El pleno de las Naciones Unidas determinó, en el problema mundial de las drogas, pasar de un régimen netamente prohibicionista a uno en el que se privilegie su atención como un tema salud pública, con el fortalecimiento de la prevención en todos los ámbitos y atendiendo sus causas, entre ellas la pobreza, y con pleno respeto a los derechos humanos.
La Asamblea General de la ONU adoptó la resolución A/S-30/L.1 —que adelantó EL UNIVERSAL en su edición del martes—, la cual establece que los países aceptan que el problema de las drogas sigue planteando retos para la salud, seguridad y bienestar de la humanidad.
Resolvieron —tras un intenso debate en torno a la pena de muerte que aplican algunos países como castigo a delitos relacionados con drogas ilícitas— redoblar sus esfuerzos a nivel nacional e internacional para combatir a los grupos criminales, pero al mismo tiempo implementar acciones de atención al individuo y su comunidad.
En el marco de la Sesión Especial para las Drogas (UNGASS, por sus siglas en inglés), al adoptar la resolución, ratificaron que mantendrán las acciones para combatir el tráfico ilícito de estupefacientes, pero al mismo tiempo plantean acciones “operativas” que ponen énfasis en la atención del origen del problema.
“Reconocemos que, como parte de un enfoque amplio, integrado y equilibrado para abordar y contrarrestar el problema mundial de las drogas, debería prestarse la atención adecuada a las personas, las familias, las comunidades y la sociedad en general, con miras a promover y proteger la salud, seguridad y bienestar de toda la humanidad”, señala la resolución.
En el documento adoptado, las Naciones Unidas reconocen la importancia de incorporar adecuadamente las perspectivas de género y de edad en los programas y políticas públicas relacionados con las drogas.
Reducción de consecuencias. Plantea siete “recomendaciones operacionales” sobre la reducción de la demanda de estupefacientes y medidas conexas, incluida la prevención y el tratamiento.
La primera advierte que la ONU se compromete a promover la salud y el bienestar de las personas, familias y comunidades y la sociedad en general, y de facilitar modos de vida saludables mediante iniciativas de reducción de la demanda eficaces, amplias y basadas en datos científicos, a todos los niveles.
Las cuales, agrega, abarquen medidas de prevención, intervención temprana, tratamiento, atención, recuperación, rehabilitación y reinserción social, así como iniciativas y medidas destinadas a reducir al mínimo las consecuencias adversas del uso indebido de drogas en los ámbitos social y de la salud pública.
Plantea alentar la participación de todos los sectores de la sociedad en la formulación de políticas públicas para prevenir adicciones, que haya mayor colaboración entre las autoridades de salud y educación y las fuerzas del orden, e impulsar con intensidad el deporte y la cultura entre niños y jóvenes.
La segunda recomendación propone el compromiso de los países de mejorar el acceso para fines médicos y científicos a las sustancias fiscalizadas, “eliminando de manera adecuada los obstáculos que lo entorpecen”, evitando al mismo tiempo su desviación, uso indebido y tráfico.
En este rubro recomienda considerar examinar, en el marco de los ordenamientos jurídicos nacionales, la legislación y los mecanismos reglamentarios y administrativos internos, así como los procedimientos relativos a los canales de distribución internos, a fin de simplificar y racionalizar esos procesos y eliminar reglamentos e impedimentos innecesariamente restrictivos.
La tercera medida adoptada gira en torno a que las naciones reiteran su compromiso de proteger a las personas, las sociedades y las comunidades, y garantizar su seguridad intensificando sus esfuerzos de prevención y lucha contra el cultivo, producción y fabricación y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
“Así como la delincuencia y la violencia relacionadas con las drogas, mediante la adopción de medidas de prevención de la delincuencia relacionada con las drogas y de aplicación de la ley más eficaces; combatiendo los vínculos existentes con diversas formas de crimen organizado, como el blanqueo de dinero, la corrupción y otras actividades delictivas, teniendo presentes sus causas y consecuencias sociales y económicas”.
Compromiso internacional. La quinta acción se refiere a “hacer frente a las nuevas sustancias sicoactivas, los estimulantes de tipo anfetamínico, incluida la metanfetamina, la desviación de precursores y preprecursores y el uso para fines no médicos y el uso inadecuado de los productos farmacéuticos que contienen estupefacientes y sustancias sicotrópicas”.
La sexta se refiere al compromiso de apoyar los esfuerzos a todos los niveles, “con arreglo al principio de la responsabilidad común y compartida, a fin de abordar y contrarrestar con eficacia el problema mundial de las drogas e intensificar la cooperación internacional”. La séptima es velar porque las seis anteriores se cumplan.
La resolución plantea que los Estados de tránsito continúan enfrentando múltiples retos, por lo que “reafirmamos la continua necesidad de prestarles cooperación y apoyo, incluida asistencia técnica, a fin de aumentar su capacidad para abordar y contrarrestar eficazmente el problema”.
Se comprometen a garantizar que todos los aspectos de la reducción de la demanda y oferta y la cooperación internacional se aborden con pleno respeto de la soberanía, al principio de no intervención, a los derechos humanos, las libertades fundamentales, la dignidad inherente a todas las personas y los principios de igualdad de derechos y respeto mutuo entre los Estados.
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