I. Firmeza. Somos un gobierno abierto, respetuoso y tolerante, dijo Carlos Mendoza Davis, mandatario de Baja California Sur, a los manifestantes. Y negoció desbloquear y desalojar de manera pacífica a quienes tomaron el acceso al principal puerto marítimo, molestos por el gasolinazo. Misión que otros estados no han logrado ni lograrán concretar. Junto con los demás órdenes de gobierno, realizaron un operativo exitoso. Miles de familias y sectores se hubieran visto afectados ante la amenaza del desabasto y eso era inadmisible. Recuperar con el diálogo carreteras tomadas por las protestas no es una virtud que se comparta. ¿Alguien más se atreve?
II. Urgencia. Sigue preso en Letonia Daniel Reynoso, un joven mexicano que estaba de intercambio escolar. Este martes será el juicio del estudiante detenido el pasado 20 de diciembre, luego de que su excasero lo acusara de robo de una tarjeta de crédito. En el juicio estará presente la familia, la firma de abogados, el cónsul honorario de México en Riga, Carlos Arredondo, así como representantes de la embajada de México en Suecia. Es por mucho el escenario ideal para que Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y su equipo diplomático ofrezcan los primeros buenos resultados. Injusticias en suelo ajeno, ni pensarlo. Sería de diez.
III. Esfuerzos. Bien hacen los que piensan en cerrar el capítulo de la alza de las gasolinas y abrir uno que se llame desarrollo y unión. Rubén Moreira Valdez, gobernador de Coahuila, es otro a quien los obstáculos no le amedrentan. Anunció la eliminación de 108 impuestos para apoyar la economía de las familias. Nomás. Su paquete de acciones se divide en la disminución o eliminación de impuestos, defensa legal de la economía y lucha por la industria y el desarrollo. Espera la llegada, este año, de 23 inversiones para nuevas empresas o ampliaciones de las ya existentes. Al mal tiempo, la mejor cara. Si todos lo entendiéramos así.
IV. El meollo del asunto. Ante el escenario económico que vive el país, los ciudadanos se preguntan por qué no comienzan los funcionarios parando el desvío de recursos. Tienen razón. Los gobiernos de 26 entidades federativas incurrieron en actos de corrupción que implicaron un daño al patrimonio federal y estatal por 245 mil 895 millones 62 mil 848.16 pesos, cifra superior a la cancelación del subsidio a la gasolina —por 200 mil millones de pesos— y también mayor al recorte presupuestal federal aprobado para 2017, que asciende a 239 mil 700 millones de pesos y representa 1.2% del PIB nacional. ¿Y la Ley Anticorrupción?, dormida en los archivos.
V. Acercamiento. Este lunes, José Antonio Meade Kuribreña, titular de la Secretaría de Hacienda, se reunirá con algunos integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores para explicarles el incremento a los combustibles automotrices y su impacto en la economía. Aunque están advertidos de que no habrá marcha atrás en el alza a las gasolinas, tratarán de presionar. No servirá de mucho. Les explicarán la metodología utilizada por la SHCP para fijar los precios máximos de las gasolinas, como paso previo a su liberación. Y todos contentos. A buscar soluciones y dejar los lloriqueos para otro momento.