El presidente Enrique Peña Nieto envió ayer al Senado una iniciativa de reforma constitucional para que el titular de la Procuraduría General de la República no se convierta de manera automática en el nuevo fiscal general de la República.
“El Gobierno de la República reitera que los tiempos para la transición a la Fiscalía General de la República, corresponden al Congreso de la Unión, que será el Poder que defina el momento de aprobación de la Ley Orgánica” de la Fiscalía, señala un comunicado emitido por la oficina de prensa de Los Pinos.
Añade que “de ser aprobada esta iniciativa, y en caso de que el Congreso de la Unión expida la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, no existiría pase automático del último Procurador a primer fiscal, sino que correspondería al Senado iniciar el procedimiento para la designación del nuevo fiscal general de la República”.
La propuesta presidencial fue formulada ante las distintas voces que señalan que el artículo Décimo Sexto transitorio de la reforma constitucional que establece el paso de Procurador a Fiscal en forma automática, no abona a centrarse en la discusión del modelo institucional de la Fiscalía.
El pasado 25 de octubre, el presidente Peña Nieto designó como procurador General de la República a Raúl Cervantes Andrade y el Senado ratificó el nombramiento para ejercer ese cargo con 85 votos a favor, 3 en contra y una abstención.
De acuerdo con la visión presidencial “una de las tareas principales del procurador Raúl Cervantes Andrade es trabajar para la mejora continua de la Institución del Ministerio Público de la Federación que enfrenta los grandes retos que significa el inicio en todo el país del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, construyendo procesos y sistemas que fortalezcan la procuración de justicia”.
La reforma constitucional publicada el 10 de febrero de 2014 prevé que la Fiscalía General de la República entrará en funciones una vez que su ley orgánica sea aprobada por el Congreso de la Unión.
Por su parte, el artículo Décimo Sexto transitorio de dicha reforma dispone que quien sea Procurador en ese momento se convertirá de forma automática en el primer Fiscal General.
Esta reforma constitucional (la conversión de la PGR en Fiscalía General) fue aprobada por las distintas fuerzas políticas del Congreso con 106 votos a favor, 15 en contra y una abstención en la Cámara de Senadores; y 409 votos a favor, 69 en contra y 3 abstenciones, en la Cámara de Diputados.
La Cámara baja, en su momento, realizó modificaciones a la minuta que le fue enviada por el Senado, las cuales a su vez fueron aprobadas por esta cámara (alta) con 99 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones, y posteriormente la reforma —tal como se requiere en caso de cambios constitucionales— mereció la aprobación de la mayoría de los congresos locales.
“La reforma fue producto de diversas iniciativas presentadas en el Senado de la República y no de alguna del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”, señala el comunicado emitido ayer por la Presidencia.