La Secretaría de la Defensa Nacional ha puesto a disposición de autoridades federales a mil 273 militares para que sean juzgados por delitos contra civiles. Hay 558 casos canalizados a la PGR por acusaciones de tortura, desaparición forzada y homicidio, registrados de 2006 a 2015. El general de brigada Jesús Gabriel López Benítez, procurador general de Justicia Militar, en entrevista con este diario dijo que la aplicación de la ley contra los elementos del Ejército que delinquen o de quienes existe la sospecha que cometieron algún ilícito, no deja margen a la impunidad, porque se les enjuicia en los fueros federal y de guerra. Confirmó que desde abril de 2012, la justicia militar ha enviado a la PGR 229 casos por actos de tortura cometidos entre 2007 y 2015 por personal del Ejército. Además hay 257 expedientes por homicidio, de los que tuvo conocimiento en el mismo periodo y 72 por desaparición forzada, que fueron denunciados de 2006 a junio de 2014. Una reforma al Código de Justicia Militar, a partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de Rosendo Radilla, obliga a las autoridades militares a que todos los casos de delitos contra civiles salgan de su jurisdicción. López Benítez explicó que alrededor de mil 700 averiguaciones previas y 274 expedientes que estaban en el fuero de guerra se enviaron al Ministerio Público de la Federación para que se haga cargo de la investigación y de la posible consignación de los implicados. Afirmó que la Procuraduría General de Justicia Militar ha "cumplimentado" 310 órdenes de aprehensión emitidas por juzgados federales contra miembros de las fuerzas armadas acusados de perpetrar delitos contra civiles. El general sostuvo que en el fuero militar existe una efectividad de 95 por ciento en el procesamiento de los trasgresores de las normas castrenses y la mayoría de los casos también han tenido una sanción. Durante la presente administración, se han realizado 219 consejos de guerra que derivaron en 177 sentencias condenatorias.
