LA INGENUIDAD DE LA PRESIDENTA Y MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL.
La propuesta aprobada por el Congreso de Morelos del diputado Enrique Javier Laffitte Bretón en aumentar los años de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de 14 a 20 años rompió con el marco del Estado del Derecho, porque la perpetuidad de los integrantes del Poder Judicial es un caso resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La ignorancia del diputado perredista de Cuautla contaminó a la magistrada presidenta del TSJ, María del Carmen Verónica Cuevas López, quien ha pecado de ignorancia.
La ingenuidad de la abogada dejó en entredicho la administración de la justicia en Morelos, sobre todo porque ahora hay dudas sobre el profesionalismo y manejo de sus compañeros del Pleno.
El contador público y hoy presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Enrique Javier Laffitte Bretón, ha demostrado que su fuerte no es el conocimiento del marco del Estado del Derecho y por ello es que dentro de la comitiva a su cargo hay constantes errores.
La materia del derecho como dicen sus grandes conocedores, no es un acto mera ni precisamente sujeto a una contabilidad, porque también tiene sus recovecos políticos y eso quiere decir que sin violentar la ley puede hacerse la justicia social.
Sin embargo, el problema ya no es el diputado Laffitte Bretón, sino de los abogados que presuntamente son expertos en la aplicación de la ley y que por eso fueron designados para encargarse de la administración de la justicia.
El hacer perpetuos en el cargo a los magistrados va contra lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que al momento pareciera que doña María del Carmen Verónica Cuevas López también desconoce.
Basados en la ingenuidad e ignorancia de la señora magistrada presidenta puede deducirse que los resolutivos del Poder Judicial pudieran darse fuera del marco legal, en perjuicio de quienes soliciten sus servicios.
Los ojos de los ministros del máximo tribunal del país, así como de los magistrados de otras entidades federativas, están hacia Morelos porque las violaciones practicadas por el Congreso del estado están vinculadas hacia el actuar de los magistrados.
Los Cabildos saben que la propuesta del diputado Enrique Javier Laffitte Bretón debe ser rechazada, pero hay presiones hacia éstos por parte del Ejecutivo para que sea aprobada.
Por lo pronto, conforme a los integrantes de la Barra de Abogados hay 25 ayuntamientos que rechazan la medida y votarán contra lo aprobado por los diputados locales.
Los ocho restantes concejales podrían pasar la reforma Constitucional, pero con la advertencia de que son sujetos a diversas denuncias penales, incluso la inhabilitación del cargo.
Hay preocupación por parte del gobierno federal sobre lo que pasa en Morelos y el actuar de algunos representantes populares del estado, sobre todo los del Partido de la Revolución Democrática, al generar incertidumbre e ingobernabilidad con su actuar.
Desde la Secretaría de Gobernación, conocen la forma de pensar y actuar de cada uno de sus magistrados, quienes también están al punto de romper la liga por lo más delgado con el aceptar ser perpetuos en el cargo.
La preocupación del gobierno federal hacia el estado se torna mayor, sobre todo porque saben que la presidenta del Poder Judicial, María del Carmen Verónica Cuevas López, cuenta con mucha experiencia y carrera judicial, pero en términos políticos no le llega a la talla de su antecesora en el cargo.
La evaluación que tiene la Secretaría de Gobernación hacia Cuevas López no es la mejor y saben que por algunas ofertas económicas o materiales es capaz de cometer errores, en perjuicio de un estado y sus habitantes.
En la Ciudad de México saben que el desconocido diputado perredista obedeció a instrucciones precisas del Ejecutivo, que su propuesta salió desde la corrupta, soberbia y desleal oficina de asesores de la Secretaría de Gobierno.
Es por ello que para evitar una violación más a la ley del presidente de la CONAGO, Graco Ramírez, se meten las manos y buscan que la salida del tabasqueño sea lo más decorosa posible.
Pero también tratan de cuidar el poco prestigio que hay hacia el Poder Judicial del estado, sobre todo de algunos magistrados que llegaron por méritos y no por la ayuda del gobernador o dirigente partidista en turno.
La perpetuidad de los magistrados es un acto calificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha declarado improcedente y hasta inconstitucional que tiene sus sanciones precisas hacia quienes dejen de acatar la ley. ¡Ilumínalos Señor!