La oposición alista una alianza para impedir que el titular de la PGR se convierta en el nuevo fiscal general de la República
Cuestionado. La llegada de Raúl Cervantes, titular de la PGR, fue criticada por la oposición, pues por ese hecho sería el próximo fiscal general de la República.
CIUDAD DE MÉXICO.
Los grupos parlamentarios del PRD y el PAN preparan una alianza legislativa para presentar un paquete de iniciativas, constitucional y legal, para impedir que el actual procurador general de la República, Raúl Cervantes, se convierta en el primer fiscal general de la República.
Las iniciativas fueron anunciadas esta mañana en la Gaceta del Senado, pero retiradas posteriormente porque todavía continuaba en proceso de construcción esta alianza opositora, la cual será anunciada la próxima semana por los dirigentes nacionales de ambos partidos, Alejandra Barrales, del PRD, y Ricardo Anaya, del PAN.
La Constitución mexicana dispone que el último titular de la PGR se convierta en automático en el primer fiscal general de la República, una vez que se cuente con la ley que dará forma a la nueva institución.
La iniciativa de la oposición retirará esa disposición constitucional.
Sin embargo, el PRI no está de acuerdo, y sin esta fuerza política no es posible tener una reforma constitucional, porque el PAN y el PRI no reúnen las dos terceras partes del pleno del Senado, como se requiere para modificar la Carta Magna.
La iniciativa está basada en el decálogo que presentó el 2 de noviembre el perredista Armando Ríos Piter, que incluye principios para la actuación libre y sin injerencias, ni de superiores jerárquicos ni de agentes externos de cualquier tipo, en las investigaciones y diligencias de los responsables de la procuración e impartición de justicia.
La puesta en marcha de un servicio civil de carrera, para construir una “Fiscalía desde cero”, que privilegie el mérito, la integridad, las capacidades y el profesionalismo; la instrucción de una política criminal explícita y pública, que incluya estándares de calidad y principios para la toma de decisiones estratégicas.
De igual forma, incorpora criterios para racionalizar las cargas de trabajo y aplicar una política criminal.
Considera esencial que el Ministerio Público dedique sus recursos de investigación a los casos más relevantes y que se usen procedimientos operativos efectivos para dar solución temprana y rápida a los casos pequeños.
El PRD iría solo
Ayer, Luis Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD, detalló que hace dos semanas acordó con Fernando Herrera, coordinador de los senadores del PAN, la presentación de estas iniciativas “para impedir que quien sea procurador general de la República, al entrar en vigor la Ley de la Fiscalía General, se vuelva automáticamente fiscal general de la República.
“La pretensión es que sea con el concurso y presencia de los presidentes nacionales, pero hasta ahorita la agenda del presidente nacional del PAN no ha sido posible acomodarla para que pudiéramos hacer el anuncio conjunto”, explicó el senador perredista.
“Lo que iba a ser el martes pasado se pasó para el jueves, y del jueves, para este martes; si para el próximo martes no es posible que esté Ricardo Anaya, irá solo el PRD”, adelantó Barbosa Huerta.
Autonomía e independencia
- El PRD en el Senado consideró que, independientemente de quién la encabece, la Procuraduría General de la República está obligada, desde ahora, a mostrar independencia y autonomía en sus decisiones, porque la sociedad exige profesionalismo para combatir al crimen
- Luis Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD, criticó el lunes la llegada del priista Raúl Cervantes a la PGR, porque por el régimen transitorio que dio origen a la transformación de la PGR en Fiscalía General, autónoma del Ejecutivo federal, podría convertirse en primer fiscal.
- “La PGR necesita garantizar a la sociedad su profesionalización para enfrentar con éxito al crimen organizado y la inseguridad; independientemente de quien sea su titular, enfrenta enormes retos como garantizar autonomía e independencia frente al poder y desempeñar una actuación apegada a los derechos humanos”.