Más de tres mil demandas de carácter laboral, económico, social y profesional, y un alza salarial que rompa nuevamente con los topes impuestos por la federación a los trabajadores organizados del país, es el reto que se ha impuesto el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para este año, tras anunciar la integración de su Pliego Nacional de Demandas 2016, listo para entregar a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Dos parámetros debió considerar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el diseño de su pliego petitorio que estará entregando a la Federación los próximos días. Primero, el aumento de 4.2 % al salario mínimo que opera para este año y que es una referencia general de las perspectivas económicas para este año en materia de inflación y crecimiento principalmente. Segundo, el mucho menor incremento aceptado por los trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, de 3.15% pactado en enero pasado y que impone un tope salarial a los trabajadores al servicio de la educación pública en el país; tope mucho más mítico que real, pues en los últimos años, el referente UNAM ha sido rebasado incluso por otras universidades públicas en el país.
El SNTE ha sido siempre un caso aparte en las negociaciones salariales de la educación en México. De hecho los incrementos salariales a los trabajadores de la educación básica desde el 1992 han superado ligeramente los cálculos inflacionarios y, aunque insuficientes en términos de Justicia laboral, han garantizado la estabilidad en el servicio educativo gracias, mucho más a los buenos oficios del sindicato que a la generosidad gubernamental. No obstante hay dos realidades que presionan las negociaciones de 2016 lo que podría generar tensiones y disminuir la capacidad de negociación en las mesas de trabajo.
El primer factor que complica el diálogo es la desaceleración económica que padece el país y que establece importantes límites a los acuerdos en materia salarial. La sentencia desde el gobierno federal, "no hay dinero" es cierta esta vez y limita con mucho las posibilidades de hacer justicia a un magisterio que ha demostrado capacidad, trabajo y disciplina. Los números no favorecen a la capacidad de respuesta del gobierno federal que tiene en la mesa, según especialistas, un limitado 3.3% para negociar con los trabajadores de la educación.
El segundo componente que dificulta las negociaciones es la crisis en las relaciones de los gobiernos estatales, hasta el año 2013 patrones del magisterio en el país, y las secciones del SNTE en los estados. La acumulación de adeudos, y en algunos casos los notorios abusos de autoridades educativas bastante corruptas y que pretenden exprimir hasta el último resquicio de poder que les ha dejado la reforma educativa, hacen que el tema sea obligado para tratarse en una mesa de negociación con el gobierno federal y considerado como uno de los puntos de acuerdo y desplazando así la incorporación de otros temas en una mesa que, debiendo buscar la construcción de futuros, se estaría concentrando en resolver el pasado. Naturalmente, la lógica haría tratar los temas en apartados, pero la realidad es que la centralidad que en algunos estados han tomado los temas de los abusos y adeudos, serán factor para contaminar el diálogo en todos los niveles, veremos…
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