En el municipio de Emiliano Zapata ‘convirtieron’ un predio en tiradero a cielo abierto; abogados presentaron una denuncia penal
Pese a que el lugar ha sido clausurado, se sigue utilizando para depositar la basura también de Cuautla, Cuernavaca y Temixco
La mañana de ayer, abogados interpusieron una denuncia penal en contra de las empresas Cruz Azul y Tecno-Azul S.A. de C.V. por delitos en contra del equilibrio ecológico y la protección del ambiente, debido a que en el municipio de Emiliano Zapata convirtieron un predio en un tiradero de cielo abierto, en donde cinco municipios de Morelos depositan sus desechos sólidos.
De acuerdo con el representante legal de Delfina Martínez Sámano, Everardo Luna Romero, aseguró que hace dos años los litigantes de Tecno- Azul S.A. de C.V. junto con la empresa denominada Sociedad Cooperativa Manufacturera de Cementos Portland, mejor conocida como "Cruz Azul", solicitaron a su representada arrendar por la cantidad de 50 mil pesos mensuales un predio de cinco hectáreas ubicado a un costado del Centro de Emiliano Zapata, donde originalmente se depositaría la basura para procesarla y crear fuentes de energía.
Sin embargo, Luna Romero señaló que al paso de los dos años el predio se convirtió en un tiradero a cielo abierto, lo que ha afectado a los habitantes de esa localidad.
"El tiradero ha contaminado el suelo y subsuelo no sólo del predio, sino de terrenos aledaños, entonces toda la región se está viendo afectada por este tiradero (...) Los representantes de estas empresas no dan ninguna respuesta, ninguna solución, ya se ha clausurado el basurero por parte de SEMARNAT, pero sigue habiendo prórrogas y lo vuelven a habilitar".
No obstante, el litigante aseveró que los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Temixco y Emiliano Zapata depositan sus desechos sólidos en este predio que desde hace un año está cerrado junto con las toneladas de basura que no fueron procesadas por las empresas Cruz Azul y Tecno Azul.
Por tal motivo, los abogados de Delfina Martínez acudieron la mañana de este miércoles a las instalaciones de la FGE para interponer la denuncia penal en contra de las dos empresas, sin embargo, el jurista, reveló que en caso de ser responsables podrían alcanzar una pena máxima de cuatro años de prisión por daños al medio ambiente.