que planteó el Ejecutivo federal para el rubro. Además de 651 mil 861 millones 755 mil 922 pesos por aportaciones federales.
Por otro lado, se le inyectan dos mil 400 millones de pesos al Fondo de Capitalidad, pues la falta de recursos para este rubro causó confrontación entre el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y autoridades federales; incluso, el Legislativo le dio 500 millones de pesos al Metro.
También se etiquetan 750 millones de pesos al fondo fronterizo para infraestructura de las localidades del norte y sur. Diputados del PAN, encabezados por Gina Cruz, destacaron que este fondo fue gestionado por el blanquiazul para responder, de manera parcial, a las afectaciones por la reforma fiscal de 2013.
Además, se inyectan dos mil millones de pesos a proyectos dirigidos a mitigar la pobreza de las zonas económicas especiales. En suma, en materia de comunicaciones y transportes se asignaron 84 mil 628 millones de pesos.
El dictamen especifica, asimismo, que la Secretaría de Hacienda deberá hacer las adecuaciones presupuestarias para que se provean los recursos para la operación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.
Pese a que esta Secretaría no obtuvo un presupuesto específico, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el priista Alfredo del Mazo, declaró que hay una bolsa de cinco mil 500 millones de pesos para el Sistema Nacional Anticorrupción.
Perfilan evitar uso discrecional
Los diputados plantean nueve mil millones de pesos al Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece), que en años anteriores manejaron los legisladores de manera discrecional para condicionar obras en sus estados y municipios.
No obstante, en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017 se proyecta ponerle reglas a ese fondo.
El Fortalece es parte del ramo 23 del PEF “Provisiones salariales y económicas”, y para evitar el uso discrecional de los recursos públicos se propone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca las disposiciones específicas a más tardar el 31 de enero.
En el proyecto del PEF que propuso el Ejecutivo federal, este rubro no tenía etiquetados recursos debido a la polémica que causó en años anteriores.
A pesar de que las reglas de operación las debe fijar Hacienda, el PEF plantea las bases y destaca que las ministraciones de recursos federales podrán ser suspendidas en caso de incumplimiento. Se indica, por ejemplo, que “en el caso de los proyectos de infraestructura cuyos montos sean iguales o menores a 10 millones de pesos, las entidades federativas, así como los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberán presentar la cédula del proyecto, que incluya, cuando menos, lo siguiente: los datos, la descripción y la geolocalización de la obra; recursos solicitados y retenciones; calendario de ejecución, componentes y metas, así como su factibilidad”.
Con la reciente reforma al Código Penal Federal, cabe recordar, se estableció que se castiga hasta con 14 años de prisión el cohecho del legislador federal que, en el ejercicio de sus funciones o atribuciones y en el marco del proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos respectivo, gestione o solicite el otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios en favor de determinadas personas físicas o morales.
Pemex, entre las más castigadas
Los poderes Legislativo y Judicial, además de la mayoría de los organismos autónomos, tendrán mayores recursos en 2017 que los que tienen etiquetado para este año. Por el contrario, Pemex y las secretarías de Estado serán las instituciones más castigadas en su presupuesto.
Tan sólo la Secretaría de la Función Pública tuvo un recorte de 120.8 millones de pesos respecto de lo que solicitó para 2017, mientras las demás tendrán aumentos o quedarán en lo que solicitaron. Sin embargo, todas contarán con menor gasto en comparación con lo etiquetado este año.
Petróleos Mexicanos (Pemex) fue de las instituciones más castigadas, ya que para 2016 contaba con un gasto de 478 mil 282 millones de pesos y para 2017 tendrá 391 mil 946 millones 173 mil 180 pesos.
Con un aumento respecto de lo que pidieron en el proyecto del PEF 2017 que envió el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados, la Secretaría de Gobernación tendrá el próximo año 58 mil 187 millones de pesos, Educación Pública 267 mil 655 millones de pesos, Desarrollo Social 105 mil 339 millones de pesos, Relaciones Exteriores siete mil 819 millones de pesos, Hacienda 26 mil 857 millones de pesos, Defensa Nacional 69 mil 407 millones de pesos y Marina 26 mil 336 millones de pesos, por ejemplo.
La Cámara de Diputados, el Senado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por ejemplo, lograron un presupuesto más alto en comparación con el del presente ejercicio fiscal.
Así, la Cámara de Diputados pasará de siete mil 460 millones de pesos a siete mil 629 millones de pesos; el Senado de cuatro mil 421 a cuatro mil 541millones de pesos; la ASF de dos mil 120 a 2 mil 275 millones de pesos; la SCJN de cinco mil 87 a cinco mil 488 millones de pesos y el CJF de 55 mil 872 a 60 mil 863 millones de pesos.
Todas estas instituciones tendrán más recursos que en el 2016, aunque sufrieron un recorte en el proyecto de presupuesto que plantearon para 2017.