SE DESTAPA LA CLOACA EN EL CASO RAÚL ISRAEL HERNÁNDEZ CRUZ; MATÍAS QUIROZ MEDINA, EL CULPABLE
Vida Política denunció solo una parte de la corrupción que hay en la Secretaría de Gobierno y el Colegio de Notarios Públicos del Estado de Morelos, que está convertida en una mafia al otorgar las patentes de fedatarios a los hijos y familiares cercanos de la organización civil.
Este tipo de actos de corrupción que por invidencia personal y mental no son vistos por el titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), José Vicente Loredo Méndez, así como el zar anticorrupción, Juan Salazar Núñez, quienes solamente avían en sus respectivas oficinas, con salarios que son demasiado elevados.
En el conflicto de intereses que hay en el corrupto gobierno de Graco Ramírez, están inmiscuidos varios servidores públicos que son el gobernador, su secretario de gobierno, Matías Quiroz Medina; el Contralor, José Enrique Félix Iñiesta y Monmany, así como varios encargados de despacho por solapar y proteger al ex director jurídico de la Secretaría de Gobierno, Raúl Israel Hernández Cruz.
El susodicho ex director ingresó el año 2012 a la institución con Jorge Messeguer Guillén, hoy secretario de Movilidad y Transporte, siguió en el cargo hasta hace unos meses y por más que trataron de imponerlo en la Notaría Número 13 de Cuernavaca tanto Matías Quiroz Medina como Patricia Mariscal Vega, ambos están inmiscuidos en un lío legal.
Y es que ante el Tribunal de Justicia Administrativa, fue iniciada la demanda, que actualmente está registrada bajo el número de folio TJA/2ª.S/500 2016, misma que fue admitida por el magistrado Orlando Aguilar.
Con lo anterior, también serán iniciados varios procedimientos que deben generar acciones de juicio político contra el gobernador Graco Ramírez, los secretarios Matías Quiroz Medina, José Enrique Félix Iñiesta Monmany, así como varios de los encargados de despacho de las áreas jurídicas del Poder Ejecutivo.
La procedencia del juicio político hacia todos los que protegen a Raúl Israel Hernández Cruz es evidente, hay rastros, huellas y documentos que avalan tráfico de influencias, omisión a la ley y hasta violaciones a las mismas.
Incluso, el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, está obligado en quitarle la notaría Número 5 de Cuernavaca a la presidenta del Colegio de Notarios Públicos en la entidad, Patricia Mariscal Vega, porque hay más que actos de corrupción que afectan a la sociedad en el estado.
Ambos ya dejaron de ser personajes confiables y de buena fe para los morelenses, por proteger a una persona que trae una dudosa reputación y a la que pretendieron imponer como fedatario, por intereses meramente personales.
En este mismo contexto por incurrir en los delitos de abuso de poder, tráfico de influencias y violaciones al marco del derecho también está inmiscuido en secretario de Administración, Alberto Barona Lavín.
Prácticamente por el número de personas que incurrieron en los ilícitos y conforme al Código Penal y de Procedimiento Penales estamos ante una pandilla, por no dejar inscrito que se trata de un grupo de delincuencia organizada porque es delincuente quien viola la ley y sobre todo en flagrancia, como actualmente es notable en el caso Hernández Cruz.
Es por ello que también el magistrado el TJA en Morelos, Orlando Aguilar, de inmediato detuvo la asignación de la Notaría Número 13 en Cuernavaca, ante los evidentes actos ilegales e irregulares cometidos por más de 10 personas, que son avalados por el mismo gobernador Graco Ramírez.
El principal ilícito cometido por Raúl Israel Hernández Cruz y que está asentado en actas es ser servidor público y a la vez pretender aspirar a la oficina fedataria, sin reunir los requisitos legales, pero que fueron avalados por Patricia Mariscal Vega.
Es más, puede darse otro caso de violación al marco legal con la posible falsificación de documentos oficiales, en perjuicio de la sociedad y siempre con el abuso del poder.
En ese ilícito también estarían vinculados Matías Quiroz Medina y Patricia Mariscal Vega, entre muchos de sus allegados, porque utilizaron papelería oficial para tratar de imponer a Raúl Israel Hernández Cruz.
Este asunto también genera dudas sobre la honorabilidad que tanto presume Matías Quiroz Medina, pero que en la realidad con esa cara de “mustio” suele realizar acciones en perjuicio del estado.
El caso Hernández Cruz apenas inicia y las evidencias de que violó el marco legal, que trató de imponerse con el apoyo de su principal impulsora, Patricia Mariscal Vega, destapan una cloaca muy sucia en un estado donde priva la corrupción y la impunidad. ¡Pero qué necesidad!