El Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga a seis entidades federativas, incluidas Veracruz y Quintana Roo, por presuntas irregularidades en el cobro de impuestos federales.
Una de las sanciones, en caso de hallarlas responsables, sería que el fisco tomara control de la administración y cobro de impuestos federales en la entidad, tal y como ocurrió en Sonora en 2015, durante el Gobierno de Guillermo Padrés.
Ernesto Luna, administrador general de Fiscalización del SAT, aseguró en entrevista que la autoridad mantiene una vigilancia constante de los gobiernos locales y los convenios de cobro, pero con seis estados en particular hay una indagatoria profunda.
"Traemos un ejercicio permanente de verificación para que las entidades cumplan con los convenios de acuerdo con la normatividad vigente.
"Al día de hoy, aparte, estamos verificando a seis entidades federativas en donde estamos checando el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales", reveló.
Luna explicó que, con base en el nuevo convenio de colaboración administrativa, de encontrar irregularidades, el SAT tomaría hasta por un año el ejercicio de comprobación, administración de impuestos y las sanciones que correspondan.
Las entidades vigiladas no fueron escogidas al azar, sino que, tras una verificación inicial, como la que aplica a todos los estados, la autoridad consideró necesario revisarlas con mayor detalle.
"En todas las entidades estamos vigilando que cumplan con las normas, y de esa supervisión general salen esos seis estados con los que estamos yendo a mayor profundidad para verificar el debido cumplimiento y si hay algún perjuicio a la hacienda federal", detalló.
Aunque Luna no quiso dar el nombre de las entidades que están bajo vigilancia del SAT, fuentes del fisco mencionaron que entre ellas están Veracruz y Quintana Roo.
Los estados pueden cobrar impuestos federales a través de convenios con la Federación y retener parte del recurso cobrado, que al final les correspondería por transferencias.
Este año, según el SAT, las entidades han cobrado a través de los convenios unos 8 mil 347 millones de pesos, 7 por ciento más que en 2015.