Delegaciones federales
Hoy en día, las delegaciones federales están siendo observadas y vigiladas con lupa ante posibles actos de corrupción que han sido denunciado por diversos sectores de la población y que incluso, pudieran estar destinando recursos, personal, infraestructura y programas a sus campañas político personales. Los casos de ilícitos son muchos y éstos se irán incrementando conforme se acerquen los tiempos electorales en Morelos.
LA SEDESOL.- Una de las dependencias que más ha sido señalada por actos indebidos es la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social donde despacha como titular el priista-perredista Jorge Meade Ocaranza, quien junto con otros delegados estaban enfocados en hacer campañas electorales con miras al proceso del 2018 y tuvieron que ser reprimidos todos, para evitar actos de proselitismo político de manera desordenada y vulgar.
Bajo cualquier circunstancia, buscan espacios en medios, foros donde tratar de sobresalir y ocupando las redes sociales con trabajo por el cual se les paga y bien, un ejemplo de ello es el reconocimiento a empleados por desarrollar su actividad a quienes el delegado Meade Ocaranza, les entregó en un acto público reconocimientos donde aprovechó para tomarse la foto y difundirla como su fuera un grandísimo logro un rotundo éxito.
Sin embargo, las acusaciones en esta dependencia se han estado registrando constantemente como sucedió el año pasado cuando directoras de estancias infantiles auspiciadas por la Sedesol, denunciaron actos de corrupción por parte de personal de la delegación federal, a quienes acusaron de administrar guarderías a través de familiares o terceras personas para recibir los apoyos económicos del programa social. Esta situación sigue vigente. Siguen siendo los mismos personajes los que se apropian de recursos de manera ilegal e indecente.
Lo grave, lo preocupante es que sean los propios subcoordinadores del programa quienes cuentan con estancias porque consideran esta acción como ilegal y fuera de toda ética que rompe con los principios que busca el gobierno federal aplicar a través de esta dependencia como es la Sedesol.
Datos de los actos de corrupción en este y otros programas se están documentando. El problema no es cualquier cosa y el temor es que se incrementen de cara al proceso electoral, puesto que personal e infraestructura podría ser utilizado con tintes político electorales.
LOS VERIFICENTROS.- Sin decir agua va, a partir de diciembre de este año, el gobierno de la nueva visión determinó suspender el Programa de Verificación Vehicular en Morelos tras considerar que los 42 verificentros que operaban no contaban con la tecnología adecuada para realizar el procedimiento a través del Sistema de Diagnóstico a Bordo (OBC, por sus siglas en ingles). Sin embargo, antes de ello, fueron objeto de ataques y acusaciones de corrupción, como el que mandan su engomado al domicilio y en los establecimientos tenían ya listo un coche que les garantizaba el servicio.
Por lo tanto, será en enero del 2017 cuando regresará la verificación a Morelos y en el que se afirma que será más transparente, eficiente y mucho más preciso, lo que se les olvida decir, es que quien tenga un negocio de este giro será viable económicamente y con muchos ingresos por delante por lo que vislumbra ser un excelente negocio.
LA CORRUPCIÓN.- Lo cierto es que los propietarios de los vereficientros a quienes les cerraron sus establecimientos están inconformes con el decreto que emitió el gobernador Graco Ramírez, porque estuvo plagado de irregularidades y actos de corrupción, es decir, sabían que iban a cerrar sus negocios y nunca les avisaron de su actuar. Por lo tanto, no afectaron a 42 empresarios de Morelos sino a más de mil 500 personas puesto que ninguno ha sido beneficiado con el respaldo gubernamental para seguir laborando derivado de una licitación amañada y plagada de vicios e irregularidades para beneficiar a los afines al mandatario quienes ahora podrán atender a los más de 400 mil automóviles que es el padrón que se tiene registrados en Morelos con ganancias impresionantes.
Es decir, poco les importó a Graco y su hijo Gayosso, que hayan estado instalado ya con anterioridad los verificentros puesto que prácticamente los borraron de un plumazo para darles oportunidad a sus allegados y amigos; poco les importó que hayan instalado y adquirido sus equipos e invertido grandes cantidades de dinero porque fueron desplazados en automático a pesar de que eran aptos para iniciar los trabajos. Lo único cierto es que existía ya perversamente un plan para eliminarlos sin importar violar sus derechos laborales y humanos, una constante en esta administración.
Lamentablemente, mediante acciones poco claras y transparentes previo a una campaña ofensiva y negra, destrozaron a los dueños de los verificientros para colocar a sus amigos, sin importar que hayan invertido grandes cantidades de dinero vendiendo su patrimonio que hoy deben ante las instituciones bancarias. Dentro de poco se conocerán los prestadores de servicios con nombres y apellidos prestados para gente que hoy está detrás del poder.
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