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La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) calificó de "desproporcionado" que toda la carga de los nuevos precios de las gasolinas se traslade al consumidor final, afectando su economía, y que no haya voluntad para revisar esquemas de reducción de cargas fiscales.
En un comunicado, el organismo empresarial que preside Gustavo A. de Hoyos Walther manifestó su preocupación por el impacto inflacionario que pueda generarse con el aumento a los combustibles.
Señala que si bien el mercado de precios abiertos es adecuado porque permite que la participación de más actores fije el precio final de acuerdo a la libre competencia, en México el componente de impuestos que tienen los precios de gasolinas y diésel es muy elevado, más de 40 por ciento.
Por ello hizo un llamado al Congreso de la Unión para la revisión y ajustes pertinentes a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con el fin de aminorar las afectaciones y evitar su impacto directo a la economía de los consumidores finales.
Coparmex también insistió en la revisión de los porcentajes considerados en la fórmula para la determinación de los precios, demandando ajustes a la baja en los impuestos respectivos.
La organización patronal reiteró que está de acuerdo en impulsar la libre competencia y en la implementación de la reforma energética para establecer un mercado abierto donde más jugadores participen, y consideró además que los subsidios a las gasolinas, como hasta ahora se ha hecho, son inviables y regresivos.
Señaló que Pemex no puede seguir absorbiendo las pérdidas por las transacciones de compra-venta de gasolina, en especial la importada, que ascienden a más de 50 mil millones de pesos anuales, ya que no cuenta con la capacidad técnica ni financiera para mantenerse como el proveedor único de los combustibles.
Otro punto que preocupa a la Coparmex es el aumento de las importaciones de gasolinas y diésel de los últimos años ya que, dijo, están por arriba de 60 por ciento del consumo nacional; lo anterior, explicó el organismo empresarial, es por la "limitada e ineficiente infraestructura de refinación que tiene el país, que cada año disminuye y hoy opera por debajo de 60 por ciento de su capacidad, debido a su obsolescencia y falta de mantenimiento o reconfiguración".
De acuerdo con sus cálculos, si se logra subir su eficiencia arriba de 90 por ciento (promedio de las refinerías del Golfo en Estados Unidos), México dejará de importar petrolíferos equivalentes a 500 millones de dólares mensuales, que al año representarán ahorros por 6 mil millones de dólares, aproximadamente 126 mil millones de pesos, reduciendo la salida de divisas y generando más empleo y derrama económica en el país.
Por ello urgió a acelerar la actualización de la infraestructura de refinación, así como la rápida apertura al sector privado para almacenamiento y transporte de gasolinas y diésel, y empezar a producir lo que se importa y transportarlo a costos más competitivos.
Propuestas
Debido al aumento en los precios de las gasolinas y el diésel, así como el cambio en la presidencia de Estados Unidos, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) propuso al gobierno federal una serie de medidas económicas de aplicación inmediata para afrontar los retos de 2017.
En un comunicado, el organismo que preside Juan Pablo Castañón manifestó que dichas medidas abarcan cuatro ejes que desglosan 23 puntos: fiscal, gasto e ingresos; política monetaria; fomento a la inversión y el empleo, y banca de desarrollo.
En materia fiscal, gasto e ingresos, el CCE plantea garantizar un superávit primario creciente; reducir la deuda del gobierno en niveles menores a 40 por ciento del producto interno bruto (PIB); así como racionalizar el ejercicio del gasto y establecer una meta de reducción real con respecto al gasto autorizado para 2017.
Para la política monetaria, el consejo dijo que se debe mantener la flexibilidad del tipo de cambio; ajustar la tasa de interés; mientras que el excedente de operaciones del Banco de México debe ser usado al 100 por ciento para reducir la deuda pública.
Ante la necesidad de mayor inversión nacional y extranjera para generar más inversión y empleo, el tercer eje, el organismo señala que es preciso establecer una política de estímulos fiscales a nuevas inversiones que tenga un efecto inmediato, con el objeto de acelerar la toma de decisiones, y con ello, generar más empleo.
Finalmente, en cuanto al papel de la banca de desarrollo, el CCE propone sustituirla con metas de impacto económico que garanticen que los créditos se destinen a proyectos con mayor creación de empleos y a aquellos cuyo esfuerzo beneficie a empresas que se integren a las cadenas de valor vinculadas a exportaciones.
Aclaró que todas estas medidas deben ser complementadas con una eficaz implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.
En tanto, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) advirtió que el alza a los combustibles tendrá una influencia inmediata en la movilidad de precios de todos los productos, pues en todos los sectores interviene el transporte como insumo.
La presidenta del organismo, Ada Irma Cruz, indicó que la expectativa es que los precios se vayan ajustando paulatinamente en cuanto los productores y distribuidores resientan los nuevos costos.
