Cd. de México (20 enero 2017).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inicia la próxima semana la aplicación de mil 780 auditorías a la Cuenta Pública 2016, en la que Veracruz, Sonora, Nuevo León o Coahuila están entre las entidades más examinadas.
Del total de revisiones, mil 285 corresponden a los gobiernos estatales, con un monto a fiscalizar que asciende a 616 mil millones de pesos.
En el Estado de México y Chihuahua se aplicarán 49 auditorías, en Sonora 46 y en Veracruz, Jalisco y Nuevo León, 45.
Entidades como Coahuila, Quintana Roo o Zacatecas, también cuestionadas por el mal uso de recursos públicos, se someterán, en promedio, a 40 análisis cada una.
La revisión se acentuará sobre los Fondos de Seguridad Pública, de Nómina Educativa y de Infraestructura Social.
Debido a que en años anteriores se detectó que los gobiernos estatales utilizan a instituciones educativas para desviar dinero público, este año se ampliará el número de universidades fiscalizadas.
"Algunas desviaciones que se están manejando, de dos o tres años atrás, es utilizando universidades, usando la contratación de ciertos servicios que no acaban de darse y hemos encontrado que esto se da en un par de secretarías, pero también en varios estados", señaló el titular de la ASF, Juan Manuel Portal.
La Auditoría capacitó a más personal para aplicar nuevos enfoques y mecanismos con el propósito de detectar irregularidades en el manejo del erario, así como para realizar revisiones especiales y entregar informes en junio y octubre.
Portal confía que en la revisión de la Cuenta Pública 2016, los Gobiernos estatales y municipales hayan aprendido de los escándalos denunciados desde 2014 en administraciones locales en Veracruz, Quintana Roo, Sonora, Chihuahua o Zacatecas.
Sin embargo, prevé que los montos observados por irregularidades disminuirán hasta después de 2018, cuando el Sistema Nacional Anticorrupción y los nuevos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas estén operando por completo.
"En la de 2016 se verá cómo se ha reducido el desperdicio, el dispendio o el mal uso de los recursos principalmente. Y con lo que han visto que sucede (ex Gobernadores encarcelados o prófugos) espero que haya una reducción", agregó.
Aun cuando dijo que no todos los funcionarios públicos tienen el mismo nivel ético o de integridad, confía en que los nuevos gobernadores --con quienes se ha reunido para exponerles la situación de sus estados en el mal manejo financiero--, espera que no cometan los errores de sus antecesores.
"Tengo la esperanza de que en un par de años podremos tener resultados visibles. He visto preocupación por corregir las cosas", apuntó.
Sin embargo, advirtió que la fiscalización no funcionará si los nuevos mandatarios cambian a los auditores estatales, quienes por ley deben estar siete años en el cargo para que acaten sus instrucciones.
"Son un poquito a modo o del gusto del que está entrando como Gobernador, pero esto no debería de suceder, debilita el inicio del Sistema Nacional de Corrupción; deberían respetarse los plazos", planteó.