Cuando un Estado como el mexicano muestra tal dependencia del poder militar —al grado de que éste amenaza y condiciona el cumplimiento de una tarea que le fue asignada por el gobierno civil— es porque se trata de un Estado debilitado, socavado en sus bases e incapaz de administrar por sí mismo, con instituciones civiles, el monopolio de la fuerza que le fue encomendado por la sociedad a la que tutela. Las fuerzas castrenses tendrían que ser, en un gobierno civil sólido y fuerte, el último recurso a utilizar para mantener el orden social y garantes de la defensa de la soberanía y las fronteras ante amenazas mayores, ya sea externas o internas. Pero cuando el poder militar se convierte en la primera línea para la seguridad civil y se le utiliza como policía en labores de seguridad, entonces se está de facto ante un “Estado de excepción”, con todos los riesgos a las garantías ciudadanas, por rebasamiento de las fuerzas civiles del orden.

Eso explica el sentido y el tono del mensaje emitido el jueves por el secretario de la Defensa, que ni siquiera estaba en un acto oficial, sino en una convivencia con reporteros y periodistas que cubren las fuentes castrenses. “¿Qué quieren los mexicanos que hagamos las Fuerzas Armadas, quieren que estemos en los cuarteles? Adelante, yo sería el primero en levantar no una, las dos manos, para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales. Nosotros no pedimos estar ahí (en las calles) no estamos a gusto. Ninguno de los que estamos aquí estudiamos para perseguir delincuentes, nuestra profesión es otra y se está desnaturalizando. Estamos haciendo funciones que no nos corresponden porque no hay quien las haga o no tienen esa capacidad… La seguridad interior no es responsabilidad de la Secretaría de la Defensa ni de la Marina, es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación”, dijo el secretario en una crítica severa y un crudo diagnóstico del fracaso civil en seguridad y la dependencia total que tiene el gobierno del poder militar.

“No seré yo quien reconozca la debilidad del gobierno”: Calderón. Por lo demás, la crítica del general no es nueva en las Fuerzas Armadas. El mismo llamado, quizás en tono menos apremiante y amenazante, lo hicieron varios antecesores suyos desde que, en diciembre de 2006, Felipe Calderón lanzó su sangrienta “guerra contra el narco” con el primer operativo militar en Michoacán. De entonces a la fecha, con más de 150 mil muertos y con la tranquilidad social y la seguridad perdida por la violencia en amplias regiones del país, las fuerzas castrenses han actuado en el filo de la ilegalidad en labores civiles de seguridad y patrullajes rurales y urbanos, ante la incapacidad del Estado, con sus tres niveles de gobierno, de garantizar la seguridad por los medios civiles.

Y en el camino los excesos y las violaciones de derechos humanos por parte de los militares, si bien no han sido la regla, sí han incurrido en casos dolorosos y significativos —de Tlatlaya a los indicios ocultados de la participación del 27 Batallón en Iguala— que han colocado a México en el foco de violaciones a derechos humanos en el mundo; aunque también habría que decir que en muchos otros casos la labor de los soldados y marinos ha sido la única fuerza capaz de devolver la tranquilidad perdida en varios estados y regiones del país.

Desde mitad del sexenio calderonista, empujada por los mismos sectores castrenses, que se vieron envueltos en reclamos por una interacción con la población civil para la que no estaban capacitados, varios legisladores y organizaciones recogieron la necesidad de una ley que regulara con precisión y claridad los límites y facultades legales para la labor emergente del Ejército y la Marina en seguridad pública en todo el país, ante el vacío legal en el que los mandó a actuar Calderón. Pero aquellos esfuerzos por una legislación se vieron frenados por el mismo poder político civil que sacó a las calles a los militares.

Un diputado que entonces empujaba la iniciativa y que operó con mandos castrenses y organizaciones de la sociedad civil, fue Alfonso Suárez del Real, entonces legislador federal por el PRD. Cuenta que en una reunión con el presidente Felipe Calderón, le explicó que para sustentar constitucionalmente esa ley era necesario reformar el artículo 29 constitucional, que establece la declaración de Estado de “emergencia o excepción” dictada por el Ejecutivo, para atender “casos de perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro”. De ahí tenía que partir la regulación para justificar la orden de actuación del Ejército y la Marina en labores de seguridad pública. Pero cuando escuchó eso, Calderón, el mismo que había sacado al Ejército de los cuarteles para mandarlos a patrullar las calles y carreteras del país, atajó de inmediato: “No, yo no voy a hacer eso. No seré yo quien reconozca la debilidad y el fracaso del gobierno”. Y ahí la ley, sin apoyo de las fracciones del PAN, la apatía del PRI y las divisiones en sectores del PRD que la veían como “amenaza a los derechos civiles”, naufragó y se fue al limbo.

Hoy, 4 años después de que Enrique Peña Nieto continuó con la misma estrategia fallida de Calderón en el combate al narcotráfico y la violencia, los militares vuelven a alzar la voz porque también han sido ignorados por este Presidente, por su partido en el Congreso y por el resto de las fuerzas políticas. Pero hoy, para salvar el escollo que tanto atemorizó a Calderón, aunque en los hechos fue él quien inició la militarización de la seguridad civil, se busca crear una nueva ley reglamentaria del artículo 89 constitucional, fracción VI, que establece la facultad del Presidente para “disponer del Ejército y las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Marina para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación”.

Eso exige Cienfuegos a los tres Poderes. Y en contra de esa legislación están grupos y organizaciones de la sociedad civil que ven con temor el establecimiento de un marco normativo que dé facultades y atribuciones legales a los militares sobre la vida civil. Pero las fuerzas castrenses empujan porque, entre el mensaje y la amenaza, saben que no hay manera de que en estos momentos ninguna autoridad civil, desde el Presidente, que es su comandante, hasta los gobernadores, el Congreso o la misma Suprema Corte, pueden prescindir de la acción militar y pedirles que regresen a los cuarteles debido a que, ante la incapacidad, corrupción y desarticulación de las policías civiles, federal, estatales o municipales, eso significaría dejar a los mexicanos en la total indefensión y a merced del crimen y su ley del miedo, que de por sí ya impera en amplias franjas del territorio nacional. Esa es la fuerza y seguridad que tiene el poder militar cuando advierte, avisa, casi amenaza que: o les dan pronto su ley o “si quieren nos regresamos a los cuartales”.

Y ante eso el Presidente, el Congreso y todos los poderes civiles están de rodillas.

NOTAS INDISCRETAS… En lo que bien podría titularse “el regreso de Humberto” o “el cacicazgo que se niega a morir”, el ex gobernador Humberto Moreira anunció ayer su intención de competir como candidato a diputado por el PRI en las elecciones locales de 2017 en Coahuila. El anuncio, que confirma los rumores y versiones que siempre circularon, es un arma de doble filo para el PRI que, por un lado, depende de la eficiente y poderosa maquinaria clientelar de los Moreira para intentar retener Coahuila ante el descontento y la inconformidad social por los escándalos de corrupción y endeudamiento ligados al apellido, pero, por el otro, también puede pagar un alto costo ante una oposición, sobre todo del PAN, dispuesta a repetirle la dosis de campañas negras y de descrédito contra la corrupción y los excesos de los gobernadores priístas, que ya demostraron su eficacia en las elecciones de junio pasado donde el panismo los derrotó el siete estados. ¿Qué hará el PRI ante ese dilema llamado Moreira?... A propósito de gobernadores priístas y escándalos. Al ex gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, lo acaban de demandar penalmente ante la PGR por el plagio y el incumplimiento de pagos de varias campañas de propaganda y promoción que contrató a la empresa Filmik, propiedad de Norberto Núñez Camargo, a quien Lozano de la Torre y varios funcionarios de su gobierno le solicitaron la elaboración de campañas, estrategias de publicidad institucional y hasta logotipos, tanto para su gobierno como para la Feria de Aguascalientes, que el publicista elaboró, registró ante derechos de autor y las entregó al gobierno estatal, que las utilizó en su difusión sin pagarle nunca a cambio las cantidades y el contrato pactado. Por esas razones, Núñez Camargo solicita a la PGR investigar los delitos y ejercer acción penal contra el ex gobernador Lozano, su ex director de Comunicación, Héctor David Sánchez, su secretario particular, Víctor Manuel Vera, y el director del Canal 6 de televisión estatal, Carlos Peña Charolet, por haberse robado sus creaciones y campañas sin pagarle. No se conforman con robar los bienes materiales, sino también las ideas… Los dados mandan Serpiente doble. Semana complicada.

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