Cd. de México (15 enero 2017).- El Poder Judicial no se someterá a planes de austeridad y seguirá gastando en nuevos edificios y remodelaciones.
Con una inversión de casi 4 mil millones de pesos, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) adjudicó 16 contratos para realizar nuevas obras.
El monto es cuatro veces mayor a lo que costaría la nueva sede del Instituto Nacional Electoral (INE), cancelada el miércoles pasado.
Las obras en los estados incluyen seis nuevos palacios de justicia para concentrar tribunales y juzgados en un solo inmueble.
Además, se construirán ocho Centros de Justicia Penal (CJP) para los procesos por delitos federales bajo el nuevo sistema acusatorio.
También se destinarán 86 millones de pesos para rehabilitaciones en el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, y se gastarán 25 millones en un estacionamiento de tres pisos en el edificio sede en Zacatecas.
Para poder ejercer estos recursos de 2016 y evitar devolverlos, siete de los contratos fueron adjudicados entre el 1 y el 12 de diciembre.
Además, todavía no se publica el fallo para la construcción del Centro de Justicia Penal en Mérida, para el que se presupuestaron 140 millones de pesos.
Al cierre de 2015, la Judicatura poseía 126 inmuebles para tareas judiciales, valuados en 12 mil 300 millones de pesos; además, tenía 345 casas y departamentos para uso de jueces y Magistrados adscritos fuera de sus lugares de origen.
Varias licitaciones de 2016 fueron ganadas por constructoras que el CJF contrató directamente en 2015 para levantar de manera urgente los primeros Centros de Justicia Penal.
Grupo Casgo, Constructora Jonap, Grupo Escompi y Grupo Akarsi y Agregados, así como Maquinaria del Caribe, son algunas de la empresas que, aprovechando su experiencia por los contratos para obras similares de los años previos, superaron a otras competidoras en las licitaciones.
Jonap, con sede en Cuernavaca, había ganado contratos para construir los centros de Tijuana y Cadereyta por 290 millones de pesos, y ahora obtuvo el del edificio sede de Torreón, por 420 millones.
En el Presupuesto de Egresos de 2016, la Judicatura tenía autorizados 785 millones de pesos para obra pública y 698 millones para bienes inmuebles, y a principios de julio contaba con 2 mil 100 millones de pesos, que ha guardado en un fideicomiso para infraestructura del nuevo sistema penal.