El gobierno del estado mantiene la soberbia que ha caracterizado a la actual administración y se niega a reconocer que su estrategia de seguridad (si es que tal estrategia existe) ha fracasado.
La extorsión (bajo la denominación de "cobro de piso) y los homicidios se han convertido en algo cotidiano con lo que los habitantes de Morelos deben lidiar.
Y aunque el gobierno no los considere "delitos de alto impacto" y, por lo mismo, no los combata, lo cierto es que dañan cada vez más el tejido social y económico de la entidad.
No sabemos cuánto más se debe perder en vidas y desarrollo económico para que el gobernador y sus funcionarios (convertidos por su silencio en cómplices de la situación) tomen acciones efectivas para salvaguardar la vida y los bienes de los ciudadanos.