Recursos municipales, obsesión del GracoGayossismo
Fue a principios del mes de noviembre pasado, cuando el presidente del PRD Morelos, Rodrigo Gayosso, contaba a quien quisiera escucharlo (y a quien no, también), lo que le tenían preparado al presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Y daba detalles: regidores pedirán que sea revocado del cargo, pero además, será destituido y de no entender, se le enjuiciaría políticamente. Y pronosticaba: no pasarán ni 20 días cuando haya nuevo presidente municipal en Cuernavaca. Y presumía: esta ya todo listo con los regidores, los diputados, la estrategia jurídica, todo. Y dejaba una sutil amenaza: que sirva de lección para los que no se sumen a Nueva Izquierda.
Porque el objetivo de la mafia que dice gobernar Morelos, no es fortalecer al PRD, mucho menos algún proyecto de izquierda o progresista, sino solamente a la mafia graquistagayosista, porque aún dentro del PRD, quien no sea incondicional del gobernador Graco Ramírez o del “orgullo de su nepotismo”, Rodrigo Gayosso, es considerado enemigo.
Si alguna autoridad, grupo social, ciudadanos o quien sea, se acerca al gobierno del estado para realizar alguna gestión, entregar oficios de petición o darle seguimiento a cualquier asunto que requiera el aval estatal, sea del Ejecutivo o del Legislativo, debe antes llevar el Vo Bo del dirigente perredista. De no ser así, nada avanza o incluso se entorpece.
Por ejemplo, si un presidente municipal necesita renegociar su deuda, que le aprueben un empréstito, etiquetar recursos o tan sólo concretar un trámite que requiera el aval de los diputados, debe hablar antes con Rodrigo Gayosso o alguno de sus enviados. La negociación es sencilla: se debe acceder a varios condicionamientos, obviamente con clara ventaja para los interlocutores estatales, o más simple, dejar su militancia política y sumarse al GracoGayossismo. De otra forma… no hay forma.
La idea de consolidar y de ser posible ampliar el GracoGayosismo en Morelos no es un proyecto enteramente político o electoral, sino económico. Es controlar y apoderarse de los recursos que les faltan y que son los que actualmente manejan los ayuntamientos. Así, después de imponer en todo el estado el gran negocio que significa para muy pocos el llamado Mando Único Policial, ahora será otra la herramienta a modo para “convencer” e imponer la voluntad estatal sobre los recursos municipales: la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos.
No en vano, se ha anunciado un periodo extraordinario en el Legislativo local a realizarse mañana miércoles 25 de enero para aprobar la realización de una auditoría especial a los Ayuntamientos de Xochitepec, Miacatlán, Ocuituco, Jojutla, Zacatepec, Tetela del Volcán, Tlayacapan, Mazatepec, Tlaquiltenango, Yecapixtla, Tlalnepantla, Temoac y, obviamente, Cuernavaca, del que incluso, se ha reforzado el proceso jurídico en contra del presidente municipal y estrenado vocero del caso, en la persona del diputado Francisco Moreno Merino.
Esta por demás decir que aún presionando de esta manera a presidentes municipales, a diputados e incluso a liderazgos sociales, el pasado 19 de enero, Rodrigo Gayosso sólo pudo anunciar la adhesión de los presidentes municipales de Axochiapan, Jonacatepec y Puente de Ixtla, que de antemano ya estaban “sumados”.
En este evento se disculpó la ausencia del presidente municipal de Cuautla, pero estuvieron presentes, además de los ya mencionados, los de Jiutepec, Temixco, Totolapan y Yautepec; y se quedó esperando al de Tepoztlán, que debió atender en su municipio una protesta ciudadana por los abusos de transportistas en el cobro del pasaje.
Coincidentemente, ninguno de estos Ayuntamientos está contemplado en la lista dada a conocer por el Legislativo local para realizarles una auditoría especial.
Si aún con todo esto, hay resistencias de los Ayuntamientos, ya está listo y a modo un ejército de ayudantes municipales, a los cuales les dedicaron la reforma al artículo 101 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para asignarles una partida económica mensual no menor a los 90 días de salario mínimo vigente, que este año equivaldría a más de 7 mil 200 pesos.
