La dependencia señaló que las medidas, que forman parte de una estrategia integral en diversos frentes y países, tienen la finalidad de limitar o anular el uso, aprovechamiento y movimiento de los ‘‘recursos ilícitos’’ por parte del ex mandatario y sus presuntos cómplices en su intento de burlar la aplicación de la justicia, así como garantizar la restitución del daño patrimonial causado a las familias veracruzanas, en virtud de que dichos recursos estaban destinados a su desarrollo y bienestar social.
Recientemente, la PGR ofreció hasta 15 millones de pesos de recompensa a quienes aporten información veraz y útil para la localización, detención o aprehensión de Duarte, por su probable responsabilidad en delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los delitos que resulten.
Duarte ha sido acusado ante la PGR y la Fiscalía General del Estado por presunto enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos, a partir de las denuncias presentadas por el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. El 25 de octubre, el PRI lo expulsó de manera definitiva de sus filas al considerarlo persona no grata por violar el código de ética y falta de probidad como funcionario.
Al respecto, la PGR dijo que además hay dos carpetas de investigación en contra del ex mandatario estatal y toda una red de presuntos implicados. A dichas carpetas se integraron otras dos que fueron atraídas, y que había iniciado la fiscalía veracruzana por los delitos de enriquecimiento Ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal.
De las 75 indagatorias, 32 se iniciaron con motivo de las querellas formuladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por la contratación con empresas fachadas o inexistentes, así como 43 derivadas de las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades al desviar recursos, entre otros.
La dependencia también obtuvo nueve órdenes de aprehensión, dos de ellas cumplimentadas. Confiscó dos inmuebles en las colonias Lomas de Chapultepec y Polanco, de la Ciudad de México, así como el rancho denominado Las Mesas, en el poblado del mismo nombre en Valle de Bravo, estado de México, el cual cuenta con una superficie de 92 hectáreas. Asimismo, decomisaron aproximadamente 630 hectáreas ubicadas en el Ejido de Lerma, en Campeche.
‘‘Fueron aseguradas cinco empresas con diversas actividades económicas, entre ellas dos inmobiliarias, así como 112 cuentas bancarias a personas físicas y/o morales. Se realizaron cuatro operativos en Veracruz donde participaron más de 150 elementos ministeriales, quienes han realizado diversas diligencias en instituciones estatales’’, indicó la dependencia federal.
Además realizó siete cateos en diversos domicilios de la Ciudad de México y Valle de Bravo, estado de México. ‘‘A efecto de obtener información sobre inmuebles adquiridos, cuentas bancarias en el extranjero y localización de empresas y personas relacionadas con los hechos investigados, se han tenido reuniones interinstitucionales y solicitado asistencia jurídica a los gobiernos de Estados Unidos, España y Costa Rica’’, agregó la PGR.