:Que ya pasaron casi siete meses desde que la Cámara de Diputados aprobó su flamante Código de Ética para inhibir y en su caso sancionar conductas inapropiadas de sus legisladores, pero la instalación del comité encargado de operar el reglamento sigue entrampada entre protagonismos personales y partidistas.
Ni la priista Carolina Monroy, primera promotora del código, ni el panista Jorge Triana, segundo interesado en el tema, parecen dispuestos a ceder la dirección del santo oficio parlamentario, más allá de los principios de civilidad que postula el articulado.
:Que el Senado analiza la integración de un grupo de trabajo plural que estudie los tratados de libre comercio que tiene México, en función de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
La propuesta del perredista Luis Sánchez debe tramitarse a más tardar la próxima semana en la Junta de Coordinación Política, según la redacción del punto de acuerdo turnado a comisiones, y tiene la intención de que el Senado instituya también el “grupo de trabajo plural para el análisis y propuestas de políticas en materia de geopolítica mundial”.
Así se llamará.
:Que en medio del agresivo discurso de Donald Trump, la canciller Claudia Ruiz Massieu realizó una gira de trabajo para reunirse con sus homólogos de Guatemala, Honduras y El Salvador con el tema central de la atención al fenómeno migratorio de manera ordenada, considerando que los países del triángulo norte han sido los principales expulsores de personas que cruzan la frontera con Estados Unidos.
:Que el gobierno de Estados Unidos estará atento este miércoles cuando en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación aborde una vez más el caso de Rafael Caro Quintero, quien busca no ser extraditado.
Acusado del homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, en Jalisco, en 1984, todo apunta a que la Corte no le otorgará la protección de la justicia al capo excarcelado y dejará el asunto en manos de un tribunal federal.
:Que los diputados designados por el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera propondrán al pleno de la Asamblea Constituyente ampliar una semana el plazo para que se entreguen los dictámenes.
Lo anterior, porque falta discutir a fondo los temas del proyecto de Constitución y el límite para entregarlos es el 30 de noviembre.