El 2017 será un año de crisis en materia de abasto de agua, así como de mantenimiento de la infraestructura hidráulica, ya que se tendrá una reducción del 70 por ciento en el presupuesto, es decir, de los 350 millones de pesos que se enviaban para apoyo a los municipios, ahora sólo llegarán 107 millones.
Esto significa que las acciones de protesta que hoy se ven en las calles por falta del vital líquido se incrementarán, derivado de la disminución presupuestal.
Así lo reconoció el director de la Comisión Estatal del Agua (Ceagua), Juan Carlos Valencia Vargas, quien informó del ajuste económico que se tendrá en el próximo año, el cual impactará directamente en la atención de los sistemas operadores de agua de los 33 municipios.
Esta situación obligará a la autoridad a identificar las obras que se tendrán que respaldar, dado que habrá escasos recursos, sumado a que los organismos se encuentran muy vulnerables y frágiles, o sea, operan de manera poco eficiente.
“Nos vamos a ver obligados a replantear muchas de las cosas que teníamos pensadas hacer para el próximo año, aunque hay cosas que no vamos a dejar de hacer, como operar las plantas de tratamiento de 43 a 53 que ya están funcionando y que serán 48 para el 2018”
Tampoco desatenderán el colapso de algunos pozos, redes y otros mecanismos fundamentales, agregó.
Donde no se podrá actuar, prosiguió, es en los esquemas preventivos, ya que no se tienen recursos para reparar lo que falle a lo largo del año.
El funcionario estatal informó que durante el 2017 se impulsará la conformación de organismos operadores metropolitanos, no obstante que la Constitución establece que es responsabilidad de los municipios hacerlo, pese a que los presidente municipales no están dispuestos a soltar el manejo.
“Los alcaldes han sido omisos y no han mostrado interés ni intención de querer mejorar el servicio. Hoy en día la gente ya está cansada y merece un servicio mucho mejor del que se tiene actualmente”, puntualizó.
Juan Carlos Valencia expresó que ya es tiempo de que los ediles tomen una mejor decisión respecto a trasmitir la operación de los organismos a entes profesionales, sin que ello signifique que deban ser privatizados, sino sólo una mejora en la eficiencia para integrar una sola instancia administradora.