El reconocido abogado constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas informó que presentó una solicitud de juicio político ante el Congreso local en contra del alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, para destituirlo del cargo.
Esta petición, sustentada por varios abogados y ciudadanos, tiene cuatro causales: residencia ilegal, recibir donaciones ilegales, desapego o desatención del cargo y violación reiterada de la ley y de los reglamentos municipales.
Negó ser enviado del Legislativo o del Ejecutivo locales y manifestó que su interés es solamente como ciudadano, por lo que al apelar al término “bono publico” (bien público), no se podrá detener ni con amparo.
Aseguró que como morelense y “cuernavacense por adopción” y con más de 40 años de radicar en la capital del estado junto con su familia, además de ser maestro Emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Facultad de Derecho de la Máxima Casa de Estudios durante más de 66 años, ve con preocupación las “flagrantes violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Constitución local, perpetradas por el hoy presidente municipal.
Por lo que, apelando al respeto del estado democrático y de derecho, presenté denuncia de juicio político, junto a un grupo de paisanos abogados y jóvenes profesionistas, en contra del actual alcalde de Cuernavaca”.
Recordó que el documento lo inició el pasado viernes 9 de diciembre y ayer fue ratificada su petición.
Aclaró que no lo mueve otro interés que el respeto a la ley -no obstante que llegó custodiado por guardias de seguridad del Congreso del Estado.
Entre las causales contra el edil capitalino mencionó que es ilegal su residencia: “Blanco Bravo engañó dolosamente a la ciudadanía al inscribirse como candidato a alcalde de esta ciudad, a través de un contrato apócrifo de supuesto arrendamiento, mismo falso acuerdo de voluntades que, a la postre, fue negado por el dueño del inmueble, Roberto Yáñez Vázquez”.
Otro elemento en contra, subrayó Carrancá y Rivas, son las donaciones que supuestamente recibió, esto sin previa consulta y autorización legal del Cabildo.
“El hoy alcalde violó todas las disposiciones legales que se deben cumplir en una donación para que la misma sea viable jurídicamente. Alteró los presupuestos del Ayuntamiento sin fundamento legal alguno y con una empresa presuntamente afín al patrocinio económico de su campaña política, maquinó una dudosa e ilegal donación de obras públicas de asfalto, que no se sabe dónde y si en verdad se realizaron en la ciudad”.
Además, “viola constantemente la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, al ausentarse sin razón fundada y motivada, de Cabildos y de sus derechos y obligaciones laborales como alcalde de la ciudad”, detalló.
Para el jurista, antes de iniciar el procedimiento ante el Congreso estatal analizó la viabilidad del juicio político.
“Conforme al derecho, el juicio en comento es de interés social y orden público, por lo que en ningún caso procede el juicio de amparo indirecto y por ende tampoco la suspensión provisional y menos la definitiva, por parte del Poder Judicial de la Federación, por lo tanto el Congreso deberá analizar en lo inmediato esta nueva solicitud”.