Cd. de México (15 diciembre 2016).- Rodrigo Gayosso Cepeda, líder del PRD en Morelos e hijastro del Gobernador Graco Ramírez, no figura como funcionario del Estado, pero es considerado el principal operador del Mandatario.En versión de empresarios, comunicadores, políticos, activistas e incluso del Edil de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, Gayosso controla a una parte del Congreso local e interviene en compras del Gobierno, gestión de apoyos, seguridad pública y hasta el negocio de la basura.
Blanco denunció hace tiempo que Gayosso le pidió las concesiones de la basura y las luminarias de la ciudad a cambio de dejarlo "en paz".
"Quien está detrás de las demostraciones en mi contra y del avance y desarrollo de esta Administración municipal es Rodrigo Gayosso", denunció ayer Blanco.
En Morelos, empresarios que pidieron el anonimato recuerdan otros contratos en los que supuestamente Gayosso ha metido cuña, como la remodelación del estadio de futbol Agustín "Coruco" Díaz, en Zacatepec.
"Rodrigo Gayosso es el producto de la corrupción más grande que ha tenido Morelos en toda su historia. Está metido en todo lo que son adquisiciones y se le conoce como 'El Veinte por Ciento'.
"No hay obra pública estatal que no pase por su pluma o aprobación", acusó Gerardo Becerra, de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos.
REFORMA solicitó entrevista a Gayosso a través de su secretario, Felipe Velarde, pero no hubo respuesta.
Apenas en noviembre, la Coordinadora Morelense afirmó que el Gobierno estatal, a través de Gayosso, benefició a la empresa Corporativo Veltomart por un contrato de obra por casi 500 millones de pesos, cuyo socio mayoritario es César Mendoza, identificado como amigo del líder perredista.
Los inconformes señalaron que además del beneficio económico esa empresa no ha cumplido con las construcciones comprometidas, como el auditorio Teopanzolco.
"Son cantidades millonarias, como nunca en la vida se habían bajado recursos federales a Morelos para obra pública y todos esos recursos pasan a través de lo que sabemos, una oficina que Rodrigo tiene en Polanco. Siendo presidente del PRD toma decisiones políticas y eso es lo grave", declaró a este diario Gerardo Becerra, de la CMMC.
El lunes pasado, Juan José Arrese, comunicador de un informativo online en Cuernavaca, denunció amenazas de Gayosso y del Secretario de Gobierno de Morelos, Jorge Meade González, por supuestamente apoyar a Blanco.
"Me acaba de hablar Rodrigo (Gayosso), güey. A mí me da mucha pena porque eres mi amigo, güey. Me preocupa. Me dijo que no, que salgas del ayuntamiento (de Cuernavaca), que te dejes de mamadas porque te van a ir a romper la madre a tu casa y la chingada", le dijo Meade al comunicador, en una grabación que exhibió Arrese.
A finales de noviembre también el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera, acusó al Gobierno estatal de orquestar una campaña en su contra a través de Gayosso, mediante amenazas de auditorías.
Empresarios de la región, que prefirieron el anonimato por temor a represalias, aseguraron que Gayosso otorgó la obra al dueño de los Camoteros del Puebla, Carlos López Chargoy, con un monto inicial de 20 millones de pesos.
"Rebasó su inversión original y se atrasó dos veces su fecha de entrega", acusaron.
Los empresarios consultados coinciden en que López Chargoy, a través de su empresa Constructora y Urbanizadora Angelópolis S.A. de C.V., inició las obras de remodelación en Zacatepec, pero que por un desacuerdo con Gayosso por la calidad del concreto, el convenio fue desvanecido.
"Pero el dinero se gastó, los 20 millones de pesos se fueron sin terminar la obra", reclamó un constructor de Morelos.
En 2014 este diario dio a conocer que el Gobierno de Morelos compró en 525 por ciento más por el terreno en el que se construirá el nuevo Congreso estatal.
El predio, de 6 mil 884 metros cuadrados, fue adquirido por particulares el 27 de diciembre de 2013 en 9.3 millones de pesos.
Cuatro meses después, la Administración estatal compró una tercera parte de ese terreno en 20.3 millones de pesos para cimentar ahí el edificio del Poder Legislativo, lo que generó críticas ciudadanas por esa adquisición sin avalúos.