La sedición, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, es un alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad. Otra acepción es lo que se refiere a la sublevación de pasiones. En el marco de la política, se podría argumentar que el mensaje que el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, dio a la nación el jueves pasado a través de los medios de comunicación, fue una sedición. El secretario no habló por él solo, sino por los generales –en activo y retirados– que lo han presionado por más de dos años porque sienten que el gobierno los ha expuesto, utilizado y sacrificado en la lucha contra la delincuencia organizada.

Sus mensajes de confrontación para protestar por la falta de un marco jurídico que regule el papel de las Fuerzas Armadas en las calles mexicanas, no fueron tanto un reclamo al Legislativo como al Ejecutivo, que los generales sienten que los ha abandonado. El grito del secretario de la Defensa, que ya era tiempo de regresar a los cuarteles, tuvo como respuesta inmediata la orden del presidente Enrique Peña Nieto: los soldados se quedan en las calles. El choque claro entre el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y su representante.



La disciplina militar, si bien institucional en términos constitucionales, fue de ruptura con el gobierno. Las palabras del secretario no podrían haber sido pronunciadas, de acuerdo con militares retirados, de no haberse roto el diálogo al interior del gobierno. La respuesta política fue apresurar la discusión de un dictamen sobre una nueva Ley de Seguridad Interna, y aprobarla por la vía rápida. Nada más eso faltaba.



Después de dos sexenios de reclamos del jefe de las Fuerzas Armadas por la ausencia de legislación que los blinde para hacer funciones de policía que no les mandata la Constitución, una ley sacada al vapor ante la molestia pública del general es un error. Este martes se espera trabajen la ruta legislativa para aprobar sus dictámenes a más tardar en enero, y con seguridad, en un Congreso que responde a presiones públicas y mediáticas y no a lo que su responsabilidad para con sus representados debería ser, darán luz verde a esa nueva ley. El capítulo que piensan cerrar, en realidad abre un libro que no queremos leer.



No es la Ley de Seguridad Interna lo que deben discutir y aprobar, sino las leyes que permitirán la creación de un modelo de policía mixto en el país. Resolver el blindaje militar en tareas de seguridad pública es el equivalente a militarizar constitucionalmente esas actividades y abrir a la permanencia indefinida su presencia en las calles. El general Cienfuegos no es lo que quiere, pero es como su enérgico reclamo fue entendido. El secretario se queja de que los soldados no fueron entrenados ni capacitados ni está en su doctrina y esencia el ser policías. Los soldados defienden la seguridad nacional y la paz interna en momentos de quiebres institucionales, entrenados para matar al enemigo; los policías, en México y el mundo, hacen tareas de contención y prevención. Quizás los legisladores no lo comprendan, pero son temas totalmente diferentes.



Legislar en la materia militar tampoco resuelve el problema de fondo y sí, en cambio, lo eterniza. Si la debilidad institucional está en las policías, ¿qué provocaría una legislación que permita a los soldados funcionar como policías? Exactamente lo mismo que los jefes de las Fuerzas Armadas han señalado de manera reiterada, que la exposición de los soldados en las calles ha debilitado a la institución y creado las condiciones para que se corrompan. Por ejemplo, un soldado gana entre cinco mil y 10 mil pesos mensuales, una barrera salarial que cualquier organización criminal puede saltar para cooptar y reclutar a quien desee, de tropa a general. La nueva Ley de Seguridad Interna, de aprobarse, ensancha esas puertas para la corrupción y allana el aniquilamiento de las Fuerzas Armadas en la forma como fueron concebidas. Si ese es el camino deseado por el Ejecutivo y el Legislativo, ¿por qué no apuestan por el modelo japonés y alemán de un país sin Ejército?



Naturalmente tampoco es lo que quiere el secretario de la Defensa ni nadie en las Fuerzas Armadas. Si los legisladores actúan con responsabilidad, se escapan de los ciclos mediáticos y piensan para adelante, no deben legislar sobre seguridad interna, sino sobre el modelo mixto de policía. Si no avanzan por ese camino, la vía fácil será mantener a soldados y marinos en las calles, quienes tendrán el blindaje legal para sus operaciones civiles y salvoconducto constitucional para lo que deseen. Una vez afuera, no regresarán a los cuarteles. Si legislan con la misma urgencia de ratones asustados para aplacar la indignación de las Fuerzas Armadas, el modelo mixto de policía es lo que deben hacer, y ayudarle al secretario entendiendo mejor lo que grita.



Fortalecer las policías estatales y municipales puede ir acompañado del regreso gradual de los soldados y marinos a sus cuarteles. Los legisladores podrían acordar, en paralelo, un cronograma con el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas para que en la medida que se fortalezcan las policías y entren en funcionamiento los nuevos cuerpos, los militares se vayan retirando de las calles. Si el Congreso actúa con altura de miras, el secretario de la Defensa y las Fuerzas Armadas se lo agradecerán. Los mexicanos civiles, también.



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