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AMLO, a la caza de perredistas y panistas
A casi 8 meses de iniciar el proceso electoral federal 2018 Andrés Manuel López Obrador avanza en una estrategia para desfondar a los partidos, primero los de izquierda y luego sumar a priístas y panistas a su causa, consideran dentro del PRD. Un ejemplo de esta jugada, nos comentan, es el acto que realizó ayer en Morelia, Michoacán, y la firma del acuerdo por la “Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México”, en donde el diputado del PRD Fidel Calderón le aseguró la adhesión —dijo— de casi un centenar de dirigentes, funcionarios municipales y personalidades, amén de 25 mil supuestos perredistas. Al PRD, dicen, le preocupa lo ocurrido en Michoacán, pero la alerta máxima y más inmediata está en el Estado de México, ante la posibilidad de que se diera una desbandada. Explican que no es que la aspirante de Morena, Delfina Gómez, sea en automático la mejor opción para los perredistas, pero creen que algunas de las tribus perredistas podrían acabar por mandar a sus miembros a apoyar a doña Delfina, en especial, si su gallo no queda como candidato del PRD a la gubernatura.
El ‘Trump’ de Zacatecas
El sector empresarial de Zacatecas está muy preocupado porque el efecto Trump está llegando al estado. Nos comentan que al puro estilo del nuevo presidente de Estados Unidos el gobernador zacatecano, Alejandro Tello Cristerna, impulsó un impuesto que según la iniciativa privada busca inhibir inversiones y aterrorizar a empresarios. Nos cuentan que a principios de año, su gobierno impuso un nuevo gravamen a todas las empresas establecidas en el estado llamado “impuesto ecológico”. Sin embargo, aseguran que con esta medida don Alejandro planea obtener fondos para financiar la deuda de la entidad y no para cuidar el medio ambiente. Según los afectados hay un mal cálculo financiero del gobernador, pues consideran que la nueva medida recaudatoria podría costarle empleos, nuevas inversiones y el crecimiento de Zacatecas. Aseguran que la comunidad empresarial del estado estará muy pendiente de la cuenta de Twitter de Tello, pues temen que al gobernador zacatecano se le ocurra también construir un muro alrededor del estado.
El INE y el problema de bajarse el sueldo
En algunos de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, que preside Lorenzo Córdova, existe una preocupación por los efectos legales que pudiera tener la reducción salarial. Nos dicen que no se trata de que los funcionarios se nieguen a colaborar con la austeridad que exige la situación económica nacional. Nos explican que la razón de su angustia es que la medida, que se contempla en un paquete de racionalidad anunciado el 11 de enero pasado, choca con la Constitución. La reducción, nos dicen, tendrá que ser aplicada a pesar del consenso entre consejeros sobre la falta constitucional en que incurre el Instituto. Además, nos comentan, el dinero ahorrado no puede ser devuelto a la Tesorería de la Federación, por lo que existe duda sobre cuál deberá ser entonces el destino del dinero producto de la baja de sueldos, cuya aceptación es libre y voluntaria. Aseguran que si alguno de los afectados por la medida quisiese impugnar ante el Tribunal Electoral, tendría la puerta abierta para hacerlo.
La iglesia contra el IFT
Nos comentan que ante la lluvia de críticas de concesionarios, comunicadores, alcaldes, gobernadores y legisladores, por los lineamientos que el Instituto Federal de Telecomunicaciones estableció para la difusión de información, opinión y publicidad en los medios electrónicos, varios de los comisionados están pidiendo que sean revisados. La gota que derramó el vaso, nos dicen, fue el pronunciamiento realizado por la iglesia Católica. En el órgano oficial de la Arquidiócesis de México, que encabeza el arzobispo Norberto Rivera Carrera, no se limitan en descalificaciones contra el instituto y los lineamientos, sobre estos últimos opinan que son “instrumento de acoso y presión para los informadores y medios”. Añaden que IFT se convierte en una entidad con facultades “extralegales y cuasinquisitoriales” y que “coartan la libertad de expresión reconocida en nuestra Constitución”.