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En fast track y un día antes de que Donald Trump llegara a la Casa Blanca, el gobierno de México extraditó a Estados Unidos al ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, para ser procesado por diversos delitos.
De esta manera, las autoridades mexicanas se deshicieron del afamado y violento prisionero 3192, que es requerido por las Cortes de Justicia de Texas y California, respectivamente, por delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos contra la salud.
Apenas horas después de que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México le negó dos amparos contra los acuerdos emitidos por la cancillería en los que concedía su traslado, la Comisión Nacional de Seguridad y la PGR implementaron un operativo para entregar al capo al gobierno norteamericano.
La defensa del narcotraficante interpuso dos solicitudes de amparo para frenar el traslado, las cuales fueron rechazadas por el Poder Judicial, además de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el miércoles la petición de Guzmán Loera para atraerlos.
Pasadas las 16:00 horas y bajo un fuerte dispositivo de seguridad, Guzmán Loera fue sacado del penal federal número 9 en Ciudad Juárez en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana con destino al aeropuerto internacional “Abraham González” de la ciudad fronteriza donde fue entregado a agentes norteamericanos.
De inmediato fue subido a un avión Challenger 600 del gobierno de EU, que lo llevó a Long Island, una ciudad aledaña al estado de Nueva York. A dicho lugar aterrizó minutos antes de las nueve de la noche, hora local, y fue recibido por agentes de la DEA (foto círculo).
El 7 de mayo de 2016, El Chapo Guzmán fue trasladado de manera sorpresiva del penal de máxima seguridad del Altiplano al Centro Federal de Readaptación Social número 9 de Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que se consideró como una extradición anunciada.
La Cancillería señaló que los procedimientos y los derechos humanos de Guzmán Loera no se violaron.
El comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales Heredia afirmó en esa ocasión que dicho procedimiento formaba parte de los protocolos de seguridad y rotación de reos federales.
Al respecto, el Departamento de Justicia de EU agradeció la cooperación y asistencia del gobierno mexicano para llevar a cabo el procedimiento conforme al trato suscrito entre los dos países.
“El Departamento de Justicia extiende su gratitud al gobierno de México por su extensa cooperación y ayuda en asegurar la extradición de Guzmán Loera”, refirió la dependencia en un comunicado de prensa.
En conferencia de prensa, una vez que se cumplimentó la extradición, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Elías Beltrán negó, que haya sido un procedimiento en fast track y aseguró que el capo tiene 10 procesos penales pendientes radicados en distintos juzgados en el Estado de México, Nayarit, Jalisco y Tamaulipas, los cuales enfrentará una vez que concluya la sentencia impuesta por autoridades de Estados Unidos.
