Escaparate Peña: tan autoritario como Graco Mario Barrera Arriaga Una de las más probables explicaciones de por qué el Presidente Enrique Peña Nieto no interviene en el caso Morelos para poner freno al desgobernador Graco Ramírez se halla en la esencia de aquello que los hace afines: el autoritarismo reflejado en el intento de imponer reformas tendientes a la suspensión de garantías de los mexicanos, como le encantaría al tabasqueño para aplastar a sus enemigos. La tentación de regresiones, de contraolas que atentan contra los derechos humanos, lo mismo que la democracia, está en boga durante esta administración: 1.- El primer intento de atentar contra las libertades y derechos de los mexicanos en estados concretos se dio no hace mucho en Puebla y Chiapas, -a manera de laboratorio- con la llamada “Ley bala”, en la que se prohibían las protestas, muy particularmente frente a las expropiaciones y los intentos de la gente de defender lo suyo vía la resistencia pacífica y las manifestaciones. 2.- La suspensión de garantías individuales es una tentación autoritaria, porque particularmente en esta América Latina nuestra los presidentes asumen facultades y remueven integrantes de los poderes para perpetuarse en el poder. 3.- Si el argumento para que esta iniciativa promovida por Peña Nieto se deriva de los problemas de inseguridad –como en los casos de Tijuana, Reynosa, y estados como Michoacán, Guerrero y hasta Morelos-, en términos reales se está enfocando muy conveneciera y mañosamente el problema, sobre todo porque hoy día, las policías municipales, las estatales –como la de Mando Único aquí-, la Federal, así como la Gendarmería carecen, en primera instancia, de una estrategia integral de combate al crimen organizado, carecen del número suficiente de elementos, de capacitación y de un claro desmarque de los criminales. 4.- La polémica desatada por el Ejército Mexicano en torno a las garantías que exige para actuar en labores que no le corresponden hasta ahora no ha desembocado en su vuelta a los cuarteles, en el cese de la violación de derechos humanos, mucho menos en su eficacia. ¿Dónde está el balance de su presencia y trabajo justamente en Guerrero, Reynosa, Michoacán, Tijuana y tantos otros que nos demuestre que, efectivamente, la sociedad está más segura que antes de que saliera a las calles? No obstante, la realidad es que a los militares les asiste la razón al pedir garantías, porque los muertos por el crimen organizado los seguimos poniendo en México. 5.- Militares de alto rango ya retirados han dicho que si el gobierno de la República verdaderamente tuviera voluntad de acabar con el crimen, hubiese dejado actuar al Ejército como tal en los puntos neurálgicos de inseguridad y violencia. Sin embargo, queda claro que esa no es la intención. 6.- En Morelos, guardadas las proporciones, el autoritario Graco-Duarte asumió el control, vía Mando Único, de la seguridad en toda la entidad y no sólo no hay evidencias de que haya bajado la violencia y el crimen, sino que van peor. Sólo porque no podía, pero también hubiera decretado las suspensión de garantías individuales y el toque de queda. Y qué decir de la represión a quienes se han manifestado en su contra… 7.- Si bien el debate en torno a la suspensión de garantías individuales se ha pospuesto hasta enero, si no se recapacita en que dar mayores facultades metaconstitucionales al Presidente, implicaría ubicarnos en la antesala del toque de queda, de considerar las legítimas protestas sociales como alteración grave de la paz, con las consecuentes violaciones a la Constitución, que fue reformada para poner en primer lugar el respeto de los derechos humanos, junto con los protocolos y tratados internacionales. Queda claro que pensar que con atentar contra los derechos humanos y las garantías de los mexicanos se combate a la delincuencia, nos muestra la magnitud de la ignorancia o lo convenenciero de la decisión presidencial que quiere que el Legislativo le apruebe. Y hay que darle seguimiento, porque además del autoritarismo que garantiza al Ejecutivo Federal –al fin priista- con su apoyo, ahí donde haya problemas para sus incondicionales –como el Graco-Duarte- sean vulneradas las garantías de los ciudadanos, cuando se manifiestan contra los malos gobiernos, so pretexto de poner en peligro la paz social y la seguridad nacional…
