El 11 de julio de 2014, María del Socorro Velasco, directora del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud de Veracruz, recibió un oficio fechado tres días antes y firmado por José Raúl Bala Reyes, director de Asuntos Jurídicos de Servicios de Salud en la entidad, para urgirle actuar en contra de ocho empresas fantasma a las que se hicieron pagos millonarios por medicinas e insumos para los 32 centros de salud en el estado, que nunca llegaron a su destino. Incalculable por el momento el total de a cuántos pacientes afectaron y cuántos murieron como consecuencia de ello, como incomprensible cómo se hizo caso omiso. La ilegalidad no sólo fue desechada en Veracruz, sino también ignorada en la Ciudad de México, donde las autoridades federales tuvieron todo en sus manos para actuar, y no lo hicieron.

Un año antes, el 7 de agosto de 2013, el apoderado legal de Servicios de Salud de Veracruz, Julio Rodríguez Fernández, presentó una denuncia en el Ministerio Público Federal para poner en conocimiento de la autoridad “hechos posiblemente delictivos” que causaron “un grave detrimento patrimonial a la institución” y “graves repercusiones” para la salud pública. Pedía una averiguación pública en contra de quien o quienes resultaron responsables de lo que veía como delito. La razón por la que la presentó ante una instancia federal fue que los recursos presuntamente desviados correspondían al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, establecido en el Ramo 33 del Presupuesto de 2012. Los pagos fueron hechos a:

1.- Javier León Oliveros, y/o Comercializadora del Golfo, que presentó cuatro factoras por un monto de 177 mil 297.95 pesos.

2.- Alfredo Maldonado Hernández, y/o Comercializadora México, y/o Constructora Maldonado, a la que se le pagaron 39 facturas por un monto de un millón 896 mil 596.88 pesos.

3.- Alberto Turín Portilla del Ángel, y/o Constructora y Consultoría Turín, y/o Comercializadora del Ángel, quien facturó 36 servicios por un total de un millón 698 mil 885.56 pesos.

4.- Enrique Alarcón Sánchez, y/o Materiales para la Construcción Alarsan, quien presentó 10 facturas por un monto de 537 mil 68.40 pesos.

5.- Enrique Morales Mejía, y/o Grupo Morales, a quien le pagaron 680 mil 810.20 pesos por 13 facturas.

6.- Francisco Oliveros Martínez, y/o Corporativo Empresarial OLIMA, que presentó 17 factura por 902 mil 414.97 pesos.

7.- Juan Carlos León Blanco, y/o Constructora & Consultoría, que entregó 19 facturas y recibió un pago de un millón siete mil 494.31 pesos.

8.- Mario Isaac Luis Herrera Escudero, y/o Pelícano, que recibió 588 mil 133.18 pesos mediante la entrega de 11 facturas.

En total, aclaró el apoderado Rodríguez Fernández, fueron 149 las facturas que se pagaron por un total de siete millones 488 mil 701.45 pesos por servicios, trabajos y compras que nunca fueron realizados. En la denuncia de hechos, Rodríguez Fernández incluyó también las compulsas que hicieron en cada una de las ocho empresas, pero en ninguna de las direcciones dadas pudieron ser ubicados.

El Ministerio Público Federal abrió una averiguación previa, la 231/14, así como una causa penal, la 19/2014, sobre las ocho empresas fantasmas. La verificación del recibo de insumos y trabajos en los 31 centros de salud también concluyó que nunca llegaron ahí los bienes y productos que aparecían detallados en las facturas. Lo que sí estaban eran los cheques y las pólizas de los beneficiados. ¿En dónde terminó ese dinero? Es lo que ya no se sabe. ¿Hasta dónde se repartieron los siete millones y medio y quiénes estaban vinculados con los testaferros de las empresas que no existían?

La corrupción es un hecho ilegal que no tiene clasificaciones, pero actos ilegales en donde se pone en riesgo la vida de una persona, tiene otras connotaciones. De haberse probado que lo que hicieron y quién o quiénes lo hicieron provocaron muertes de pacientes, una acusación por asesinato habría procedido. El que haya pasado no hace de este caso algo retórico. Puede profundizarse y concluir la investigación que inició el Ministerio Público Federal sin consecuencias hasta ahora. Lo que no puede permitirse es el carpetazo.

En otro sentido, lo que ayuda a demostrar este caso, que por pequeño en montos no es menos grave, es el patrón criminal que se siguió en Veracruz en todos los niveles, donde para poder robar dinero del erario se creaban empresas fantasmas a las que se les asignaban trabajos que nunca se harían y se les pagaba por ello. Lo único que tenían que hacer era que los notarios constituyeran las empresas, sin verificar si estaban legalizando un negocio de fantasmas; preparar la folletería, las facturas y las pólizas, y comenzar a pagar en sus cuentas el dinero. Los documentos a los que se ha tenido acceso no muestran a qué cuentas se hicieron los depósitos y quiénes son los tenedores de esas cuentas.

Durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz se observa el mismo patrón criminal en diversos niveles. El exgobernador, su familia más cercana, sus amigos y colaboradores están involucrados en un desfalco que hasta este momento se ha calculado en más de 33 mil millones de pesos. Los abusos en Veracruz son abominables, en el sector salud, educativo, el de la comunicación social o la tenencia de la tierra, pero aún más condenable es que, sabiendo tanto de lo que se hizo, fuera pasivo el gobierno federal y condescendiente con un exgobernador que desató la voracidad patológica en Veracruz.