En un proceso muy poco transparente y más bien secuestrado por los intereses del gobierno federal y los partidos políticos, el Senado de la República se apresta a tomar una decisión histórica: el nombramiento del primer fiscal anticorrupción en la historia del país, que se encargaría de procesar y ejecutar las denuncias penales por casos de corrupción en la esfera pública y privada del país.

A pesar de tratarse de una añeja demanda de la sociedad mexicana y de la columna vertebral del recién creado Sistema Nacional Anticorrupción —pues la Fiscalía sería el “brazo ejecutor” de las acciones penales dentro del nuevo sistema—, no existen en este momento garantías de que los senadores vayan a cumplir con el principal requisito para legitimar y dar viabilidad a la figura del primer fiscal anticorrupción: la necesaria autonomía e independencia de la persona que ocupe el cargo, con respecto a los intereses de los grupos políticos y los poderes en el país.

Así, tenemos que de entre los 32 aspirantes que se registraron oficialmente para participar en el proceso de selección, si bien hay perfiles autónomos e independientes, no son necesariamente los que están buscando impulsar las fracciones parlamentarias, y todo apunta a que existe una negociación al más alto nivel entre la Presidencia de la República y los grupos parlamentarios del Senado para orientar la decisión final hacia algunos nombres previamente cabildeados entre Los Pinos y la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta.

 

¿Una terna oficial? Entre esos “favoritos” de Los Pinos se menciona a tres candidatos a la Fiscalía Anticorrupción: Ximena Puente, actual presidenta del Inai, que sin renunciar a su actual cargo busca brincar a una nueva posición. Académica y estudiosa de Colima y con estudios de posgrado en Navarra, España, y en la Universidad de Guadalajara. El periodista Roberto Rock narró en su columna Retrato Hereje, del 10 de octubre de 2015 en estas mismas páginas, cómo los comisionados del recién creado Inai recibieron una tarde de inicios de junio de 2014, una llamada telefónica al número del comisionado Eugenio Monterrey, quien con cara de seriedad respondió y les dijo a sus compañeros comisionados que le acompañaban a bordo de una camioneta: “Les hablan de Los Pinos”. La llamada, que fue atendida por cada uno de los integrantes del Inai, era para pedirles a todos el mismo favor: que apoyaran, con su voto, el nombramiento de Ximena Puente, como comisionada presidenta del nuevo instituto que encabezaba el flamante Sistema Nacional Anticorrupción.

El favor pedido por Los Pinos fue concedido y Ximena, la más joven e inexperta de los comisionados, pero por lo mismo la más manejable, fue nombrada comisionada presidenta, cargo que hoy pretende dejar para buscar ser la primera fiscal Anticorrupción del país. Vinieron después en su actuación al frente del Inai cuestionables decisiones, que apoyó junto con otros comisionados como el mencionado Eugenio Monterrey —muy cercano a Luis Videgaray y al grupo político mexiquense—, como la reserva de información del caso Tlatlaya, con la que protegió al Ejército, y la protección a la reserva de las bitácoras de viaje de David Korenfeld en un helicóptero oficial de la Comisión Nacional del Agua, que había utilizado para sus viajes particulares. Con ese antecedentes vale la pena preguntar si Ximena, que aspira a un cargo sin renunciar al que ya detenta, no volverá a ser recomendada por Los Pinos para llegar a la Fiscalía Anticorrupción.

Un caso similar es el de Manuel Hallivis Pelayo, actual presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y quien también se registró como aspirante a fiscal, sin renunciar al cargo que ostenta. Hallivis es cercano al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray y aunque tiene sobrada experiencia en los temas de justicia fiscal por sus 15 años de magistratura, sus vínculos con el grupo gobernante no le dan la autonomía suficiente para garantizar una fiscalía imparcial de intereses políticos. Incluso, en su actual cargo de presidente del TFJFA ha enfrentado denuncias de parcialidad, al favorecer en sus fallos a la Secretaría de Hacienda.

La terna “oficial” entre los aspirantes a la Fiscalía la completa Jorge García Villalobos, quien sin mucha exposición pública, como los dos anteriores, es para muchos el verdadero “caballo negro” de Los Pinos en la selección que realizará el Senado. García Villalobos es hermano de la directora del Regulación del Instituto Nacional de Migración, María Fernanda García Villalobos, quien ha hecho la mayor parte de su carrera en el Estado de México y fue parte del equipo de transición del presidente Enrique Peña Nieto.

Jorge García Villalobos trabaja actualmente para Delloite, la firma de Auditoría y Consultoría estadounidense que labora para varias áreas del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto como prestador de servicios de auditoria y consultoría financiera. En su biografía de la página oficial de la compañía estadounidense se destaca su trayectoria de 18 años en áreas del gobierno federal estadounidense como funcionario de la SEC e investigador en casos de corrupción y violaciones al “Foreing Corupt Practices Act” (FCPA por sus siglas en inglés) y su experiencia en temas de lavado de dinero.

Su participación en una empresa que presta servicios al gobierno federal, y que tiene acceso a información privilegiada en materia de auditorías es vista como un “conflicto de interés” para que este aspirante, que tiene apoyos importantes en el gobierno de Peña Nieto, se convierta en fiscal, aunque en los pasillos del Senado se menciona que él es la apuesta real de la Presidencia.

 

¿Y los autónomos? En el resto de la lista de aspirantes hay varios nombres que, aunque no tienen un “respaldo oficial” desde el gobierno o los partidos políticos, sí tienen apoyos de grupos de la sociedad civil y la academia, que los ven como una opción independiente y autónoma para encabezar la Fiscalía Anticorrupción. Es el caso de Ricardo Peralta, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM y quien es considerado la carta de la máxima casa de estudios para encabezar la fiscalía. Peralta es un joven abogado, especializado en temas de combate a la corrupción, lavado de dinero y asuntos legislativos, pues fue secretario técnico de la Comisión de Gobierno de la ALDF.

La UNAM apoya la candidatura de Peralta que, aunque trabajó en la PGR de Antonio Lozano Gracia, no tiene vínculos políticos con partidos, y entre sus planteamientos para ocupar el cargo ha defendido la necesidad de una fiscalía plenamente autónoma y sin vinculaciones políticas, que le permite ejercer con independencia su labor de persecución y castigo a la corrupción, tanto pública como privada. “Se requiere un fiscal a modo del México correcto y no corrupto que anhelamos”, ha dicho Peralta en artículos escritos sobre el tema.

Otro caso es el de Miguel Sarré, abogado de la escuela Libre de Derecho y reconocido académico del ITAM, y quien ha trabajado como consultor de varios organismos internacionales en materia de derechos humanos. Sarre ha sido asesor del Senado en temas como el combate a la tortura y desaparición forzada. Cuenta con un prestigio nacional e internacional en diversos círculos académicos y entre organizaciones sociales de izquierda.

Sin embargo, el año pasado el gobierno mexicano retiró su candidatura para ocupar el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas, lo que generó un diferendo con la administración federal.

Veremos en los próximos días cómo se define al fiscal Anticorrupción y por cuál de las opciones que tienen enfrente se deciden los senadores: si por uno de los “experimentados” candidatos que tienen vínculos claros y conocidos con el poder, llámese Presidencia de la República o personajes del gobierno del presidente Peña Nieto, o por un perfil realmente autónomo que garantice un real combate a la corrupción sin limitantes y consideraciones políticas. Eso es lo que demanda la sociedad mexicana y lo que se espera de este nombramiento histórico; pero no es necesariamente lo que están buscando y lo que pueden aprobar los senadores.

 

Notas indiscretas… Entre las muchas reacciones que generó la columna Los Abogados ocultos de Duarte, recibimos una carta de Eduardo Osorio Chong en la que dice que “es categóricamente falso que el abogado forme parte, oficial o extraoficial, del equipo jurídico que se encarga de la defensa de Juan José Janeiro Rodríguez, presunto operador financiero del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte. Asimismo, es falso que el abogado Osorio Chong conozca o haya realizado gestión alguna en favor de esta persona”. También el actual procurador Raúl Cervantes dijo en una carta al EL UNIVERSAL que no realizó gestiones a favor de Javier Duarte como abogado, cuando se desempeñaba como senador de la República. En ambos casos, la respuesta de este columnista es la misma e igual de contundente: su nombre es mencionado por varias fuentes de primer nivel en la PGR que afirman que los dos abogados acudieron a realizar gestiones y peticiones sobre las acusaciones contra los dos imputados, tanto Duarte como Janeiro. Ellos están en su derecho de negarlo, pero las fuentes directas que participaron en las investigaciones sostienen lo contrario y hay quienes los vieron o hablaron personalmente con ellos en la PGR cuando realizaron esas gestiones a favor de los dos acusados… Los dados mandan Escalera Doble. Buena semana.